GINEBRA,  (IPS) .-    Las industrias extractivas

constituyen, para muchas comunidades y países, lo

que se ha dado en denominar "la maldición de los

recursos naturales". Hoy, el apetito de las

compañías mineras aumenta al mismo ritmo que el precio de sus productos.

     Análisis de Aileen Kwa

 

   Hay nuevas inversiones petroleras en Angola y

en Uganda, y mineras en Madagascar y Ghana,

procedentes de compañías tradicionales del Norte

industrial pero también de China, en lo que

algunos expertos ya consideran una "piñata por los recursos de África".

 

   Los intereses de las compañías están

protegidas por acuerdos de inversión y

comerciales, que les asignan la capacidad de

demandar a los Estados si sus gobiernos cometen

el atrevimiento de tomar medidas o sancionar leyes que reduzcan sus 

beneficios.

 

   "Los metales siempre han sido un enorme

negocio, más aun que la agricultura", dijo a IPS

el investigador Thomas Lines, autor del libro de

inminente publicación "Making Poverty: A History"

("Empobreciendo: Una historia").

 

   "Las minas son algo grande. Necesitan un gran

capital detrás. Por eso, el negocio tiende a

quedar en manos de grandes empresas", sostuvo Lines.

 

   "La industria minera es bien conocida por sus

proyectos de ‘enclave’", en los cuales la

autoridad empresarial es superior a la del

Estado, añadió. "A la empresa se le asigna el

derecho de explotar la mina. La empresa instala

la infraestructura, saca el material de la mina y

negocia con el gobierno los términos de pago."

 

   "Lo que sucede con demasiada frecuencia es

que la compañía minera obtiene mucho dinero y que

unos pocos funcionarios gubernamentales reciben

sobornos. A nivel local, ofrece algunos empleos,

pero en general son muy vulnerables y someten a

los trabajadores a condiciones bastante duras."

 

   La minería ha sido una importante fábrica de

pobres, según queda en evidencia en el libro de Lines.

 

   A fines de los años 90, los países menos

avanzados exportadores de metales y minerales

mostraron los mayores niveles de pobreza: hasta

82 por ciento de sus habitantes sobrevivían con menos de un dólar diario.

 

   "Otro problema es la tierra invadida, no sólo

la correspondiente a la propia mina, sino para

instalar la infraestructura de transporte, como

carreteras y vías férreas", dijo Lines.

 

   "Y cada vez hay más proyectos de minas ‘a

tajo abierto’ o ‘a cielo abierto’. No tienen que

perforar, sino solo remover la cumbre de una

elevación" o los minerales que surgen al ras de

la tierra, "lo cual es muchísimo más dañino para el ambiente", sostuvo

 

   "Hay otras consecuencias nefastas, como la

contaminación química. Todo depende de la

naturaleza del producto que se extrae. Si se

trata de oro, se usa cianuro. Si no tienen

cuidado, los ríos terminan contaminados", agregó.

 

   "La bauxita, materia prima del aluminio, ha

sido la principal exportación de Ghana. Pero

pocos habitantes se benefician por eso. Es una

industria de enclave que se desarrolla en un

rincón remoto del país, donde se extrae y se

embarca. El dinero no se comparte", aseguró.

 

   Para reparar esta situación, es necesario que

los gobiernos dicten normas para estas

actividades. Pero su capacidad de regulación ha

sido despojada por acuerdos internacionales de

los países con instituciones multilaterales.

 

   "En los 80, se le dijo a los gobiernos que

debían abrir la minería a los intereses

privados", dijo a IPS Salimah Valiani, expertadel

Congreso Sindicato de Trabajadores. "Los Estados

perdieron el control social sobre las minas."

 

   "Unos pocos centavos de cada dólar producido

por el níquel extraído en Papúa-Nueva Guinea eran

recibidos por la comunidad alrededor de la

explotación. Pero se le recomendó al gobierno

remover las normas en tal sentido para ‘atraer’ inversiones."

 

   Las herramientas usadas por las corporaciones

para proteger sus intereses se volvieron cada vez más complejas.

 

   La abogada Nathalie Berrnasconi, del Centro

para el Derecho Ambiental Internacional con sede

en Washington, llegó a contar 2.500 tratados

bilaterales de protección de inversiones con que

los gobiernos defienden los intereses de las compañías.

 

   Entre los principios que rigen estos

convenios figuran los de no discriminación, de

modo que las compañías extranjeras deben ser

tratadas igual que las nacionales, explicó Bernasconi a IPS.

 

   "Otras normas pueden ser muy problemáticas.

Una regulación nacional que limite la capacidad

de lucro de un proyecto puede entenderse como

expropiatoria, y, por lo tanto, el gobierno

deberá pagarle una compensación a la compañía que

se considere afectada", agregó.

 

   Los procedimientos establecidos en esos

tratados están, con frecuencia, sesgados a favor de las compañías.

 

   Por ejemplo, reconocen el derecho de los

inversores a demandar a los Estados ante foros o

árbitros internacionales, pero no el derecho de

los Estados a emprender querellas similares

contra las empresas, explicó la abogada.

 

   Este fenómeno, que abrió paso a numerosos

juicios, comenzó con la firma a comienzos de los

años 90 del Tratado de Libre Comercio de América

del Norte (TLCAN-NAFTA) entre Canadá, Estados Unidos y México.

 

   Inversores italianos demandaron a Sudáfrica

ante un tribunal internacional porque se

sintieron "discriminados" por leyes dirigidas a

mejorar la condición económica de la población

negra luego de caído el régimen del apartheid.

 

   Pero compañías italianas controlan 80 por

ciento de las exportaciones sudafricanas de piedras preciosas.

 

   Bernasconi explicó, además, que el gobierno

de Perú se debate entre el respeto por los

derechos humanos y la defensa de los intereses de

compañías mineras candienses en la comunidad de San Mateo.

 

   La Comisión Interamericana de Derechos

Humanos ordenó al gobierno peruano a asegurarse

de que la empresa removiera los residuos tóxicos

que habían contaminado las napas de agua

subterráneas, el aire y la tierra, lo cual dañaba

la salud de la población, en especial de los niños y niñas.

 

   "Pero, como hay un tratado bilateral, la

compañía puede demandar al gobierno" en caso de

que haga cumplir el dictamen de la Comisión Interamericana, agregó.

 

   "Los inversores no siempre ganan, pero las

demandas frenan la aprobación de leyes. Pueden

decirle a los gobiernos: ‘Si la apruebas, vamos a

querellarte’", dijo Bernasconi.

 

(FIN/IPS/traen-mj/ak/ss/wd dv if og cs en pr/08)