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Calderón apenas susurra ante golpe a Cemex

MÉXICO, (IPS)  – La nacionalización en Venezuela de las operaciones 

y plantas de la firma transnacional Cementos Mexicanos (Cemex), la tercera 

mayor del sector en el mundo, provocó sólo una tímida reacción del 

gobierno del conservador Felipe Calderón.
 

Por Diego Cevallos

 

Aunque la medida molestó en el gobierno de México, parece prevalecer la 

idea de que es mejor no levantar olas en la convaleciente relación con 

Venezuela. Los vínculos entre ambos países, que en la gestión del 

presidente Vicente Fox (2000-2006) se redujeron al mínimo nivel, 

regresaron con Calderón a rangos normales.

 

  Los directivos de Cemex están algo decepcionados con la actitud del 

gobierno mexicano, dijo a IPS una fuente cercana a esa empresa que 

prefirió el anonimato.

 

  El poderoso consorcio, que en 2007 tuvo ventas anuales por casi 22.000 

millones de dólares en más de 50 países, calificó de "violación flagrante" 

al derecho internacional y a las propias leyes venezolanas la 

"confiscación y el posterior inicio del procedimiento de expropiación" por 

parte del gobierno de ese país, encabezados por Hugo Chávez.

 

  Cemex, que emplea a 60.000 personas en sus diversas plantas del mundo, 

anunció que presentará una demanda de arbitraje por el caso ante el Centro 

Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, del Banco 

Mundial.

 

  Considera que la expropiación violentó "tratados para la protección 

recíproca de inversiones, que prohíben la ocupación de bienes y privación 

de derechos, sin previa indemnización, justa y efectiva".

 

  Tras el anuncio de la nacionalización, el lunes, la cancillería 

mexicana se limitó a señalar que el gobierno respalda "la petición de la 

empresa para que continúen las negociaciones (con Venezuela) sobre la base 

de los principios de diálogo, trato no discriminatorio, concertación y 

apertura y conforme al marco legal aplicable".

 

  El gobierno de Chávez procedió a expropiar Cemex tras fracasar las 

negociaciones entre ambas partes dirigidas a concertar el monto de 

indemnización sobre los activos de esa firma para que pasaran a propiedad 

estatal.

 

  Las autoridades del país sudamericano lograron, en cambio, llegar a 

acuerdos con las otras dos empresas fabricantes de cemento involucradas en 

el proceso de nacionalización en ese país, la suiza Holcim y la francesa 

Lafarge, que suman alrededor del 50 por ciento del mercado local.

 

  El anunció de la nacionalización de las industrias cementeras 

transnacionales fue anunciado en abril por Caracas, con el agregado de que 

se pagaría un precio justo a esas empresas. Holcim aceptó la propuesta por 

sus activos de 552 millones de dólares y lo mismo hizo Lafarage con los 

267 millones de dólares ofrecidos.

 

  Pero Cemex no se avino al convenio propuesto por Caracas de pagarles 

650 millones de dólares, porque a su juicio son 1.400 millones de dólares 

lo que valen sus activos en Venezuela, donde controlaba la mitad del 

mercado de cemento.

 

  Ante ello, la firma mexicana esperaba del gobierno de su país una 

reacción más firme, incluso una condena, indicó la fuente próxima a sus 

directivos.

 

  El embajador de México en Venezuela, Mario Chacón, afirmó que Cemex no 

recibió el mismo trato de parte del gobierno de Chávez que Lafarge y 

Holcim en las negociaciones para acordar un precio de venta de sus 

acciones.

 

  "Como gobierno respetamos la decisión de los poderes venezolanos, pero 

estamos obligados a velar por los intereses de nuestras empresas, pues 

consideramos que ha habido un trato discriminatorio con Cemex y no 

entendemos por qué", indicó el diplomático mexicano.

 

  Para el académico Jorge Chabat, del Centro de Investigación y Docencia 

Económicas, la actitud del gobierno de Calderón frente al caso Cemex puede 

ser calificada de "timorata", pero argumentó "que decir o hacer algo 

fuerte contra Venezuela sería munición para la oposición interna y más 

para Chávez que podría salir con algunos de sus ataques".

 

  "Si México nacionalizara firmas venezolanas, la reacción de Chávez 

sería sin duda otra", pero Calderón se amarra a su estrategia diplomática 

"porque tampoco puede hacer demasiado en los hechos contra una medida 

así", opinó Chabat.

 

  "Obviamente lo que se hace contra Cemex asusta a los inversionistas 

mexicanos, pero frente a Chávez mejor sería dejar ese país para que no 

pase a otros", declaró.

 

  Calderón, miembro junto a su antecesor Fox del conservador Partido 

Acción Nacional, buscó desde su llegada al gobierno en diciembre de 2006 

acercamientos con Venezuela y Cuba, países con lo que el anterior gobierno 

tuvo serios roces. Desde esa estrategia, ha evitado hacer cualquier 

cuestionamiento a esos países.

 

  Atrás quedaron los choques mexicanos con el gobierno venezolano, al que 

Fox acusó de manejarse con "adjetivos y calificativos que no van en una 

relación seria". El intercambio llevó a Chávez a tildar a su entonces 

homólogo de "cachorro del imperio (Estados Unidos)".

 

  El Estado venezolano ha colocado sus manos sobre cada vez más palancas 

de la economía por la vía de expropiaciones o rescate de tierras de 

dominio público, en lo que respecta al sector agropecuario, y por medio de 

la adquisición de empresas, en el campo industrial.

 

  La medida hacia las firmas cementeras transnacionales se relaciona con 

el déficit de viviendas, que organismos privados estiman entre 1,5 y dos 

millones de unidades en ese país de 6,5 millones de hogares y 27,5 

millones de habitantes, según el estatal Instituto de Estadísticas.

 

  "No es ninguna medida contra un país o una empresa, sino que ellos 

tienen una estrategia trasnacional y la nuestra es la del desarrollo 

nacional", declaró en abril el ministro de Energía, Rafael Ramírez, quien 

fue encargado por Chávez de buscar con la industria cementera "una 

negociación sin traumas".

 

  "Cemex no pudo aceptar la propuesta de compensación ofrecida por el 

gobierno de Venezuela en el proceso de nacionalización de sus activos en 

ese país después de un cuidadoso análisis, ya que considera que la oferta 

de 650 millones de dólares por su participación está muy alejada del valor 

real de la misma", señaló la firma mexicana en un comunicado.

 

  Arguyó, además, que la oferta presentada a Cemex es menor, 

proporcionalmente, a lo ofrecido a las empresas europeas (Lafarge y 

Holcim), considerando índices de valor por tonelada de capacidad 

instalada.

 

  Sin embargo, la empresa apuntó que "siempre ha estado disponible para 

el diálogo con el gobierno de Venezuela y continuará con la intención de 

llegar a una solución aceptable para las partes".

 

  Parece lógico que Cemex pueda estar molesta con el gobierno de 

Calderón, pero debería quedaría claro que no es su culpa esta 

expropiación, expresó Chabat.

(FIN/IPS/dc/dm/if ip og/mx ve sl la/08)