MyCityLinked

Browse By

MyCityLinked

Gobierno entona un mea culpa

 


Por Gustavo Capdevila


GINEBRA,  (IPS)  – En su primer año de vida, que alcanzará en abril, 

el tribunal de la ONU que juzga la vigencia de los derechos humanos en los 

países miembros ya distingue dos tipos de comportamientos de los gobiernos 

bajo su escrutinio.

 

Por un lado, están los que se limitan a exponer lo que consideran sus 

progresos y su fiel acatamiento a esas garantías internacionales y 

aguardan que los demás Estados les señalen las faltas, que en estos casos 

suelen ser copiosas.

 

  Otros asumen una actitud de aparente transparencia y aceptan motu 

proprio una buena parte de sus omisiones en la aplicación de los derechos 

humanos.

 

  Este último temperamento fue el que adoptó México cuando se sometió, 

este martes, al mecanismo del Examen Periódico Universal (EPU) que 

funciona como un grupo de trabajo en la órbita del Consejo de Derechos 

Humanos de la ONU (Organización de las Naciones Unidas).

 

  El secretario de Gobernación (ministro de Interior) mexicano, Fernando 

Gómez-Mont, reconoció tácitamente la debilidad del Estado de derecho en su 

país y de las instituciones de seguridad y de justicia encargadas de 

proteger a la población.

 

  De la misma manera admitió que en México existía una tarea inconclusa, 

la de superar las desigualdades de la sociedad, en especial a través de la 

atención de la pobreza y de la erradicación de la indigencia.

 

  Bajo esas dos imperfecciones brotan abusos como la trata de personas, 

la tortura, la falta de respeto de los derechos de los pueblos indígenas, 

la discriminación, la ignorancia de las garantías de las personas con 

discapacidad y la desaparición forzada, entre otras violaciones que el 

delegado mexicano se encargó de reconocer.

 

  Sin que Gómez-Mont las ignorara, los representantes de 56 países 

apuntaron minuciosamente muchas otras carencias del gobierno mexicano en 

la aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos que ha 

ratificado.

 

  Holanda, por ejemplo, se concentró en numerosos casos de periodistas 

que han sido víctimas de abusos y de graves violaciones de sus derechos 

humanos. La mayoría de los ataques contra ellos se mantienen en la 

impunidad, lo que genera un clima de censura y de autocensura, observó el 

delegado de La Haya.

 

  Darío Ramírez Salazar, de Artículo 19, una organización internacional 

de defensa de la libertad de expresión, dijo a IPS que en los últimos ocho 

años han sido asesinados en México unos 29 periodistas y empleados de 

medios de comunicación.

 

  Los periodistas más vulnerables son los que informan sobre seguridad 

pública y delincuencia organizada. Un tercio de los asesinados 

investigaban denuncias de colusión entre las fuerzas estatales de 

seguridad y el crimen organizado, afirmó.

 

  El delegado holandés también sostuvo que en México existe una 

concentración del control de los medios de comunicación en manos de pocos 

individuos o grupos de empresarios, que impiden el pleno ejercicio de la 

libertad de expresión.

 

  En consecuencia, Holanda pidió al gobierno mexicano que modificara la 

legislación que regula la radio, la televisión y las comunicaciones y 

dictara una nueva ley para favorecer la diversidad en los medios de 

comunicación.

 

  Gran Bretaña recomendó a México que adoptara disposiciones para 

proteger de la discriminación y proporcionar asistencia a las mujeres y 

otros grupos vulnerables, como niñas y niños, minorías y pueblos 

indígenas. Estos últimos suman 15 millones de personas, repartidas entre 

62 pueblos.

 

  Guatemala recordó que el relator especial de la ONU sobre los derechos 

humanos de los migrantes expresó, al finalizar su visita a México en marzo 

de 2008, "su consternación por numerosos abusos contra inmigrantes, 

especialmente de origen centroamericano".

 

  El delegado guatemalteco demandó que México atendiera las 

recomendaciones del relator y velara por el acceso de los inmigrantes a un 

recurso efectivo para la protección de sus derechos. Ecuador también 

mostró preocupación por la situación de los inmigrantes en México.

 

  España observó que hasta hace unos años en México se aplicaba el fuero 

militar para el delito de tortura cometido contra civiles por personal 

castrense durante el ejercicio de una función pública.

 

  El delegado español preguntó si los particulares disponían en México de 

recursos efectivos ante eventuales violaciones de derechos humanos 

perpetradas por personal militar.

 

  Eric Sottas, secretario general de la Organización Mundial contra la 

Tortura (OMCT), comentó a IPS que la corrupción es una de las mayores 

dificultades que afronta el gobierno mexicano.

 

  Otro problema es el crimen organizado, que afecta, entre otros, a 

lugares como Ciudad Juárez, Cancún y las ciudades próximas a la frontera 

con Estados Unidos, dijo el dirigente de la OMCT.

 

  Para superar esos obstáculos, el gobierno ha empleado a fondo al 

ejército, con la misión de restablecer el orden. Pero, hay que decirlo, 

eso ha provocado más problemas en todo el país, afirmó Sottas.

 

  El secretario de Gobernación mexicano confirmó a IPS que los militares 

permanecerán por un tiempo más en las calles de ciudades y poblaciones del 

país.

 

  "El hecho de que en un tiempo considerable la delincuencia organizada 

fue tomando control o corrompiendo y penetrando algunas instituciones de 

la seguridad pública, y luego de realizar un diagnóstico honrado al 

respecto, nos llevó a pedirle a las Fuerzas Armadas que entraran a apoyar 

las tareas de seguridad pública", dijo Gómez-Mont.

 

  Los militares respaldan la tarea de las instituciones de seguridad 

pública a fin de "aumentar su potencia en esta lucha y darnos el tiempo 

necesario para la reconstrucción institucional de las fuerzas de seguridad 

pública", explicó el delegado mexicano.

 

  El objetivo es "erradicar la corrupción, depurar las policías, 

profesionarlas y capacitarlas", precisó. Es decir, poner a las fuerzas de 

seguridad del Estado a la altura de los estándares universales de 

eficiencia y de respeto a los derechos humanos, insistió.

 

  Sólo así creemos que podremos abatir el estado de violencia en que se 

encuentran algunas partes de México, agregó.

 

  IPS preguntó a Gómez-Mont si conocía el precio que han pagado otros 

países por tener a los militares en las calles, cumpliendo funciones de 

policía.

 

  El secretario de Gobernación respondió que "conocemos de la 

institucionalidad y de la disciplina de las Fuerzas Armadas". Hemos tenido 

experiencias en el pasado que nos han permitido utilizarlas de una manera 

correcta e inteligente, agregó.

 

  El ministro sostuvo que México "está cambiando y se está abriendo. Está 

tratando de mejorar sus prácticas institucionales. Esta comprometido en 

ese esfuerzo", abundó.

 

  En conclusión, el delegado mexicano apuntó que "siempre tomar 

decisiones implica riesgos, pero no tomarlas, también". Nosotros estamos 

"evitando caer en un discurso fácil y nos estamos comprometiendo de lleno 

en una lucha para depurar la vida pública de México", aseveró. 

(FIN/IPS/pc/dcl/la ip hd mx sl/09)