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El cinturón cada vez más apretado

SAN SALVADOR,  (IPS)  .-  Comer menos es lo único

que pueden hacer por ahora los salvadoreños más

pobres frente al aumento constante de los precios

internacionales de los alimentos, que repercute

en el comercio interno de fríjoles, arroz,

tortillas, leche, huevos y pan, fundamentales en la dieta local.

 

      Por Raúl Gutiérrez

 

   La gravedad de la crisis alimentaria en El

Salvador es un diagnóstico en el que coinciden

especialistas extranjeros, defensores de

consumidores y el procurador para la Defensa de

los Derechos Humanos (PDDH), Oscar Humberto Luna,

quien considera que en este país centroamericano reina un "panorama 

desolador".

 

   Francisco García, un empleado de 29 años,

lamentó que sus ingresos hayan sido "impactados

aproximadamente en 40 por ciento de mi

presupuesto mensual de febrero a la fecha". "Lo

que antes compraba con 200 dólares, ahora necesito 300", precisó.

 

   Si "antes compraba un galón (3,79 litros) de

leche, ahora sólo compro medio galón (

), comemos

menos que antes", se quejó García, mientras

esperaba el autobús en el centro de San Salvador.

 

   Algo similar le sucede a Gabriela Ortiz, una

ama de casa de 22 años, a quien su presupuesto se

le incrementó "entre 60 y 80 dólares mensuales", desde comienzos de año.

 

   El representante en El Salvador del Programa

Mundial de Alimentos (PMA), Carlo Scaramella,

informó a IPS que esa agencia de la Organización

de las Naciones Unidas realiza un estudio de la

situación en este país, Guatemala, Honduras y

Nicaragua, con el fin de medir el impacto

proyectado de la crisis en la población más pobre.

 

   Aunque aún no está el diagnóstico y, por

ende, todavía "no se pueden precisar los

efectos", si se puede hablar de lo que ya está

sucediendo y es que la población ha comenzado ha

reorganizar su economía familiar, apuntó.

 

   "La gente ha comenzado a tener menos acceso a

la alimentación" y tiene una "menos apropiada",

tras haber perdido poder adquisitivo, indicó

Scaramella. Alertó, además, que la situación de

las familias en el área rural es mucho más grave,

porque cada hogar pobre ahora "es mucho más pobre".

 

   "Ahora la gente sólo puede comprar la mitad

de lo que podía comprar hace un año",

particularmente en cuanto al maíz, fríjol y

arroz, ya que su costo se duplicó, aseveró Scaramella.

 

   Datos del Centro para la Defensa del

Consumidor (CDC), con base a fuentes

gubernamentales y del Consejo Regional de

Cooperación Agrícola (Coreca), indica que la

canasta básica rural aumentó de 101,14 dólares a

122,78 entre abril de 2007 y marzo pasado,

mientras que la urbana pasó de 140,57 a 159,77 dólares.

 

   También el CDC informó que en el año

finalizado en enero el precio de la libra de

fríjol (0,453 de kilogramos) subió de 50 centavos

de dólar a 84 centavos, el arroz de 32 a 50

centavos de dólar y el maíz trepó de 16 a 22 y la

leche de 95 centavos de dólares a 1,03 dólares.

 

   Es un "shock alimentario", ya que los gastos

destinados a la compra de alimentos constituyen

más de la mitad de los ingresos de los hogares

más pobres, según la Fundación Salvadoreña para

el Desarrollo Económico y Social (Fusades), un

centro de pensamiento de la empresa privada.

 

   La carestía de los alimentos en el mercado

internacional está basada, según muchos

especialistas, en la utilización de algunos

cultivos –principalmente el maíz– en la

producción de biocombustibles, en el incremento

apabullante del valor del petróleo y de los

fertilizantes, así como en la creciente demanda

de productos comestibles de países emergentes como China e India.

 

   Factores externos que, para aumentar la

problemática, se suman al modelo de apertura

comercial y al desmonte del sector agropecuario,

implementados en este país desde 1990 por el

gobierno de entonces de Alfredo Cristiani

(1989-1994) con el argumento de que era más

barato importar que producir alimentos.

 

   Esa política condujo a la quiebra de la

agricultura nacional, mientras florecían empresas

vinculadas a la importación de granos básicos,

aseveró a IPS el economista Raúl Moreno. "Ese fue

un error fundamental", aseguró.

 

   El procurador Luna señaló que observa con

"profunda preocupación" el "deterioro progresivo"

de las condiciones de vida y de la soberanía y

seguridad alimentaria de los salvadoreños.

 

   Consideró "conveniente", además, que entre

otras medidas el gobierno "decrete un Estado de

emergencia nacional" y "realice acciones de

atención a la crisis", que incluya la creación de

una comisión nacional al respecto, que posibilite

la recuperación del sector agropecuario y

promulgue una ley sobre seguridad alimentaria y nutricional.

 

   El gobierno derechista de Antonio Saca, en

tanto, conformó hace dos semanas una comisión

multidisciplinaria para que le formule

recomendaciones tendientes a afrontar la crisis.

 

   El propio Saca reiteró que mantendrá los

subsidios al gas propano y a la energía

eléctrica, además de impulsar la producción

nacional de alimentos, pero que había que "apretarse el cinturón".

 

   La comisionada presidencial para la

agricultura, Carmen Elena Díaz, confirmó a IPS

que el gobierno invertirá unos 115 millones

dólares para "incentivar a pequeños agricultores"

y los apoyará con la distribución gratuita de

unos 350.000 sacos de fertilizantes y semilla

mejorada de maíz para que se eleve el rendimiento de este cultivo.

 

   Acciones que muchos analistas han catalogado

de "electoreras" de cara a las elecciones

generales convocada para el próximo año.

 

   El arzobispo auxiliar de San Salvador,

monseñor Gregorio Rosa Chávez, reclamó al

presidente que en sus declaraciones él sólo se

refiera a los "factores externos" de la crisis,

pero elude a "las políticas que se desarrollan en

el país", que también son causante de este "mal".

 

   "Un diagnóstico objetivo indica todo lo

contrario. El mayor problema está dentro del país

y eso es lo que hay que cambiar, (pues) lo demás

ciertamente golpea pero no es el punto clave",

sentenció el alto prelado católico.

 

   Y criticó que en la comisión

multidisciplinaria no haya representación de los agricultores.

 

   De regreso en la calle, Max Flores, un

jubilado de 62 años que trabajó en la industria

del pan, considera que los comerciantes

"especulan y abusan", ya que no hay relación

entre el aumento de las materias primas y el

precio final de los alimentos a los consumidores.

 

   A su vez, Giorgina Díaz, de 30 años y con

nueve meses de embarazo, estimó "absurdo" el

llamado del presidente Saca "a que comamos menos".

 

(FIN/IPS/rg/dm/if pr ip dv/sl la/08)