MyCityLinked

Browse By

MyCityLinked

Campaña jurídica contra decreto sobre inversiones

LIMA,  (IPS) . – Más de 5.000 comunidades indígenas y campesinas de 

Perú comenzaron esta semana a recolectar firmas para presentar una acción 

de inconstitucionalidad contra el decreto del presidente Alan García para 

incentivar la inversión privada en tierras comunales.

Por Milagros Salazar

 

El decreto legislativo 1.015, aprobado el 20 de este mes por García, 

establece que las inversiones privadas en terrenos de comunidades 

indígenas de la sierra y la selva de este país andino y amazónico pueden 

considerarse autorizadas si obtienen los votos favorables de la mitad más 

uno de los miembros de las asambleas comunales.

 

  Esta disposición modifica una ley vigente que exigía un mínimo de 66,6 

por ciento de votos favorables de los miembros calificados de cada 

comunidad, inscriptos en el padrón comunal y por tanto con voz y voto.

 

  Ahora se podrá "gravar, arrendar o ejercer cualquier otro acto de 

disposición sobre tierras comunales" con la aprobación de una mayoría 

simple de una asamblea, señala el decreto, sin el requisito de que sus 

miembros sean calificados.

 

  Cinco organizaciones de campesinos y pueblos indígenas se han unido 

para cuestionar el decreto ante el Tribunal Constitucional y realizar una 

serie de movilizaciones.

 

  Las jornadas de protestas se iniciarán el 4 de junio en Lima y llegarán 

al clímax entre el 22 y el 24 de ese mes en la sierra y la Amazonia, según 

los organizadores. Poco después, se realizará un paro nacional agrario, 

los días 8 y 9 de julio.

 

  "No podemos permitir más abusos y que se vendan nuestras tierras 

imponiéndonos normas inconsultas", dijo a IPS el presidente de la 

Confederación Nacional Agraria (CNA), Antolín Huáscar.

 

  Según sus cuentas, de 5.680 comunidades campesinas en la sierra y de 

más de 1.300 en la Amazonia, son más de 5.000 las que están articuladas en 

las organizaciones que se sumarán a las movilizaciones.

 

  El reclamo se fundamenta en que el Poder Ejecutivo aprobó el decreto 

valiéndose de las facultades legislativas que le había extendido el 

parlamento para otro fin: la firma del Tratado de Libre Comercio con 

Estados Unidos, y en vista de que no había conseguido que la norma fuera 

aprobada semanas antes por el Poder Legislativo.

 

  La presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, 

Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso legislativo, Gloria Ramos, 

dijo a IPS que ese cuerpo rechazó la iniciativa por considerar que 

atentaba contra los derechos de las comunidades.

 

  "El Ejecutivo ha burlado el poder del Legislativo para hacer lo que 

quiere, y por eso pediremos que se derogue la norma", dijo Ramos, de la 

centroizquierda Unión por el Perú (UPP).

 

  El también opositor Partido Nacionalista Peruano, con la parlamentaria 

Yaneth Cajahuanca a la cabeza, presentó el jueves un proyecto de ley para 

derogar el decreto.

 

  En forma paralela, se lleva a cabo la recolección de 30 firmas de 

legisladores opositores para elaborar otra demanda de inconstitucionalidad 

contra la polémica norma.

 

  El vicepresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la 

Selva Peruana (Aidesep), Robert Guimaraes, señaló a IPS que el decreto 

legislativo fomenta la desarticulación del sistema de propiedad colectiva 

los pueblos indígenas, sin considerar que "somos un país multicultural".

 

  "Los indígenas tenemos una visión distinta del territorio porque para 

nosotros es un bien colectivo, no individual, y además está relacionado a 

costumbres y valores culturales", explicó Guimaraes, quien viajará la 

primera semana de junio a Washington para solicitar una medida cautelar 

ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

 

  Aidesep, que prepara el sustento legal de la demanda de 

inconstitucionalidad, señala que el decreto viola el artículo 6 del 

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que exige 

a los estados consultar a los pueblos indígenas cada vez que se prevean 

medidas legislativas o administrativas que puedan afectarlos.

 

  La norma también violaría varios artículos de la Constitución, que 

establecen que las comunidades son autónomas en su organización, y 

garantizan la propiedad comunal.

 

  "Al extinguirse la propiedad comunal se desaparece a una comunidad o 

pueblo indígena, puesto que para nuestros pueblos no existe un indígena 

sin territorio", señala el análisis legal de Aidesep, redactado por el 

abogado Bady Casafranca.

 

  El presidente García ha dicho que el decreto pretende acabar con una 

"suerte de racismo selectivo" que impedía a las comunidades de la sierra y 

la Amazonia las mismas oportunidades que las de la costa. Desde hace unos 

años, éstas pueden aprobar la inversión privada en sus tierras por simple 

mayoría.

 

  En un artículo titulado "Receta para acabar con el perro del hortelano" 

publicado en el diario El Comercio en 2007, el jefe del Estado anunció el 

decreto, por la necesidad de que los comuneros de la sierra y la selva 

dejen de ser "ciudadanos de segunda clase y sin iniciativa".

 

  El texto, considerado el ABC del gobierno para fomentar la inversión 

privada y terminar con la oposición, llama a ésta el "perro del 

hortelano".

 

  Para Huáscar, incentivar el uso individualista de la tierra ha 

originado la pérdida de tierras.

 

  El ingreso de la inversión privada ha ido de la mano de la 

formalización y fragmentación de la propiedad comunal y ha dado lugar a 

que muchos campesinos costeños se vieran obligados a empeñar sus títulos 

de propiedad para obtener créditos, ante la falta de apoyo estatal para 

mejorar la productividad de sus tierras, señaló.

 

  "Si esto sucede también en los andes y la Amazonia, lo único que se va 

a conseguir es que los indígenas pierdan su territorio, migren a las 

ciudades, en donde serán discriminados, y peligre la seguridad alimentaria 

del país. ¿Qué garantías existen para que las comunidades ingresen al 

mercado o salgan ganando con este incentivo de la inversión privada?", se 

preguntó.

 

  Algunos advierten que el decreto abre espacio a la manipulación de las 

asambleas comunales.

 

  "La práctica común de muchas empresas ha sido fomentar la creación de 

organizaciones comunales paralelas a las formales, y la captación de 

algunos de sus miembros, lo que les ha permitido, en muchos casos, romper 

el tejido social e imponer sus decisiones", señaló el abogado Javier 

Jahncke, de la no gubernamental Fundación Ecuménica para el Desarrollo y 

la Paz.

 

  Pero el gerente general del gubernamental Programa Nacional de Manejo 

de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos, Rodolfo Beltrán, 

advierte que el decreto es sólo una opción para mejorar la producción 

agropecuaria de más de 300.000 hectáreas de tierras comunitarias, 

registradas por esa entidad.

 

  "El decreto es una alternativa, no es un mandato ni para vender ni para 

alquilar", señaló. (FIN/IPS/ms/dcl/la dv pr vt md sl/08)