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Sin embargo, nada nuevo se conocerá. El debate sobre Pemex

Al final Andrés Manuel López Obrador logró lo que quería, lo cual ya no debería sorprendernos. La decisión de programar un debate de 70 días en el Senado para tratar el tema de la reforma energética fue una abierta concesión a lo que el ex candidato presidencial del PRD había exigido al ordenar la toma de las tribunas del Congreso de la Unión. Quizá no obtuvo los 120 días que pidió, y que le habrían permitido empatar el debate con el informe presidencial del primero de septiembre, pero al final no hay mucha diferencia con lo que quería.

Sergio Sarmiento  (Jaque Mate)

El debate, sin embargo, difícilmente arrojará nada nuevo. No hay virtualmente nadie en el Congreso de la Unión que no tenga ya una decisión tomada sobre la reforma energética. Tampoco creo que cambien mucho los puntos de vista de la sociedad por la realización de los foros. Los ciudadanos que se interesan en la política han decidido ya cuál es su posición. Y los que no, no empezarán a hacerlo porque se lleven a cabo 70 días de sesiones de discusión técnica.
Los panistas respaldarán en bloque la iniciativa del presidente Calderón en tanto que los perredistas la rechazarán de manera unánime. Los priistas definirán el resultado final, pero lo harán probablemente con un voto diferenciado.

La objeción principal de los priístas vendrá en la apertura a la inversión privada en refinerías. Los perredistas, que quizá piensan que ya tienen la batalla perdida, argumentan que no se puede permitir la inversión privada en refinación con una simple modificación de una ley secundaria. La Constitución, advierten, prohíbe esta inversión y no hay ley secundaria que pueda permitirla. Los legisladores del PRI, por otra parte, han señalado que no aceptarán ningún cambio al texto constitucional. Las modificaciones sobre refinación llegarán sin duda a la Suprema Corte.

Fuerte será también la discusión sobre la modificación a la ley reglamentaria del artículo 27 de la Constitución, que permitiría dar “incentivos” en dinero a las empresas contratistas de Pemex. Esto, a juicio de algunos críticos, abriría las puertas a contratos de riesgo disfrazados.

En lo que concierne al fortalecimiento de las facultades administrativas de Pemex, los cuestionamientos parecen ser menores. Hay conciencia de que los directivos de la empresa deben tener mayor libertad de tomar decisiones y no esperar siempre que lleguen instrucciones del gobierno federal. La incorporación de consejeros independientes al Consejo de Administración, si bien limitada por la obligación de mantener un mínimo de consejeros gubernamentales, es a mi juicio un paso hacia adelante.

Me doy cuenta de que nada que se discuta cambiará los puntos de vista de los políticos que ya tomaron una decisión sobre este tema. Pero coincido en que no es correcto llevar una iniciativa crucial para el país por la vía del fast track.

Fuente: El  Universal