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Las irregularidades detectadas en la cuenta pública de 2007

El legislador del PRD, Antonio Ortega Martínez, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, en entrevista con la Revista Siempre!
 

Por Isabel Salmerón 

 

En las últimas semanas se llevaron a cabo operativos en varios estados de la República, siendo el más sonado el de Michoacán, por la forma en la que se efectuó, por ser un partido de oposición el que gobierna y por estar próximas las elecciones federales intermedias. El Partido de la Revolución Democrática denunció que más allá del combate al narcotráfico, el operativo tuvo tintes electorales.
Hace una semana la Auditoría Superior de la Federación, órgano dependiente de la Cámara de Diputados, dio a conocer que en su primer año de gobierno, el panista Felipe Calderón Hinojosa incurrió en un subejercicio por 120 mil millones de pesos del gasto público, revelación que se genera a unas cuantas semanas del proceso electoral en el que se renovará la Cámara de Diputados.
Sin embargo, ahí no termina el asunto, pues será a fines de junio cuando venza el plazo que tiene el Ejecutivo federal para explicar dónde está ese dinero, lo que obviamente tendrá repercusiones en las urnas, positivas o negativas, dependiendo de la respuesta que se obtenga de un asunto tan delicado, sobre todo si se toma en cuenta que la campaña de ese partido es la lucha frontal contra el narcotráfico y el crimen organizado y es, precisamente en ese renglón, donde dejó de ejercerse más del 45 por ciento del presupuesto.
En ambos casos, la cercanía con la jornada electoral federal levantó suspicacias entre la clase política, que asegura que si bien es cierto que las acciones se dieron en tiempo y forma y que en ambos casos coincidieron con los tiempos electorales, éstas han sido utilizadas estratégicamente por los partidos políticos.
El legislador del partido de la Revolución Democrática, Antonio Ortega Martínez, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, en entrevista con Siempre!, apunta “si se han deslizado, por parte de algunos funcionarios, que hay una intención de carácter político electoral en la detección de irregularidades en la cuenta pública de 2007, se están mordiendo la lengua, porque cuando se realizaron los operativos de Zacatecas, Michoacán y Morelos, dijeron que no había fuero partidista que impidiera la impartición de la justicia, que no había tiempos para la aplicación de la ley y que no había política alguna que impidiera la aplicación de la misma”.
“En esos términos —asevera— nosotros no nos opusimos a la realización de los operativos en Michoacán. Lo que dijimos es que nos parecía extraño que teniendo estos procesos de investigación desde hace ocho meses se realizaran en este momento y la respuesta que tuvimos fue esa y nosotros la compartimos y sostenemos que de la misma manera opera para este caso”.
Se manifestó por una reforma a la ley en la materia que inhiba el desvío de recursos, además de que sea la Cámara de Diputados, concretamente la segunda fuerza política de oposición en ese recinto, quien designe al secretario de la Función Pública, a fin de que no sea juez y parte como hasta ahora.

Irregularidades

Ortega Martínez detalló el informe que dio a conocer el Auditor Superior de la Federación, Arturo González de Aragón, el jueves 4 del presente mes, en el que confirmó que en la Secretaría de Hacienda se detectaron una serie de recursos presupuestados por la Cámara de Diputados que no se ejercieron.
Dichos recursos, que extrañamente fueron transferidos a fideicomisos a finales de año, no se reingresaron al erario por la vía legal que es su depósito en la Tesorería General de la Federación, a fin de que ésta los concentre y los ponga a disposición de la Cámara, quien los tomara en cuenta para elaborar el presupuesto de egresos del siguiente año.
Y es que lo que regularmente hacen las entidades públicas es acatar de manera tramposa un ordenamiento establecido en la ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria denominado equilibrio financiero en el gasto público que indica que no debe haber ni déficit ni superávit.
Así, las entidades que por alguna razón no ejercen los recursos, no los envían a la Tesorería, sino que los convierten en disponibilidades que son ejercidas a discrecionalidad.
“Con facultades metaconstitucionales el Ejecutivo hace reasignaciones, cierra la llave y le quita recursos a quien quiere o la abre cuando quiere otorgárselos a alguien y esto se presta a manejos indebidos”.
De ahí la importancia que se cumpla con la Constitución, que establece que no debe quedar en un solo poder la facultad de la planeación y la de ejercer el gasto, sino en dos: el Ejecutivo planea y propone el presupuesto y el Legislativo (Cámara baja) aprueba y fiscaliza los recursos.
Gracias a esa división de facultades, apunta el legislador, la Auditoría Superior de la Federación detectó un subejercicio de 120 mil millones de pesos en la cuenta púbica de 2007, que no fueron depositados en la Tesorería, sino que se encuentran en “bolsas, en guardaditos y guardadotes, en cajas chicas y cajas muy grandotas, configurados como fideicomisos y otras figuras que la auditoría no puede revisar y que se prestan a usos indebidos como el de la corrupción”.

Lagunas legales aprovechadas

El presidente de la Comisión de Vigilancia comenta que depositar el subejercicio en fideicomisos constituye una violación a la norma, porque cuando la Cámara aprueba el presupuesto y se pública en el Diario Oficial de la Federación en diciembre para que tenga efectos el primero de enero del siguiente año, adquiere el rango de ley y por lo tanto es un mandato que todos los funcionarios que manejan el presupuesto están obligados a atender.
Cuando la Cámara de Diputados aprueba determinado recurso para determinada obra y por una u otra razón no se aplica, la entidad tiene que devolver los recursos a la Tesorería. Pero cuando no lo hace, debe justificar ampliamente su designación y hacer transparente el destino de los recursos.
Un ejemplo es cuando se aprueba un presupuesto para construir un puente y por el mal tiempo no puede concluirse el tiempo establecido, pero ya se tienen los contratos firmados. En ese caso, el funcionario debe informar que tiene cuentas por pagar y crear un fideicomiso, con reglas específicas, con un comité que determina qué hacer con ese resguardo financiero, aunque siempre son ejercidos en la obra para el que estaban destinados, sólo que a principios del siguiente año.
Sin embargo, aunque este procedimiento debería ser la regla, en la práctica es la excepción pues prácticamente todas las entidades, en este caso la de Hacienda optan por crear estos fideicomisos pero sólo para que no se pueda dar seguimiento al destino de los recursos y en ese mar de discrecionalidad se presenta la oportunidad para las complicidades y la corrupción.
Ante esta situación, es imperante llevar a cabo una reforma legislativa en la materia que termine con estos fenómenos de subejercicios, disponibilidades y discrecionalidades, que deje claro que el dinero que no se ejercerse, como el presupuesto, la manda, se regrese a la Tesorería para que el siguiente año sea reasignado y no se deje un camino, un hueco en donde “no lo gasto pero lo guardo donde nadie me fiscalice y tenga un mar de oportunidades para la corrupción”.
En estas irregularidades también se detecta una falta de carácter político, pues interpretan la Constitución como más les conviene. La Carta Magna establece que un poder se equilibra con otro poder y determina que el presupuesto lo determina la Cámara de Diputados a propuesta del Ejecutivo federal, pero es el primero el que aprueba cómo se gasta el dinero.
No obstante, políticamente las entidades manejan la premisa de utilizar el dinero como más les convengan y es así que en lugar de gastarlo en tiempo y forma, crean fideicomisos —que son difíciles de vigilar dado el número— que sólo encubren el destino de los recursos. Esa es una invasión de facultades y poderes que tiene de manera exclusiva la Cámara baja.
En términos legislativos, la Cámara de Diputados puede acortar los plazos para revisar la cuenta pública y de hecho así se ha venido haciendo, a fin de corroborar que las entidades cumplieron en tiempo y forma con los objetivos y programas establecidos y se atendió el Plan Nacional de Desarrollo.
En 2010 la cuenta pública se va a recibir el 20 de febrero; este año se recibió el 12 de marzo y el anterior, el 30 de abril, se van acortando los plazos para acercar el procedimiento de la revisión lo más posible al presupuesto con un propósito: entidad que no cumplió con programas, con objetivos, que hizo uso desordenado de recursos, que incumplió la norma, que provocó desvíos y corrupción debe ser sancionado por una vía que tiene que ver con reducción de presupuesto. Pero aquellas entidades que cumplieron con las disposiciones deben ser premiados con una ampliación de recursos.
Ortega Martínez señaló que otra de las modificaciones legales que debe realizarse es la designación del secretario de la Función Pública, a fin de que éste la lleve a cabo el Poder Legislativo.
Explicó que al ser elegido el secretario de la Función Pública por el Ejecutivo federal le debe lealtad y se convierte en juez y parte, configurándose una especie de círculo vicioso. El secretario por lealtad no vigila minuciosamente el gasto del Ejecutivo, que es el mayor de todos los poderes y en el que se detectan más irregularidades, no puede actuar con absoluta independencia, con autonomía, lo ideal sería que el Legislativo designara al secretario, concretamente la segunda fuerza de oposición en el Congreso, a fin equilibrar.
Ortega Martínez subrayó que en la cuenta pública de 2007, los impactos económicos —en el primer año del presidente Felipe Calderón— fueron montos cercanos a los 70 mil millones de pesos, esto es, observaciones, lo que no quiere decir desvíos confirmados sino irregularidades que deben ser explicadas, lo que rebasa en prácticamente el cien por ciento a las detectadas en el último año de la administración de Vicente Fox, que fue de 35 mil millones de pesos.
“Recuerdo que en el último año de Fox fueron alrededor de 35 mil millones de pesos y nos asustábamos de cómo crecieron las irregularidades y pensábamos que se había llegado a un tope, a un récord, pero la sorpresa fue que en el primer año de Calderón se dobló el impacto económico de las observaciones. La explicación que da el Ejecutivo es que pagaron el año de la cuerva de aprendizaje, que son funcionarios nuevos que no conocen las reglas, que no tiene la experiencia suficiente y eso retrasó mucho el ejerció del gasto”.
Argumentan que buena parte del subejercicio tiene que ver con que fue el primer año y pagaron el costo de la inexperiencia, del aprendizaje, lo que lleva a una seria reflexión sobre la profesionalización de la administración pública, no debe caminar en función de la correlación de fuerzas.
Una propuesta sería que se redujera la facultad del Ejecutivo para que remover sólo a los mandos políticos y no a toda la administración pública.
Si lográramos que el Ejecutivo sólo cambiara a los mandos políticos, que el secretario de la Función Pública no fuera designado por el Presidente para evitar el círculo vicioso, que la auditoría pudiera tener capacidad para sancionar administrativamente y que con reformas a la Constitución también pudiera realizar en el ejercicio del mismo año algunas auditorías, estaríamos conformando un procedimiento mucho más equilibrado, más eficiente, de más dientes para la fiscalización y esto ayudaría.

Tiempos para aclarar dónde quedó el dinero

Ortega Martínez explicó que en este momento están en espera de que se venza el plazo de 45 días hábiles que establece la Ley de Fiscalización para que las entidades, entre ellas Hacienda, que es donde se detectaron el subejercicio de 120 mil millones de pesos, pueda dar cuenta de las irregularidades encontradas en la auditoría.
Recordó que la Auditoría Superior de la Federación entregó la auditoría el 12 de marzo pasado y unos días después ésta fue canalizada, vía oficio notarial a las dependencias, dejando así que un notario sea el que entregue el pliego de observaciones; a partir de que es notificada la entidad corre el plazo de 45 días hábiles para aclarar las irregularidades; en esta ocasión la Auditoría dará una prórroga, a la entidad que así lo solicite, de diez días más, dado el retraso que pudieron tener ante la emergencia sanitaria de abril pasado.
Ahora bien, si al término del plazo establecido la dependencia no puede sustentar satisfactoriamente su decisión de canalizar el subejercicio a fideicomisos, la auditoría ha sido clara al señalar que en el cumplimiento de su labor de fiscalización no va a aceptar ni fueros políticos ni privilegios partidistas ni fuerza política concentrada en una persona.
“Si Hacienda no rinde cuentas claras de sus acciones y no deja satisfecha a la ASF de dónde provienen esas reasignaciones y quién lo facultó para tomar la decisión de depositarlos en fideicomisos, la Auditoría puede iniciar varios procedimientos: uno ante la Función Pública para que inicie la investigación y pueda sancionar; otro ante la Procuraduría General de la República, si hay la presunción de desvió o daño al patrimonio; otro más, utilizar los procedimientos de recuperación que la auditoría tiene como facultad especial para recuperar esos recursos y resarcirlos al erario público”.
La Auditoría ha puesto al descubierto, de la manera más cruda, las debilidades en la administración calderonista; ésta no es política sino una realidad innegable, apunta el legislador.