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Presupuesto esquiva transparencia

NUEVA YORK,  (IPS) .-  Los críticos de George W. Bush denuncian que el presidente estadounidense
intenta usar una "declaración de firma encubierta" para desbaratar la intención del Congreso legislativo de eliminar el manto de secreto que protegió al gobierno durante los últimos siete años.


        Por William Fisher

    En agosto de 2007, el Congreso aprobó la Ley de Gobierno Abierto, que creó la Oficina de Información del Gobierno dentro de la Administración Nacional de Archivos y Registros.

    Se trata de una agencia federal independiente que tiene a su cargo preservar y documentar los
registros gubernamentales e históricos y aumentar el acceso público a los mismos.

    La nueva oficina iba a ser presidida por un ombudsman –defensor del pueblo– que vigilara las disputas en torno a la Ley de Libertad de Información (FOIA), evitara litigios innecesarios y controlara la manera como el Departamento de Justicia implementa esa ley.

    Bush firmó la medida en diciembre de 2007.
Pero cuando presentó al Congreso, su propuesta de
presupuesto de 3,1 billones de dólares, no
incluyó ningún fondo para el nuevo programa.

    En cambio, el financiamiento quedó bien
oculto dentro del apéndice del presupuesto, bajo
el Departamento de Comercio –página 239 del
documento de 1.314 páginas– e hizo que la nueva
oficina quedara bajo la jurisdicción del Departamento de Justicia.

    "Esa medida no sólo es contraria al intento
expreso del Congreso, sino que también es
contraria al propósito mismo de esta legislación:
asegurar la resolución oportuna y justa de los
requisitos de los estadounidenses en relación a
la FOIA", dijo el senador demócrata Patrick
Leahy, presidente del Comité Judicial del Senado
y uno de los copatrocinadores originales de la Ley de Gobierno Abierto.

    La razón: el Departamento de Justicia es el
encargado de defender a las agencias del gobierno
acusadas de ocultar documentos requeridos en el marco de la FOIA.

    Esto le hace inclinarse a favor de las
agencias federales, convirtiéndolo en juez y parte.

    "El presidente definitivamente usa su
propuesta de presupuesto para intentar reubicar
la oficina del ombudsman de la FOIA en la órbita
del Departamento de Justicia. Es similar a firmar
declaraciones en las que el presidente intenta
alterar la implementación de una ley tal como fue
diseñada por el Congreso", según Sean Moulton,
director de Políticas de Información Federal en
OMB Watch, una organización sin fines de lucro
que controla a la gubernamental Oficina de Administración y Presupuesto.

    Leahy señaló "el abismal registro de
cumplimiento de la FOIA" por parte del
Departamento de Justicia en los últimos siete
años como otra razón por la que la agencia hace
una mala opción en cuanto a la ubicación de la oficina del ombudsman.

    La FOIA fue aprobada por el presidente Lyndon
B. Johnson en 1966 para permitir la revelación
total o parcial de información previamente no
difundida y de documentos controlados por el gobierno estadounidense.

    En 2001, el fiscal general John Ashcroft
emitió un memorando declarando que el
Departamento de Justicia defendería en tribunales
a cualquier agencia federal que retuviera
información con motivos justificables.

    Durante todo su gobierno, Bush usó las
llamadas "declaraciones firmadas", más que el
presupuesto, para modificar leyes que consideraba
objetables. Tal vez la más conocida de éstas fue
emitida luego que firmó la Enmienda McCain a la
Ley sobre el Trato a Detenidos, de 2005.

    La norma buscaba prohibir el trato inhumano a
prisioneros, entre ellos los del centro de
detenciones que Estados Unidos posee en la cubana
bahía de Guantánamo. Y también requería que los
interrogatorios militares se realizaran de
acuerdo con el Código de Justicia Militar.

    Tras aprobar la ley, Bush emitió una
declaración firmada diciendo que la interpretaría
"de una manera consistente con la autoridad
constitucional del presidente para supervisar a la rama ejecutiva
unitaria".

    Tales declaraciones se convirtieron en un
sello distintivo del gobierno de Bush. Desde el
inicio de la República y hasta 2000, los
presidentes produjeron menos de 600 declaraciones
firmadas. Desde 2001, Bush objetó secciones de
más de 750 leyes, alegando motivos constitucionales.

    A los críticos del gobierno de Bush no les
sorprende que el presidente use el presupuesto
para ir contra la voluntad del Congreso. Ven la
táctica como parte de un modelo de restricción
del acceso a la información. Y citan el aumento
de los pedidos públicos de información en el
marco de la FOIA, en los últimos seis años. La
cantidad total de estos en 2006 superó los 21,4
millones, sustancialmente más que en 2005.

    Los atrasos en el procesamiento de estos
pedidos son significativos, según una auditoría
realizada en junio de 2007 por el Archivo
Nacional de Seguridad, un instituto no
gubernamental independiente y biblioteca ubicado
en la Universidad George Washington que recolecta
y publica documentos desclasificados obtenidos a través de la FOIA.

    Una solicitud en el marco de la FOIA está
pendiente desde hace más de 20 años, según el
Archivo Nacional de Seguridad. El tiempo de
respuesta establecido en los estatutos es de 20 días hábiles.

    El gobierno de Bush se negó a difundir
información sobre una amplia gama de asuntos,
entre ellos las reuniones secretas del equipo de
políticas energéticas del vicepresidente Dick Cheney.

    Ordenó que los sitios web federales
eliminaran información que el gobierno creía
podría ser delicada. En noviembre de 2001 emitió
un controvertido memorando que limitó el acceso a
los documentos bajo la Ley de Registros
Presidenciales, lo que permitió que ex
presidentes y vicepresidentes impidieran el acceso a los mismos.

    También se negó a revelar los nombres de los
arrestados luego de los atentados terroristas del
11 de septiembre de 2001, que dejaron 3.000 muertos en Nueva York y
Washington.

    Muchas de las personas a las que se les negó
acceso a la información demandaron al gobierno.
Entre las más publicitadas estuvo la demanda
presentada por un grupo de organizaciones que
incluyeron a la Unión por las Libertades Civiles
de Estados Unidos (ACLU) y el Centro por los
Derechos Constitucionales (CCR), entre otros,
para obligar al Departamento de Defensa a
entregar documentos relacionados con los severos
métodos de interrogatorios usados con los detenidos en Guantánamo.

    La demanda arrojó cientos de miles de
documentos, entre ellos informes de agentes del
FBI (Buró Federal de Investigaciones) que confirmaban esos tratos.

    Quienes abogan por una gobernanza
transparente expresan variados grados de
confianza en la importancia del propuesto ombudsman.

    El director del Proyecto sobre Secretismo
Gubernamental de la Federación de Científicos
Estadounidenses, Steven Aftergood, dijo a IPS que
no tiene grandes expectativas en relación a la
oficina del ombudsman, independientemente de dónde se ubique.

    "¿Acaso un funcionario de los Archivos
Nacionales realmente intervendrá en mi nombre
cuando la CIA (Agencia Central de Inteligencia)
se niegue a procesar uno de mis pedidos?", preguntó.

    Moulton opina de modo diferente. "Creo
firmemente que el Congreso tenía razón cuando
asignó el trabajo a los Archivos Nacionales, que
son más objetivos sobre las disputas de la FOIA y
tienen más experiencia en el manejo de la revelación de documentos",
declaró.

    "La influencia directa de la oficina sobre
las agencias derivará del grado de apoyo que proporcione el gobierno",
agregó.

     Ambos coincidieron en la importancia de que
la ley se implemente tal como está escrita.

    Pero "el Congreso puede desviarse del
presupuesto propuesto por el presidente. La
cuestión es si el Congreso asignará dinero a los
Archivos Nacionales para la oficina aunque el
presidente no lo requiera", dijo Moulton a IPS.

(FIN/IPS/traen-js-rp/wf/mjs/na sp hd ip/08)