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SELA aboga por nueva arquitectura financiera

CARACAS,  (IPS) . – Sostener el crecimiento económico alcanzado por 

América Latina y el Caribe requiere cambios en los centros de 

financiamiento internacional para el desarrollo, pero también una nueva 

arquitectura financiera en la región, con novedades como el Banco del Sur 

y un trato deferente para la deuda de los países caribeños.
 

Por Humberto Márquez

 

Esa es la principal conclusión de una reunión celebrada el 20 de este mes 

en la sede caraqueña del Sistema Económico Latinoamericano (SELA), 

consagrada a examinar el Consenso de Monterrey seis años después de su 

adopción.

 

  El Consenso de Monterrey fue adoptado por la Conferencia Internacional 

sobre la Financiación al Desarrollo, que se llevó a cabo en esa ciudad 

mexicana entre el 18 y el 22 de mayo de 2002, con el auspicio de la 

Organización de las Naciones Unidas. Una reunión de alto nivel analizará 

en Doha, del 28 de noviembre al 2 de diciembre de este año, la aplicación 

de ese Consenso.

 

  La primera tarea de América Latina y el Caribe de cara a ese examen es 

"fortalecer su capacidad de interlocución frente a los más importantes 

actores globales, evidenciando la unidad regional", dijo a IPS el mexicano 

José Rivera, secretario permanente del SELA, que reúne a 26 estados de la 

región.

 

  "Hoy, con el triple shock que amenaza a nuestros países, financiero, 

alimentario y energético, resulta más urgente concretar mecanismos de 

cooperación e integración, si queremos lograr un desarrollo sostenible con 

equidad social", afirmó Rivera.

 

  "Necesitamos una nueva arquitectura financiera regional, porque décadas 

de políticas neoliberales, en vez de contribuir a nuestra soberanía y 

seguridad, nos han colocado en una posición de riesgo, como en el caso de 

la actual crisis de los alimentos; no de hambruna, pero sí de carestía", 

dijo a IPS el ministro ecuatoriano de Coordinación de la Política 

Económica, Pedro Pérez, presente en la reunión.

 

  El Consenso de Monterrey planteó una "asociación global" entre países 

industriales y en desarrollo para dar respuesta a las necesidades de 

financiamiento, sobre seis pilares, entre ellos la atracción hacia el Sur 

de flujos de recursos internacionales.

 

  Esos flujos "en los últimos años se han dirigido mayoritariamente hacia 

otras regiones del mundo, a mercados más dinámicos, como China, India, el 

sudeste asiático, y entre los mismos países desarrollados", dijo Rivera.

 

  "Yo creo que la clave para atraer esos flujos está en nuestra 

integración, que nos vean integrados", subrayó el número uno del SELA.

 

  La inversión extranjera directa en los países en desarrollo, en dólares 

corrientes, fue de unos 162.000 millones en 2002, de los cuales 51.783 

millones llegaron a América Latina y el Caribe, es decir, un 32 por 

ciento, según cifras del Banco Mundial y de la Comisión Económica para 

América Latina y del Caribe (Cepal).

 

  En 2007 la región captó 102.800 millones de dólares como inversión 

extranjera directa, un aumento de 97 por ciento en cinco años, pero esa 

cifra representó menos de la cuarta parte de ese tipo de recursos 

dirigidos al conjunto de los países en desarrollo.

 

  Por contraste, las remesas hacia la región de inmigrantes que viven en 

los países desarrollados han ido en aumento, al pasar de 28.000 millones 

de dólares en 2002 (1,7 por ciento del producto interno bruto 

latinoamericano y caribeño) a 60.000 millones en 2007 (1,9 por ciento del 

PIB).

 

  Otros pilares señalados en Monterrey fueron la movilización de los 

recursos internos; la promoción del comercio internacional; la cooperación 

internacional; el manejo sostenible de la deuda externa; y el aumento en 

la coherencia y consistencia del sistema monetario y financiero y del 

comercio internacional.

 

 Respecto de los recursos internos, la formación bruta de capital en la 

región pasó de acumular 320.000 millones de dólares en 2002 a 690.000 

millones en 2007, y el ahorro bruto doméstico pasó de 328.000 a 740.000 

millones de dólares.

 

  En proporción, representan 21 y 22 por ciento, respectivamente, del PIB 

total de la región, cifrado por el Banco Mundial en 3,33 billones de 

dólares para 2007, mientras que en el conjunto mundial de los países con 

ingreso bajo y medio la formación bruta de capital es de 29 por ciento y 

el ahorro interno de 32 por ciento con respecto al PIB.

 

  En sus conclusiones, los delegados de países miembros el SELA abogaron 

porque en la región se constituyan fondos de inversión para apoyar la 

micro, pequeña y mediana empresa, y utilizar parte de las reservas 

acumuladas  –con el viento a favor de mayores precios por sus materias 

primas–  para financiar proyectos de integración y desarrollo económico 

regional.

 

  La región pasó ya en 2006 los 300.000 millones de dólares en reservas, 

según la Cepal.

 

  "Se necesita una red de apoyo entre los bancos centrales de nuestros 

países, activar el Banco del Sur, abrir mayores posibilidades a un mercado 

regional de capitales y utilizar formas de compensación de pagos con uso 

de nuestras monedas", dijo Pérez.

 

  "La construcción de un sistema de soberanía monetaria puede ser una 

respuesta de nuestros países, pues estamos ante una crisis del régimen de 

acumulación, que ha puesto al capital productivo en situación de 

servidumbre frente al capital financiero", indicó.

 

  Ecuador, que carece de moneda propia y donde circula libremente el 

dólar, "es quizá el país que más necesidad tiene de que se recuperen 

espacios de gestión de la política financiera regional", agregó Pérez.

 

  El Banco del Sur, cuya Acta Fundacional se firmó en diciembre a 

iniciativa de Venezuela, tiene entre sus socios a Argentina, Bolivia, 

Brasil, Ecuador, Paraguay y Uruguay. Su propósito es convertirse en banco 

de desarrollo sudamericano.

 

  El venezolano José Ferrer, vicepresidente de Banco Central, apoyó la 

idea de que el Banco del Sur impulse un mercado de valores regional en el 

cual se negocien títulos en monedas nacionales. "Es una oportunidad para 

crear un mecanismo endógeno de financiamiento en la región", declaró.

 

  Respecto del comercio internacional, la reunión insistió en el reclamo 

regional por "reglas equitativas y justas en el sistema multilateral de 

comercio y la eliminación del proteccionismo agrícola de los países 

desarrollados".

 

  Las exportaciones de la región se han más que duplicado en cinco años 

(401.000 millones de dólares en 2002 y 849.500 millones en 2007), pero 

representan una cuarta parte del PIB mientras que en el conjunto de los 

países con ingresos bajos y medios, las ventas al exterior alcanzan 32 por 

ciento del producto.

 

  Sobre la cooperación internacional, la región insiste en que el Norte 

industrializado cumpla el viejo compromiso de destinar 0,7 por ciento de 

su PIB como ayuda oficial al desarrollo (AOD). Sólo cinco países europeos 

cumplen ese estándar.

 

  El indio Amar Bhattacharya, representante en la reunión del Grupo de 

los 24 (creado en 1971 para coordinar a países de Asia, África y América 

Latina en temas monetarios y de financiamiento) dijo a IPS que, además, 

"muchos donantes dirigen los recursos a países en desarrollo por intereses 

más políticos que de desarrollo".

 

  "Eso lleva recursos de AOD a países como Iraq, Afganistán, Nigeria o el 

Congo, pero no a programas que también los requieren en Honduras o 

Guatemala", dijo Bhattacharya.

 

  Más aún, advirtió Rivera, en estos tiempos de carestía de los 

alimentos, la AOD alimentaria dirigida a la región disminuyó, de 1.086 

millones de dólares en 2002 a 891 millones en 2007.

 

  De los 105.292 millones de dólares en AOD que fueron a los países en 

desarrollo el año pasado, apenas 6.910 millones, el 6,5 por ciento, se 

dirigieron a América Latina.

 

  Respecto de la deuda externa, América Latina y el Caribe muestra una 

mejoría relativa, pues en 2002 la suya era 33 por ciento del total de los 

países en desarrollo, pero en 2007 se ubica en 22 por ciento.

 

  No obstante, siguió creciendo en términos nominales, al pasar de 

776.473 a 787.639 millones de dólares en esos cinco años, en tanto su 

servicio (pagos de capital e intereses) pasó de 127.784 millones de 

dólares en 2002 hasta 134.974 millones en 2007.

 

  La reunión abogó por un trato especial para los pequeños estados 

insulares del Caribe, con deudas que alcanzan 12.000 millones de dólares 

en los países anglohablantes, una cifra similar para Cuba y unos 6.800 

millones para la República Dominicana.

 

  También pidieron atención para la tesis de Costa Rica, que propone 

condonar deuda y apoyar con recursos financieros a los países en vías de 

desarrollo que inviertan cada vez menos en armas y más en salud, educación 

y vivienda para sus habitantes.

(FIN/IPS/hm/dcl/la ca if dv md sl/08)