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Batalla portuaria en el Caribe

Por Daniel Zueras

SAN JOSÉ, (IPS)  – Los puertos son parte del nuevo asalto en la 
lucha que mantienen los sindicatos de Costa Rica y el gobierno de Óscar 
Arias, al que acusan de privatizar el país.

El gobierno resolvió otorgar en concesión los puertos de este país con 
costas sobre el mar Caribe y el océano Pacífico.

  El jueves, 60 organizaciones sindicales, comunales, cívicas y 
religiosas de todo el país se reunieron en Limón, capital del Caribe 
costarricense, y redactaron un documento contrario a la política del Poder 
Ejecutivo.

  Entre las entidades participantes estaban la Asociación Nacional de 
Empleados Públicos, el Sindicato de Trabajadores de la Educación, la 
Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, la Federación de 
Trabajadores Limonenses, la Central de Trabajadores Rerun Novarum, la 
Central General de Trabajadores, la Central de Trabajadores Juanito Mora, 
el Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica, el Sindicato de 
Trabajadores de Petroquímicos y Afines y el Comité Cívico Limonense.

  La cuestión enfrenta a la Junta de Administración Portuaria y 
Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), entidad estatal 
que administra los dos puertos caribeños,  Moín y Ciudad Limón, y el 
Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap), que aglutina a los 1.400 
trabajadores del organismo.

  La campaña sindical intenta que el gobierno de Arias excluya esas dos 
terminales marítimas del plan maestro de desarrollo portuario, que 
establece la concesión de los puertos existentes y la construcción de 
cuatro nuevos muelles en Moín, que ya tiene tres, también para otorgar en 
licitaciones a privados.

  El plan, de 884 millones de dólares que serían aportados por la 
iniciativa privada, se divide en tres fases, explicó a IPS el presidente 
de Japdeva, Francisco Jiménez.

  La primera, hasta 2011, será para la mejora del equipamiento de los 
puertos actuales, con un presupuesto de 84 millones de dólares.

  La segunda fase, más ambiciosa, debería estar lista en 2016 "para 
entrar en operación" casi de modo simultáneo con la ampliación del Canal 
de Panamá (prevista para 2015) con el fin de atender las gigantescas 
embarcaciones post-Panamax, con un presupuesto de 600 millones de dólares.

  Así, el puerto de Limón pasaría a ser exclusivamente turístico, dejando 
toda la carga a las nuevas instalaciones de Moín.

  La última fase, con un costo de 200 millones de dólares, estaría lista 
en 2021, con la construcción de dos nuevos puestos de atraque.

  Sintrajap reclama inversión para modernizar los puertos actuales sin 
que pasen a manos privadas. "No estamos en contra de la obra privada 
nueva, si quieren invertir en Limón, pueden hacerlo" dijo a IPS Liroy 
Pérez, secretario de comunicación del sindicato, pero se necesita una 
inversión estatal de "al menos 80 millones de dólares" para que las viejas 
instalaciones puedan competir con las nuevas.

  Pérez habla de "privatización", algo que Jiménez niega. "No se trata de 
privatización, sino de una concesión de obra o servicio público a 25 años 
para las instalaciones actuales, y a 30 años para las nuevas, que sólo se 
puede renovar una vez", sostuvo el funcionario.

  El 28 de este mes termina el plazo que dio el gobierno para negociar un 
acuerdo con el sindicato por los trabajadores que resultarían despedidos. 
En noviembre del pasado año, Japdeva ofreció una indemnización global de 
80 millones de dólares (más de 50.000 dólares por persona) para pasar las 
terminales de Limón y Moín a concesión.

  Sintrajap se negó, y su contraoferta fue que el Estado pagara 500.000 
dólares a cada trabajador de Japdeva. "Eso es inaceptable" afirmó Jiménez, 
porque "sería el mismo costo que todo el plan". Para poder sacar a 
concesión los actuales puertos, los trabajadores deben aceptar a los 
operadores privados, dijo.

  Desde entonces, las posturas se encuentran enquistadas. Jiménez explicó 
que "el proyecto armoniza las dos licitaciones", obra nueva y reforma de 
las instalaciones actuales, y que si no se llega a un acuerdo, lo más 
probable es que se opte por no modernizar lo que ya hay. "La decisión la 
veremos tras el día 28. Hasta hoy, Arias aboga por un plan completo, sin 
parches".

  Los trabajadores portuarios han gozado tradicionalmente de una 
convención colectiva con rango de ley, que conquistaron gracias a la 
importancia estratégica de las terminales marítimas.

  "Se ha cedido tanto y tan inconvenientemente que no veo la posibilidad 
de que podamos competir en igualdad de condiciones" con los privados, dijo 
Jiménez en referencia al exceso de personal de los puertos estatales.

  Las terminales marítimas privadas trabajan con la mitad de gente que 
Japdeva, según Jiménez.

  "No es cierto que no seamos eficientes", replicó Pérez. Un sondeo 
empresarial de carácter internacional publicado a finales del año pasado, 
colocó a los puertos costarricenses en el vagón de cola, "algo que no es 
necesariamente cierto", explicó el sindicalista, "porque no se refería 
específicamente al Caribe, sino al país en general, incluyendo 
aeropuertos, tramitología, etcétera".

  Además, se trata de una percepción empresarial, "no de un estudio 
técnico", dijo Pérez.

  Un estudio de la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe 
(Cepal) sostiene que en el ranking portuario latinoamericano "ocupamos el 
puesto 11 entre 287" en base a movimiento de contenedores de 20 pies, 
añadió.

  Jiménez cree eso se debe a que Costa Rica es un país eminentemente 
exportador, "por ejemplo, somos el segundo exportador mundial de fruta", 
pero los problemas logísticos y de ineficiencia son innumerables, de modo 
que se necesita "un cambio de mentalidad", concluyó. (FIN/IPS/dz/dcl/la if 
tr lb dv md sl/09)