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Los fondos de EEUU viene marchando

WASHINGTON,  (IPS)  – El financiamiento de operaciones militares 

estadounidenses en Afganistán e Iraq está, por ahora, bloqueado en el 

Congreso legislativo. No así el de la guerra contra el narcotráfico en 

América Latina.

Por Charles Davis

 

Pero aún resta el aval del Senado de Estados Unidos al paquete de 400 

millones de dólares para que México y países de América Central combatan 

el tráfico ilícito de drogas y el crimen organizado, aprobado por la 

Cámara de Representantes la semana pasada.

 

  La Iniciativa de Mérida, anunciada por el presidente George W. Bush en 

octubre pasado, incluye un aporte estadounidense de 1.400 millones de 

dólares durante tres años. Lo aprobó la cámara baja, dominada por el 

opositor Partido Demócrata, integrado en una ley general de presupuesto.

 

  La mayoría de los fondos se dirigirán a equipamiento militar y 

entrenamiento de tropas, en especial de México, por donde pasa más de 90 

por ciento de la cocaína importada ilegalmente por Estados Unidos, según 

el Departamento de Estado (cancillería) de este país.

 

  La iniciativa es denominada "Plan México" por sus críticos, en alusión 

al Plan Colombia contra el narcotráfico en ese país sudamericano.

 

  Organizaciones de derechos humanos consideran que la guerra contra las 

drogas emprendida por Estados Unidos tiene, como único efecto, aumentar la 

violencia y empeorar la situación de los derechos humanos.

 

  Tras asumir la presidencia a fines de 2006, Felipe Calderón desplegó 

25.534 militares en diversos estados mexicanos contra los carteles del 

narcotráfico. Washington aplaudió la decisión, a la que percibió como una 

muestra de compromiso en la guerra contra las drogas.

 

  Pero quienes cuestionan la medida ven en ella un acicate para la 

violencia, especialmente en la amplia frontera entre los dos países, y a 

los abusos de derechos humanos a cargo de fuerzas de seguridad.

 

  El año pasado, según cifras oficiales, la violencia vinculada con el 

narcotráfico ocasionó 2.650 muertes, una cifra que supera en unos 300 la 

de 2006.

 

  "Dar armas, equipamiento militar, capacidad de espionaje y vigilancia y 

entrenamiento a fuerzas de seguridad con antecedentes de abusos es como 

echar gasolina al fuego", dijo Laura Carlsen, directora del programa para 

América del Centro para Políticas Internacionales con sede en Washington.

 

  Además, según la experta, "el sistema de justicia mexicano es incapaz 

de controlar" esos abusos "o no tiene voluntad de hacerlo"

 

  Carlsen estimó que sólo en 2007 desertaron 17.000 militares mexicanos, 

con frecuencia para recibir salarios más elevados de los carteles del 

narcotráfico. Muchos de ellos lo hicieron con sus equipos y contaban con 

entrenamiento especial.

 

  "En los últimos años, soldados mexicanos cometieron flagrantes abusos 

en actividades de aplicación de la ley", según un informe de la 

organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW), con sede en 

Nueva York.

 

  "En mayo de 2007, por ejemplo, soldados detuvieron arbitrariamente a 65 

personas en el estado de Michoacán, mantuvieron a algunos en aislamiento 

en una base militar, golpearon a muchos de los detenidos y violaron a 

cuatro menores de edad", indicó HRW.

 

  En un intento por atender estas preocupaciones, el Congreso dedicó 

parte de la iniciativa a financiar una "reforma judicial, consolidación 

institucional y actividades para el imperio de la ley".

 

  Además, al cuarta parte de los fondos se retendrán hasta que el 

Departamento de Estado (cancillería estadounidense) informe que el 

gobierno mexicano está tomando medidas contra militares y policías 

implicados en violaciones de derechos humanos y asumiendo "compromisos 

significativos con la sociedad civil".

 

  Pero estas disposiciones no han sido acompañadas por mecanismos 

adecuados de control, advirtieron activistas.

 

  "Hay algunas previsiones positivas de salvaguardia de los derechos 

humanos, pero no son suficientes. Hay carencias, definitivamente", dijo a 

IPS la directora para América de la organización de derechos humanos 

Amnistía Internacional, Renata Rendón.

 

  Las cláusulas sobre derechos humanos de la Iniciativa de Mérida hacen 

poco para atender "los muy altos niveles de corrupción que penetraron 

todos los partidos políticos y la mayoría de las instituciones" mexicanas, 

según Rendón.

 

  En ese sentido, agregó, no se ha avanzado mucho en el combate contra la 

impunidad de los abusadores desde que Calderón asumió la presidencia.

 

  A tal punto es ominosa la impunidad en ese país latinoamericano que 

"las víctimas se niegan, con frecuencia, a elevar denuncias", advirtió en 

un informe reciente el Departamento de Estado.

 

  Continúan las masacres, la tortura y la violación a manos de 

uniformados, y los avances en varias investigaciones de casos muy 

connotados son escasos, según el estudio.

 

  A pesar de las preocupaciones de los activistas, parece poco probable 

que el Senado estadounidense deseche los fondos para la Iniciativa de 

Mérida cuando la analice, pues la ley que los contiene incluye medidas 

populares de gran impacto político dentro de Estados Unidos, como un 

programa de beneficios para veteranos militares.

 

  De todos modos, el financiamiento de la Iniciativa se redujo 150 

millones de dólares respecto de la cifra original.

 

  El senador demócrata Robert Menéndez dijo a IPS que la Agencia 

Antidrogas de Estados Unidos (DEA) le aseguró que las fuerzas mexicanas, 

en su trabajo conjunto con agentes estadounidenses, operan "con los 

mejores estándares".

 

  "Queremos que esto continúe y se fortalezca" a través de la Iniciativa 

de Mérida, añadió. "Debemos ayudar a México a cubrir algunas necesidades 

inmediatas de seguridad, no sólo por ser buenos vecinos, sino por el bien 

de nuestra propia seguridad."

 

  De hecho, los críticos de la Iniciativa consideran que la clave del 

proyecto es, en realidad, la seguridad de Estados Unidos, en especial los 

problemas de la inmigración ilegal en la frontera sur y el riesgo de 

terrorismo.

 

  Pero esos aspectos quedaron fuera de foco por la trascendencia de lo 

referido a la lucha antidrogas, advierten activistas.

 

  La intención del gobierno de George W. Bush, según Carlsen, es unificar 

la estrategia de defensa de Canadá, Estados Unidos y México en un 

denominado "perímetro de seguridad".

 

  Tal estrategia establece un enfoque militar de la seguridad, que vuelve 

más factibles los abusos que una estrategia contra el crimen de largo 

plazo, encierra "serias violaciones a la soberanía nacional" y "amenaza 

las libertades civiles de los ciudadanos de los tres países".

 

(FIN/IPS/traen-mj/cd/ks/na la ip hd sp cs/08)