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Maíz transgénico entra a zona de origen

 


Por Diego Cevallos


MÉXICO,  (IPS)  – México liquidó esta semana la veda impuesta en 

1999 a la siembra experimental de maíz transgénico en este territorio, 

cuna de la gramínea que modeló su cultura. Gigantes de la biotecnología 

postularon 12 proyectos y anunciaron inversiones de 382 millones de 

dólares hasta 2012.

 

La luz verde que dio el gobierno del conservador Felipe Calderón a la 

experimentación, a través de un reglamento ejecutivo que entró en vigencia 

el lunes, generó indignación de activistas y agricultores opuestos al maíz 

transgénico.

 

  Este sector advirtió que la medida consolidará el dominio de las 

transnacionales que controlan el mercado global de semillas modificadas y 

pondrá en serio riesgo la riqueza genética de la gramínea criolla, 

domesticada en este país hace más de 9.000 años y considerada sagrada por 

campesinos e indígenas.

 

  "Los activistas querían decidir por todos los agricultores mexicanos al 

rechazar la experimentación", pero se impuso la razón, dijo a IPS Fabrice 

Salamanca, director de Agrobio México, que representa a las 

transnacionales de la biotecnología con asiento en este país: Bayer, 

DuPont, Monsanto, Syngenta y Dow.

 

  Según Salamanca, las inversiones de esas empresas para experimentación, 

investigación asociada y creación de infraestructura están listas. 

"Esperamos que en agosto se den las primeras aprobaciones para arrancar en 

campo", señaló.

 

  Las 12 solicitudes para experimentar corresponden a estados del norte 

de México, donde se concentra el cultivo agroindustrial de maíz, con 

semillas comerciales híbridas o mejoradas a través de cruzas.

 

  "Ningún pedido de experimentación es para los estados del sur, donde se 

cultiva maíz para autoconsumo con las variedades criollas, y donde está la 

riqueza genética tradicional", dijo Salamanca.

 

  "Nadie está en contra de proteger las variedades criollas, por el 

contrario, creemos que debe haber programas para apoyar a quienes las 

cultivan. Nosotros vamos a trabajar con los productores industriales, 

sector donde tiene sentido el cultivo de semillas transgénicas", añadió el 

director de Agrobio México.

 

  La normativa indica que las parcelas experimentales no podrán exceder 

las dos hectáreas de superficie, deberán estar a una distancia mínima de 

200 metros de otros cultivos y tener barreras naturales, como árboles, en 

sus perímetros.

 

 Además, se eliminarán de cada planta las espigas para evitar que el 

polen vuele. Al final, y luego de realizar una evaluación científica del 

cultivo y la cosecha, el grano resultante deberá ser quemado.

 

  Las transnacionales esperan que los experimentos demuestren las 

presuntas bondades de sus productos y que, en un año o más, se autoricen 

plantaciones comerciales.

 

  Las distintas variedades de maíz transgénico se les ha incorporado 

genes, incluso de otras especies, para hacerlas resistentes a ciertas 

plagas o a herbicidas, elevar su productividad o adaptarlas a diversas 

condiciones de cultivo.

 

  Para Miguel Colunga, líder del Frente Democrático Campesino de 

Chihuahua, estado del norte mexicano, "el gobierno cometió un error 

tremendo al permitir la experimentación, pues puso en riesgo la 

biodiversidad y la soberanía alimentaria" del país.

 

  El Frente, que forma parte de una alianza de organizaciones 

ambientalistas y campesinas denominada "Sin maíz no hay país", llevará a 

cabo movilizaciones contra los permisos que se otorguen a cultivos 

experimentales. "Incluso podríamos quemar las parcelas", advirtió.

 

  El gobierno publicó el 6 de marzo un decreto que reformó y adicionó 

disposiciones al reglamento de la Ley de Bioseguridad, aprobada en 2005. 

La nueva normativa permite siembras experimentales de maíz transgénico con 

autorización previa de los planes.

 

  Además, las Secretarías (ministerios) de Agricultura y Medio Ambiente 

promoverán "la conservación in situ de razas y variedades de maíces 

criollos y sus parientes silvestres a través de  programas de subsidio u 

otros mecanismos de fomento para la conservación de la biodiversidad", 

añade la norma.

 

  También estipula que "previo al otorgamiento del permiso de liberación 

experimental (la autoridad), deberá verificar que para el organismo que se 

pretende liberar no exista una variedad convencional alternativa".

 

  Además indica que "en los casos en que las autoridades determinen la 

presencia no permitida de material genéticamente modificado en razas, 

variedades y parientes silvestres de maíz, deberán establecer medidas para 

eliminar, controlar o mitigar dicha presencia".

 

  La activista Silvia Ribeiro, portavoz en América Latina del no 

gubernamental Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración 

cree que el gobierno de Calderón "hizo un interpretación amañada de la ley 

para permitir la experimentación, todo por presiones de las 

transnacionales".

 

  La Ley de Bioseguridad, reglamentada apenas en 2008, establece que las 

autoridades definirán un régimen especial para el caso de los cultivos de 

maíz. Pero en lugar de eso, "emitieron unas disposiciones reglamentarias 

de menor nivel que no cumplirá nadie", sostuvo Ribeiro.

 

  A pesar de que estaba prohibido sembrar maíz transgénico, desde 2001 se 

detectan periódicamente trazas de esas variedades en cultivos de algunas 

parcelas, incluso en el sur donde se plantan semillas no comerciales. Las 

investigaciones continúan en algunos casos, pero en la mayoría ni siquiera 

se llevaron a cabo.

 

  Ribeiro y Colunga acusaron a los socios de Agrobio de haber sobornado a 

algunos grandes agricultores del norte del país para que sostuvieran la 

demanda a favor de la experimentación. "Las empresas han presionado de 

todas las formas", denunció Ribeiro.

 

 "Sé que algunos cultivaron maíz transgénico ilegalmente en Chihuahua por 

pedido de las mismas empresas para que el gobierno luego no tenga más 

opción que aceptarlo", afirmó Colunga.

 

  Grandes productores del norte, reunidos en organizaciones como 

Agrodinámica Nacional, venían demandando autorizaciones para cultivar maíz 

transgénico con el argumento de que así podrían producir más y mejor.

 

  México tiene una producción anual de 21 millones de toneladas de maíz 

sobre una superficie de unas 8,5 millones de hectáreas. Más de tres 

millones de campesinos, la mayoría pobres, se dedican a su siembra con 

semillas criollas o mejoradas con métodos tradicionales, pero también hay 

grandes empresas cultivadoras del grano.

 

  Este país no ha logrado abastecer su demanda interna de maíz, alimento 

básico de la cocina mexicana, e importa de Estados Unidos unos 10 millones 

de toneladas anuales, sobre todo de la variedad amarilla, usada como para 

alimentar animales de corral.

 

  Es en esa variedad donde las transnacionales de la biotecnología han 

puesto mayor interés y buscan experimentar.

 

  En Estados Unidos, que cultiva variedades transgénicas y tradicionales 

de maíz, la gramínea ocupa unas 32 millones de hectáreas y su producción 

anual supera más de 15 veces la de México.

 

  El representante de las empresas, Salamanca, aseguró que jamás 

sobornaron o presionaron a los agricultores ni al gobierno. Esas 

acusaciones son un mito y "generan un falso debate" alentado por 

activistas que "dicen hablar a nombre de todos los agricultores, cuando 

eso es falso", dijo.

 

  Las semillas mejoradas transgénicas se expanden porque así lo demandan 

los agricultores, porque se benefician, y no hay evidencias de que causen 

algún problema a la salud o al ambiente, señaló Salamanca.

 

  Sin embargo, hay ejemplos documentados de transgénicos potencialmente 

peligrosos. En Estados Unidos, la variedad Starlink fue retirada del 

mercado en 2000, tras registrarse casos de alergias en consumidores.

 

  Y la variedad transgénica MON-863, patentada por Monsanto, provocó 

daños en ratas durante experimentos.

 

  Pero no hay datos concluyentes. Connotados científicos apoyan los 

cultivos transgénicos, mientras otros los rechazan.

 

  Según Ribeiro, la decisión del gobierno mexicano no fue una derrota del 

movimiento social, "sino una imposición resultado de presiones y sobornos 

de las empresas transnacionales".

 

  Greenpeace, organizaciones campesinas y un conjunto de investigadores 

nacionales de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad 

realizaron en los últimos años numerosas movilizaciones y debates para 

oponerse al maíz transgénico.

 

  Las transnacionales someten a los agricultores a un tipo de esclavismo, 

pues los obligan por contrato a cultivar sólo sus semillas originales y 

les prohíben guardar los mejores ejemplares de una cosecha para la próxima 

siembra, práctica ancestral de mejoramiento en la agricultura humana, 

afirman.

 

  Pero lo que más les preocupa es que las variedades transgénicas, al ser 

liberadas al ambiente, podrían acabar con la diversidad biológica del maíz 

criollo, e incluso podrían llegar a alterar toda la alta biodiversidad de 

este país. (FIN/IPS/dc/dcl/la en dv bd mx sl/09)