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El problema de ser nuevo rico

RÍO DE JANEIRO,  (IPS)  .-   El futuro económico y

social de Brasil puede estar supeditado, según

expertos, al modo en que finalmente se maneje la

repentina riqueza petrolera descubierta a gran

profundidad en el subsuelo del océano Atlántico,

en una zona próxima a la costa sur del país.

       Por Mario Osava

 

   Los dilemas que se plantean, tanto en el

gobierno como entre otros actores en este debate

nacional, son la de crear una nueva empresa

estatal, como hizo Noruega, fortalecer la ya

existente, Petrobras, modificar o mantener las

reglas vigentes en el sector y redistribuir o no

los "royalties" (regalías) generados por la producción marítima.

 

   Fernando Siqueira, director de Comunicación

de la Asociación de Ingenieros de Petrobrás

(Aepet), calcula que están en jugo 20 billones de

dólares, tomando en cuenta que son "más de

100.000 millones de barriles" los existentes en

los gigantescos yacimientos bajo la capa de sal a

unos 250 kilómetros del continente.

 

   La estimación del experto está basada en un

valor de mercado de 200 dólares el barril de

crudo, precio que puede ser superado en las

próximas décadas ante el inminente "tercer choque

mundial", en que la demanda crece mas rápido que la oferta, dijo a IPS.

 

   Las reservas brasileña "pre-sal" equivalen a

"un nuevo Iraq" en América Latina, tanto por el

volumen de petróleo como por la codicia de

Estados Unidos, que busca "desesperada" por

asegurarse esos suministros, ya que sus reservas

de 29.000 millones de barriles no alcanzan más

que para tres años de consumo, según el ingeniero.

 

   Defender la creación de otra empresa estatal

es "desviar la discusión" de la cuestión central,

que es consolidar los yacimientos como patrimonio

del pueblo brasileño y "alterar el marco

regulatorio" para elevar la participación

especial del Estado en el petróleo producido a 84

por ciento, una proporción vigente en otros países, sostuvo Siqueira.

 

   Esa alteración seria muy simple, sólo

mediante un decreto, ya que la reducción de la

participación estatal a un máximo de 40 por

ciento se impuso por esta vía en 1998 durante el

mandato del presidente Fernando Henrique Cardoso

(1995-2003), aseguró el ingeniero.

 

   Elevar la participación especial del Estado

no tendría una gran resistencia de parte de las

empresas petroleras transnacionales, que ya están

asociadas a la firma estatal Petrobrás en muchas

áreas exploradas. "Ellas mismas ya habían propuesto ese 80 por ciento", 

acotó.

 

   En cambio, sí habrá presiones muy fuertes de

parte del gobierno de Estados Unidos, que "quiere

petróleo barato y no a precios de mercado",

condición que excluye la "soberanía brasileña

sobre sus reservas", según Siqueira.

 

   Según el experto, la reactivación de la IV

Flota Naval estadounidense, volcada al sur del

océano Atlántico, está vinculada al petróleo "pre-sal" brasileño.

 

   Una nueva regulación permitiría superar los

dilemas, ya que con Petrobrás como operadora de

la producción la participación del Estado alcanzaría a 90 por ciento, 

destacó.

 

   De esa forma, se limitaría la parte de los

socios privados minoritarios de Petrobras en los

yacimientos ya descubiertos o nuevos.

 

   Una preocupación del gobierno del

izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva es

destinar las ganancias petroleras en beneficio de

la población. Las prioridades planteadas son la

educación, el combate contra la pobreza y la previsión social, indicó.

 

   Por eso se estudia con atención la

experiencia de Noruega, que creó una segunda

firma petrolera, totalmente estatal, que

administra los yacimientos y destina sus

utilidades a un fondo volcado a las generaciones futuras.

 

   Esa alternativa, que según trascendió tendría

una opinión mayoritaria favorable en el gobierno,

permitiría al Estado apropiarse del grueso de las

utilidades, evitando beneficios considerados

excesivos para los socios de Petrobrás, que

tienen 60 por ciento de su capital, la mayor

parte en manos de capitales extranjeros.

 

   Otra intención oficial es alterar las reglas

de los "royalties" pagados a los municipios y

estados en cuyo territorio o mar territorial se

extrae petróleo y otras instituciones, como la

marina de guerra, que corresponden a 10 por

ciento de la producción. Lo que se busca es que

las ganancias de los nuevos yacimientos

beneficien a todo el país, ante su gran aumento.

 

   Gobernadores de los estados que más ganan

regalías, como Río de Janeiro y Espíritu Santo,

se alzaron contra la posibilidad de cambios en esas reglas.

 

   Los "royalties" representan una indemnización

por impactos de la actividad petrolera, por eso

pierden sentido cuando se trata de pozos ubicados

a 250 kilómetros de las costas y que, por lo

tanto, no afectan a ningún municipio en particular, arguyó Siqueira.

 

   Toda esa discusión refleja la disputa de un

dinero incierto. "Parecen querer las utilidades"

sin considerar las "enormes inversiones" y el

esfuerzo necesario para extraer el petróleo que

está a 6.000 metros bajo el nivel del mar, debajo

de una espesa capa de sal y a centenares de

kilómetros de la costa, advirtió Giuseppe

Baccocoli, investigador del Centro de Posgrado en

Ingeniería de la Universidad Federal de Río de Janeiro.

 

   El marco regulatorio ha sido satisfactorio,

especialmente para atraer inversiones y

tecnologías, y es necesario cumplir los contratos

vigentes con empresas privadas sobre el petróleo

producido para no perder condiciones de

extracción del crudo "pre-sal", opinó Baccocoli ante la consulta de IPS.

 

   Los nuevos yacimientos que despiertan la

codicia y expectativas de gran riqueza nacional

"presentan altos riesgos y exigen tecnologías

avanzadas", destacó Baccócoli, un geólogo de

larga experiencia en Petrobrás. Los beneficios

estatales pueden venir por medio de tributos,

acotó al calificar de "demagogia" algunas de las

propuestas que dicen "proteger intereses del pueblo".

 

 

(FIN/IPS/mo/dm/if ip nr og/br sl la/08)