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Pospone la SCJN análisis sobre venta de cartera vencida del Infonavit


JESUSA CERVANTES / Revista Proceso

MÉXICO, D.F.,  (apro).– La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) postergó este miércoles la decisión del proyecto relacionado con la venta al sector privado de la cartera vencida del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit).

 

         Sin fijar nueva fecha, los cinco ministros de la Segunda Sala de la SCJN determinaron no actuar, "pues la Corte puede quedar mal y es un asunto muy importante", comentaron secretarios de varios ministros involucrados a los abogados defensores de los trabajadores que han perdido sus viviendas debido a estas ventas.

 

         Luego de que surgió una tercera posición sobre el tema, los cinco ministros en sesión privada consideraron que "hay dudas" sobre la determinación final, por lo que decidieron mantener en la indefinición el día en que abordarán el tema.

 

         El encargado del proyecto, el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, según circuló entre los integrantes de la Segunda Sala, respalda la posición del Instituto sobre su derecho a vender a empresas privadas los derechos de cobro de los créditos que se han vuelto impagables.

 

         Pero el pasado viernes, Genaro Góngora Pimentel comentó a los interesados que elaboraría un dictamen en contra del Infonavit y a favor de los trabajadores para evitar la venta de la cartera vencida.

 

         El argumento de este ministro es que la venta es inconstitucional, pues viola el artículo 123 de la Constitución Política Mexicana en su primer y segundo párrafos de la fracción IX, mismas que establecen que se debe otorgar "créditos baratos para la vivienda".

 

         Otro de sus argumentos es que quien debiera, en todo caso, de autorizar tal venta es la Asamblea General del Infonavit y no el Consejo General, como ocurrió el 26 de octubre de 2005 y el cual fue ratificado por la Asamblea tres años después debido a las decisiones de diversos tribunales que ordenaron al Instituto regresar algunos créditos a los trabajadores, pues su venta no fue aprobada por la Asamblea, sino por el Consejo.

 

         Otra de las encargadas del proyecto, Margarita Luna Ramos, según trascendió este miércoles, lo elaboró "con un criterio distinto al de Aguirre y al de Genaro Góngora Pimentel", pero se desconoce el sentido y cuáles son sus argumentos.

 

         Estas tres posiciones distintas de los cinco ministros que integran la Segunda Sala de la SCJN "fue lo que generó dudas entre sus integrantes", por lo que determinaron abordar el tema en otra ocasión pero no definieron fecha.

 

         El tema llegó a la SCJN luego de que varios tribunales colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito Judicial otorgaron amparos a favor y en contra de los trabajadores afectados, por lo cual, recurrieron a la presentación de lo que se llama "contradicción de tesis". 

 

         Lo anterior significa que ante las decisiones encontradas y otorgadas por distintos tribunales determinaron que sea la SCJN quien fije cuál es la posición que deben seguir en el caso.

 

         La historia inició el pasado 29 de junio de 2005 luego de que el entonces director del Infonavit, Víctor Manuel Borrás Setién, se percató de que había una cartera de créditos entregados a trabajadores por la cantidad de 26 mil 488 millones de pesos tenían poca probabilidad de cobro. Además de que había en ese año otros créditos por 40 mil millones de pesos que ya estaban en cartera vencida, pero catalogados con posibilidad de cobro.

 

         Para "maximizar" la recuperación de los 26 mil 488 millones de pesos, lo cuales correspondían a 56 mil créditos en manos de los trabajadores, el Consejo de Administración, a propuesta de Borrás Setién, autorizó vender su derecho de cobro a dos empresas extranjeras.

 

         Para ello convocó a subastas públicas en enero de 2006, las cuales fueron ganadas por las filiales de las estadunidenses SCRAP II y a Recuperadora de Deuda Hipotecaria.

 

         Ambas empresas pagaron en conjunto mil 588 millones de pesos por los créditos cuando su valor era en ese año de 12 mil millones de pesos.

 

         A partir de que las empresas privadas tuvieron en sus manos el derecho de cobro empezaron a notificar a cada uno de los acreditados para, primero, pagarles 20 mil millones de pesos como mínimo y luego cobrarles mensualidades que van de los 3 mil a 7 mil pesos. Al no hacerlo las empresas promovieron el desalojo de las viviendas, ante lo cual los afectados empezaron a ampararse.

 

El asunto llegó a tribunales y ante las decisiones, en algunos casos a favor y en otros en contra de los afectados, es que se recurrió a la SCJN para que sea ella quien defina cuál es el criterio que se debe asumir para resolver los amparos.

 

         Del mes de mayo de este año a la fecha, el director del Infonavit intensificó el cabildeo ante los ministros que deberán resolver el asunto, al igual que los abogados defensores de los trabajadores, quienes buscan que los créditos regresen a manos del Instituto.