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Igualdad de genero. De las Palabras a los Hechos

 


Por Inés Alberdi (*)


NUEVA YORK,  (IPS)  .- Las actuales crisis globales –de alimentos, de

combustibles y financieras- han puesto en claro que el paradigma del

desarrollo convencional ya no es más viable. La promoción de la

liberalización del mercado y de la austeridad fiscal como instrumentos

para estimular el crecimiento económico, debe ser revisada.

 

Los acuerdos internacionales, comenzando con los Objetivos de

Desarrollo del Milenio (ODM), han respaldado políticas que van más

allá del mero crecimiento económico pues tienen como meta un

desarrollo justo y sostenible. El Consenso de Monterrey, por ejemplo,

señaló que la financiación de un desarrollo sensible y centrado en la

gente es esencial para responder a los desafíos de la globalización.

En ese contexto, se destaca que la inversión en la igualdad entre los

géneros tiene un efecto multiplicador en la productividad y que el

incremento de las opciones económicas de las mujeres es fundamental

para alcanzar los ODM.

 

El año pasado, durante la revisión de la aplicación del Consenso de

Monterrey sobre la Financiación del Desarrollo, los estados

integrantes de la ONU han subrayado la necesidad de abordar la calidad

del desarrollo y la importancia de enfrentar las desigualdades. El

informe del Secretario General de la ONU afirma que “existe una

extendida opinión acerca de la necesidad de una mejor comprensión del

papel de la mujer en el desarrollo, yendo más allá de sus funciones

como cuidadora de niños, incapacitados o enfermos y como trabajadora.

Las políticas macroeconómicas deberían ser más coherentes con otras

políticas para lograr la igualdad de género”.

 

Entre el 29 de noviembre y el 2 de diciembre tendrá lugar en Doha una

Conferencia que aprobará el documento final  sobre la Financiación del

Desarrollo. El borrador del documento final reconoce estos vínculos e

identifica la igualdad de género como un desafío clave para el

desarrollo, junto con los del cambio climático y las crisis de

alimentos y de energía.

 

Es de vital importancia que el documento final de Doha contenga

referencias a los vínculos estructurales entre las políticas

macroeconómicas y la igualdad de género. Los lazos entre la igualdad

de género y el desarrollo deberían también ser señalados dentro de las

secciones específicas de la agenda de la financiación para el desarrollo.

 

Todo esto sirve para expandir las oportunidades para las mujeres y

para reducir los riesgos a los cuales ellas están a menudo expuestas,

incluyendo la pérdida del trabajo y de ingresos y el acceso limitado a

los bienes y servicios públicos.

 

Entre las consecuencias negativas de las políticas de ajuste fiscal

tienen particular relieve el estancamiento de las oportunidades de

empleo y la reducción de gastos en servicios públicos y en protección

social.  Esas medidas obligan a las mujeres a tomar responsabilidades

adicionales en cuanto a la asistencia de su familia, lo que limita sus

opciones en la obtención de empleos y en actividades empresariales.

Las políticas económicas deben extender las opciones de las mujeres en

el mercado laboral y mejorar su acceso a los bienes financieros y

productivos. Son necesarios también esfuerzos particulares para

sostener al gran número de  mujeres que desempeñan trabajos

informales, incluyendo el comercio a través de las fronteras, y

mejorar las opciones para los pequeños agricultores, la mayoría de los

cuales, en muchos países, son mujeres.

 

Las políticas impositivas también deben ser revisadas. Los impuestos a

las empresas son excesivamente bajos en muchos países, debido a la

adopción de exenciones fiscales para atraer inversiones extranjeras

que se han demostrado ineficaces en muchos casos, especialmente en

África. En cambio, muchos países pobres han recurrido a los impuestos

indirectos, los que terminan por caer pesadamente sobre los pobres y

las mujeres, como consumidores que son de bienes y servicios básicos.

 

En cuanto a los recursos externos, no es aceptable que el Consenso de

Monterrey declare que la liberalización del comercio y de las

inversiones incrementan la inversión directa externa y conducen al

crecimiento económico y al desarrollo social. En la práctica, la

inversión extranjera se ha concentrado en un número relativamente

pequeño de países. La liberalización del comercio ha traído escasas

ganancias y ha puesto en peligro seriamente la seguridad alimentaria

en muchos países en desarrollo donde las mujeres son las principales

productoras, así como suministradoras, de seguridad alimentaria.

 

En el cierre de la 52ª. Sesión de la Comisión sobre el Estatus de la

Mujer celebrada en marzo último, los gobiernos estuvieron de acuerdo

en que alcanzar la igualdad de género requiere una redistribución de

los recursos existentes y una enorme inyección de fondos adicionales,

tanto de fuentes internas como externas. Cuando los líderes mundiales

se reúnan en Doha, es urgente que encuentren vías para avanzar en esta

agenda. Es ahora ampliamente reconocido que la atribución de poder a

las mujeres y la igualdad de género son conductores clave de políticas

para crear seguridad alimentaria, reducir la pobreza, salvaguardar el

ambiente y realzar la eficacia del desarrollo. Las mujeres son también

importantes agentes de desarrollo económico y necesitamos políticas

que reconozcan tanto esta realidad como que apoyen activamente –y

financien- la igualdad de género. (FIN/COPYRIGHT IPS)

 

(*) Inés Alberdi, Directora Ejecutiva del Fondo de Desarrollo de las

Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM).