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Arranca debate sobre reforma de Pemex

MÉXICO,  (IPS)  .- En un terreno minado de sentimientos nacionalistas
y división política, el parlamento de México y más de 160 especialistas
iniciarán este martes dos meses de debates televisados en directo sobre la
reforma de la alicaída empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

Por Diego Cevallos

Aunque varios participantes prometieron imprimir a las discusiones un
contenido técnico, datos ciertos y objetivos pragmáticos, los observadores
dudan de que eso sea posible tratándose del sector petrolero, que aporta
40 por ciento del presupuesto del Estado y soporta una fuerte carga
simbólica desde su estatización en 1938.

   Pemex tiene un simbolismo similar al de la Virgen de Guadalupe, declaró
el ex presidente Vicente Fox (2000-2006). Hasta el mandatario de Brasil,
Luiz Inácio Lula da Silva, ha dicho que es como una "diosa intocable".

   Los debates se realizarán en 21 jornadas en la sede del Poder
Legislativo, seis de ellas en mayo, 10 en junio y cinco en julio. La
última será el 15 de julio. Dos días después, el 17, los diputados y
senadores iniciarán su propia discusión con miras a aprobar las reformas
de Pemex.

   Todo el proceso será transmitido en vivo por el estatal Canal del
Congreso, de alcance nacional.

    El eje de los debates está las propuestas de reformas a cinco
diferentes cuerpos legales, presentadas a inicios de abril por el
presidente conservador Felipe Calderón, que la oposición de izquierda
considera "entreguistas y privatizadoras".

   El gobierno sostiene que dará a Pemex autonomía de gestión y un perfil
que la acerque al funcionamiento de una empresa y la aleje de su situación
actual, más semejante a la de un ministerio.

   Se prevé que en el transcurso de las discusiones se efectúen enmiendas
a la iniciativa.

   Uno de los escasos puntos de vista concordantes entre gobierno y
oposición es el relativo al diagnóstico. Para todos está claro que la
empresa estatal no tiene recursos ni tecnología para invertir a largo
plazo y que urge un cambio profundo en sus esquemas de operación.

   Otro hecho incontrovertible es que las reservas probadas de petróleo
mexicano tienen un horizonte de apenas nueve años y que el país, a pesar
de ser exportador de crudo, importa cada vez más gasolinas y otros
derivados.

  Los diagnósticos gubernamentales indican que Pemex adolece de múltiples
problemas. Mientras en Estados Unidos la utilidad que se obtuvo por la
refinación de un barril de 159 litros de crudo, antes de impuestos, fue en
2007 de 15,9 dólares, en México se ubicó en siete dólares.

   Pemex registró en 2006 ventas de 691.000 dólares por empleado, mientras
la estadounidense Exxon tuvo en ese mismo año ventas por 4,5 millones de
dólares por trabajador.

   Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en
México se producen 24 barriles diarios por cada trabajador de Pemex. El
consorcio estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) produce 43 barriles
diarios por cada uno de sus empleados.

   Una encuesta nacional efectuada por la consultora privada Ipsos-Bimsa y
el diario El Universal, publicada este lunes, mostró que 29 por ciento de
los consultados se manifestaron a favor de las reformas, 27 por ciento en
contra y 44 por ciento no expresaron una postura definida.

   La encuesta realizada a 1.000 personas en sus viviendas entre el 18 y
el 23 de abril, indica que 32 por ciento de los entrevistados asociaron la
reforma propuesta por el gobierno con algo positivo, 28 por ciento con
algo negativo y 25 por ciento con aspectos tanto positivos como negativos.

    El izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), que ocupó
por más de dos semanas de abril las tribunas del parlamento para exigir un
debate amplio, es el principal opositor a la reforma. Pero, si bien
constituye el segundo bloque parlamentario en cantidad de legisladores, no
tiene una posición unida en este tema.

   Un sector promete que jugará sus cartas en el parlamento y pugnará por
una reforma a través del diálogo, mientras otro, encabezado por el ex
candidato presidencial Andrés López Obrador, advierte que si el resultado
del debate no es el que espera, lo impugnará con movilizaciones callejeras
y la ocupación de aeropuertos y edificios del Estado.

   El gobernante Partido Acción Nacional (PAN), primera fuerza
parlamentaria, y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que
gobernó México entre 1929 y 2000 y es la tercera fuerza legislativa, no
coinciden sobre las propuestas del Poder Ejecutivo.

   Pero muchos estiman que podrían llegar a un acuerdo y aprobar las
reformas, pese al rechazo de la izquierda.

   Los foros de debate incluyen 18 temas, entre ellos un estudio jurídico
para definir si las propuestas respetan o no el marco de la Constitución,
un análisis sobre el destino de la renta petrolera, la restitución de
reservas, órganos de regulación, participación del sector privado,
regulaciones para compañías extranjeras, arbitrajes internacionales,
transparencia, rendición de cuentas, tecnología  y tareas de
investigación.

   Entre los más de 160 participantes invitados, hay especialistas en
temas petroleros, historiadores, dirigentes políticos y sociales y
académicos. López Obrador, la principal figura opositora, no se inscribió
en los debates.

   El proyecto del gobierno pretende dotar a Pemex de flexibilidad para
negociar contratos con particulares y realizar todo tipo de compras,
ámbitos en los que ahora enfrenta engorrosos pasos administrativos.

   La propuesta no incluye modificar la Constitución, que establece que el
petróleo es un bien de propiedad exclusiva de los mexicanos y cuyo
usufructo no puede compartirse con particulares.

   Los cambios serían en normas secundarias, que permitan a la empresa
establecer contratos flexibles con particulares, afirma el gobierno. A
cambio, éstos recibirían pagos de acuerdo a su desempeño y no con dinero
proveniente de la extracción y venta de crudo.

    La propuesta precisa que en refinación, transporte, almacenamiento y
distribución de petróleo y derivados podrán participar empresas privadas
nacionales o extranjeras a través de un régimen de permisos
administrativos, que de hecho ya existe.

   El gobierno sostiene que la renta petrolera –diferencia entre la
inversión que se requiere para extraer un barril y lo que se obtiene por
su venta– no será el rasero que se use para efectuar los pagos a las
empresas e insiste en que no se usará dinero de la industria para honrar
esos contratos.

   Se pagará en efectivo, sin considerar la relación costo-beneficio de la
extracción y comercialización del crudo, dice el gobierno.

   Pero el PRD sostiene que tal argumento no es más que un juego de
palabras. Finalmente todos los pagos se harán, en mayor o menor medida,
con los ingresos petroleros, pues de allí proviene 40 por ciento del
dinero que dispone el Estado. Se usará por lo tanto la "renta petrolera" y
eso es contrario a los intereses nacionales, afirma.

   Aunque la Constitución establece que el crudo y los recursos
energéticos asociados son propiedad del Estado y que éste tiene la
responsabilidad exclusiva de explotarlo, normas secundarias ya permiten
contratar a privados para apoyar esas labores a través de acuerdos
llamados "cesión de permisos", "contratos de obra" y "contratos de
servicios múltiples".

   Lo que pretende la reforma de Calderón es facilitar esa relación con el
sector privado, hoy encadenada a complicados trámites en los que los pagos
se realizan de acuerdo al resultado de las licitaciones.

   Como en la reforma propuesta por Calderón, la lógica de ganancia de las
empresas no está ligada a cuál es el precio del barril del crudo o de la
unidad de gas en los mercados.

   La izquierda sostiene que lo que se viene haciendo con Pemex es una
privatización disfrazada y que ha habido una deliberada política de dejar
a la empresa a la deriva para justificar su traspaso al sector privado.

   Desde hace más de 13 años, cuando se introdujeron reformas legales
relacionadas al sector de la energía, los gobiernos defienden la
posibilidad de que Pemex trabaje con el sector privado.

   "Déjeme poner un ejemplo simple: no se puede pedir a la señora que
vende jugo de naranja que el extractor de líquido que usa sea nacional
igual que la mesa, el cuchillo, los vasos y todo lo que necesite para
garantizar su negocio, que sin dudarlo es de ella y de nadie más", dijo a
la prensa la secretaria (ministra) de Energía, Georgina Kessel.

    Legisladores del PRD interpusieron en 2003 una demanda de
inconstitucionalidad contra los contratos de Pemex con particulares. En
2005, el litigio fue considerado improcedente por tribunales federales.

   En los hechos, son muchos los grandes jugadores del sector petrolero
que ya actúan en México.

   La española Repsol YPF, la empresa mixta brasileña Petrobras, la
estadounidense Lewis Energy y las mexicanas Servicios Múltiples de Burgos,
Industrial Perforadora de Campeche, Desarrollo y Servicio Petrolero y
Monclova Pirineos Gas, producen gas.

   Energy Maintenance Services Group, también de Estados Unidos, es
contratista de Pemex para realizar trabajos de operación, construcción y
mantenimiento de tuberías.

   Además, están vigentes contratos con la estadounidense Halliburton –la
polémica empresa vinculada a negocios obtenidos en el marco de la guerra
contra Iraq– y la francesa Schlumberger en la perforación de pozos,
estudios geofísicos y dotación de maquinaria especializada.

   La empresa estatal también ha celebrado convenios en materia de
investigación, desarrollo científico y tecnológico con la anglo-holandesa
Shell, las estadounidenses ExxonMobil y Chevron, la noruega Statoil, la
canadiense Nexen, la danesa Maersk Olie Og Gas y la ya mencionada
Petrobras. (FIN/IPS/dc/dcl/la if nr dv ip mx sl/08)