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En busca de una minería no (tan) tóxica

LIMA,  (Tierramérica)  .-  El gobierno peruano propone reducir los límites admitidos de emisiones tóxicas en la actividad minero-metalúrgica para mejorar la salud ambiental, pero aún está lejos de cumplir estándares internacionales.

      Por Milagros Salazar* – Tierramérica

    La iniciativa, sometida a consulta entre diciembre y enero por el Consejo Nacional del Ambiente (Conam), es criticada por "insuficiente" para proteger la salud de los pobladores expuestos a gases y metales venenosos de explotaciones mineras y fundiciones, como arsénico, zinc, azufre y cadmio, entre otros.

    El proyecto de decreto supremo aprobaría los nuevos Límites Máximos Permisibles (LMP) para
efluentes líquidos y emisiones atmosféricas, fijados en normas de 1996 para el sector minero-metalúrgico, así como la regulación para su cumplimiento.

    Cuando expertos del Conam terminen de evaluar los aportes, el documento pasará a la Presidencia
del Consejo de Ministros para su aprobación final. No tienen plazos para hacerlo.

    Según la propuesta, en los desechos líquidos que se vuelcan a lagos, ríos o arroyos la concentración de arsénico no deberá sobrepasar en ningún momento del día los 0,5 microgramos por litro (mg/l).

    Esto reduce a la mitad el límite nacional
vigente, de un mg/l, pero es hasta cinco veces
mayor que el adoptado por el Banco Mundial en
2007, de 0,1 mg/l, según la Alianza Mundial de
Derecho Ambiental (ELAW, por sus siglas en inglés).

    La no gubernamental Red Muqui pidió a la
química Mercedes Lu y al bioquímico Mark
Chernaik, de ELAW, que revisaran la propuesta del
gobierno para contribuir al debate.

    Según ese análisis al que accedió
Tierramérica, el límite para el zinc es de dos
mg/l, ligero avance comparado con los tres mg/l
de la norma actual, pero mucho más laxo que el del Banco Mundial, de 0,5
mg/l.

    Por primera vez se busca establecer
parámetros a las emisiones de cadmio, que serían
de 0,1 mg/l, cuando en el plano internacional se
está proponiendo un límite anual promedio de 0,05
mg/l, según los investigadores de ELAW.

    El arsénico puede provocar cáncer de piel y
perjudicar pulmones, riñones y próstata, recordó
el médico Hugo Villa a Tierramérica.

    Villa investiga la salud de los pobladores
afectados por las emisiones de la fundición que
de la empresa estadounidense Doe Run en la andina
ciudad de La Oroya, de 35.000 habitantes, y
trabaja en su único hospital estatal.

    Mejorar un poco no significa un avance
sanitario real, dijo a Tierramérica la secretaria
ejecutiva de la Red Muqui, Ana Leyva.

    Para el experto Iván Lanegra, la iniciativa
del Poder Ejecutivo echa por tierra la idea de
que las leyes ambientales para el sector minero
están a la altura de las exigencias mundiales.

    Entre 1992 y 2007, las empresas mineras y
energéticas de Perú generaron inversiones
superiores a 24.150 millones de dólares, según la Sociedad Nacional de
Minería.

    La Oroya está en la central región de Junín.
La mayoría de sus habitantes menores de seis años
de edad llevan una carga mortal: más de 40
microgramos de plomo por decilitro de sangre
(mg/dcl), cuatro veces más que el máximo admitido
por la Organización Mundial de la Salud, según
estudios efectuados por entidades nacionales e
internacionales en 1999, 2003 y 2005.

    La intoxicación con plomo causa
encefalopatías, lesiones cutáneas, disminución de
las capacidades intelectuales, hiperactividad y agresividad.

    Los investigadores de ELAW también consideran
preocupante que se proponga autorizar hasta 458
miligramos de dióxido de azufre por metro cúbico
de aire, cuando el Banco Mundial sólo permite hasta 200.

    El decreto propuesto establece que el límite
de emisiones esté supeditado a la cantidad de
azufre que ingrese al proceso de producción
minero-metalúrgica y, en el caso de actividades
que demanden más generación de tóxicos, establece
como máximos tolerables entre 183 y 458
miligramos por metro cúbico, pero sin permitir
que se sobrepase ese límite en ningún momento del día.

    Eso constituye una mayor exigencia, según Lanegra.

    Según información oficial, hasta diciembre de
2006, Doe Run lanzaba diariamente al aire 810 toneladas de dióxido de
azufre.

    "En situaciones críticas de salud pública,
como La Oroya, una medida como ésta representa al
cabo de tres años un grave riesgo", opinó Mercedes Lu.

    El Conam señala en su página web que cuando
hay una concentración de entre 400 y 900
microgramos de dióxido de azufre por metro cúbico
de aire, en 24 horas aumentan los trastornos respiratorios en los
asmáticos.

    Además, a partir de 500 microgramos por metro
cúbico hay "un agravamiento de las personas con
enfermedades pulmonares y cardiacas", según Conam.

    Lanegra, también gerente de Recursos
Naturales y Gestión del Medio Ambiente de Junín,
informó a Tierramérica que si entrara en vigencia
la iniciativa del decreto supremo, Doe Run no
estaría obligada a acatarla inmediatamente porque
el Estado aceptó que la empresa cumpliera con la
meta de la norma vigente en octubre de 2009.

    "Por lo tanto, la necesidad de una norma
equivalente a los estándares internacionales
tiene como fundamento asegurar esa exigencia para
los nuevos proyectos mineros", agregó Lanegra.

    Pero Leyva considera que el proyecto debe
estar a la altura de los estándares mundiales
para luego exigirle a Doe Run que los cumpla.

    Los expertos de ELAW también recomiendan
enfatizar en la participación de los pobladores
en el control de estas medidas y que el
Ministerio de Salud intensifique su presencia.

* La autora es colaboradora de IPS. Este artículo
fue publicado originalmente el 29 de marzo por la
red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
 

(FIN/Tierramérica/ms/js-dcl/la md dv en if ip sl/08)