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Infonavit: Usura social

 

JESUSA CERVANTES / Revista Proceso

 

Agobiado por la cartera vencida, el director del Infonavit remató decenas de miles de créditos en apenas una fracción de su valor a principios de 2006. Ahora en manos de dos empresas privadas, los trabajadores son amenazados con el desalojo si no logran pagar las exorbitantes cuotas que les imponen. Los tribunales no logran ponerse de acuerdo ante los miles de juicios de amparo solicitados por los afectados: mientras en unos casos los otorgan, en otros los niegan. El problema ha llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que deberá resolver el conflicto el miércoles 12.

 

El 29 de junio de 2005, Víctor Manuel Borrás Setién, director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), se percató de que un conjunto de créditos por 26 mil 488 millones de pesos tenían poca probabilidad de ser cobrados. Para "maximizar" su recuperación, vendió a empresas privadas poco menos de la mitad de esa deuda, equivalente a 12 mil millones de pesos, en tan sólo mil 589 millones de pesos, es decir, el 13.24% de su valor.

 

         El hecho no sólo sembró incertidumbre entre miles de familias de trabajadores colocados en riesgo de perder sus viviendas; también se tradujo en cientos de procesos judiciales que han suscitado criterios contradictorios en varios tribunales hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que este miércoles definirá si el organismo puede o no vender créditos de naturaleza social a empresas privadas.

 

Todo el problema se inició el 27 de abril de 2005 cuando el PAN y el PRI aprobaron en la Cámara de Diputados una serie de modificaciones a la Ley del Infonavit propuestas por el entonces presidente Vicente Fox.

 

         La nueva ley facultó al Instituto a sujetarse a discreción a la Ley de Transparencia; a quedar fuera de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y a que el Consejo de Administración propusiera a la Asamblea General las políticas de crédito "y cualesquiera otra que sea necesaria" para el cumplimiento de sus objetivos.

 

         El 29 de junio de ese año, Borrás Setién pidió un informe de la cartera vencida. Las cifras fueron desalentadoras: miles de trabajadores que recibieron créditos del Infonavit para vivienda no habían pagado 41 mil 38 millones de pesos y, peor aún, había otros 110 mil 781 créditos por 26 mil 488 millones 74 mil 464 pesos con bajísima probabilidad de recuperación, llamados "cartera vencida reservada".

 

         En septiembre de ese 2005, la Comisión de Seguimiento de Metas del Infonavit presentó una "Estrategia de depuración de la cartera vencida". La solución propuesta fue vender la totalidad de la "cartera vencida reservada", considerada para ese momento como incobrable. En cuanto a la cartera vencida de 41 mil millones de pesos, que sí es recuperable, propuso que no rebasara el 5% del total de todos los créditos que otorga la institución.

 

El 26 de octubre siguiente, el Consejo de Administración que  encabeza Borrás Setién autorizó esa operación, pero con una modificación: dispuso poner en subasta pública solamente 56 mil 490 créditos de la "cartera vencida reservada", equivalente a unos 12 mil millones de pesos. Por ser créditos casi imposibles de recuperar, el organismo determinó rematarlos, literalmente, en mil 588 millones 802 mil pesos, es decir, a tan sólo el 13.24% de su valor.

 

Este es un extracto del reportaje que publica la revista Proceso en su edicción 1710 que empezó a circular el domingo 9 de agosto.