MyCityLinked

Browse By

MyCityLinked

AM/FM Zarpazo de Gobernación

 

 

 

 

Cientos de estaciones radiofónicas de Amplitud Modulada llegarán en situación de vulnerabilidad política al proceso electoral federal de 2009, ya que muchas están en pleno proceso de refrendo de sus concesiones y permisos. Y por un acuerdo oficial publicado el lunes 15, si además quieren obtener un espacio en FM, dichas radiodifusoras tendrán que pagarle a Hacienda y obtener el visto bueno de la oficina de Juan Camilo Mouriño.

 

Por Jenaro Villamil / Revista Proceso

 

Quince días antes de que inicie formalmente el proceso electoral federal de 2009 -el 1 de octubre-, el gobierno federal emitió un acuerdo administrativo que establece los requisitos para que las 854 estaciones de radio que operan en la banda de Amplitud Modulada (AM) puedan migrar a la banda de Frecuencia Modulada (FM), a cambio de pagar una contraprestación que definirá la Secretaría de Hacienda y de que la Secretaría de Gobernación apruebe "la idoneidad del solicitante", entre otros candados.

 

El acuerdo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el lunes 15, en pleno puente vacacional, generó reacciones adversas entre los dos principales partidos de oposición en el Senado. El PRI y el PRD coincidieron en caracterizarlo como una medida "electorera" encaminada a beneficiar a los grupos radiofónicos más poderosos.

 

El coordinador de la bancada del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, consideró que el acuerdo firmado por el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Luis Téllez, es una "mala copia" de la iniciativa de ley presentada el pasado 4 de junio por él y otros legisladores del PRI.

 

En entrevista, Beltrones señala uno de esos elementos con "tufo electorero" que contiene el acuerdo:

 

"Estoy convencido de que a los concesionarios no les pasará desapercibido que el acuerdo administrativo habla de un calendario de seis regiones, pero sólo especifica el tiempo preciso para la primera de ellas (que abarca los estados de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo), lo cual puede dejar sujeto el cumplimiento de las otras regiones al acuerdo administrativo y, por cierto, podría cruzarse ‘casualmente’ con los comicios de 2009."

 

-A la iniciativa que usted presentó también se le señaló por su interés electoral…

 

-No obstante, se presentó con oportunidad, se hizo buscando acabar con los pretextos de la autoridad que decía no tener fórmula para democratizar a la radio en su conjunto, y por eso acudimos a la presentación de la misma. Es un procedimiento mucho más sólido que un acuerdo como el que se presentó el 15 de septiembre.

 

-¿Está invadiendo el Ejecutivo las funciones del Legislativo?

 

-Creo que el instrumento que decidió utilizar el Ejecutivo, y que no es el acuerdo político, dista mucho de ser el mecanismo más limpio e idóneo para resolver el viejo problema, y que se presta mucho a la especulación política.

 

-¿Enrarece este acuerdo la interlocución entre el PRI y el gobierno federal?

 

-De ninguna manera. Seguimos pensando que a lo único que abona es a la vieja sentencia bíblica de que "por sus hechos los conoceréis". También se genera acumulación de frecuencias por los más poderosos, que son los que pueden pagar la contraprestación.

 

Beltrones advirtió que su partido no insistirá en dictaminar su iniciativa, siempre y cuando los concesionarios de AM mantengan una buena disposición hacia el acuerdo de la SCT. Pero si ocurre lo contrario, aclara, "buscaremos a otros grupos parlamentarios, como el PRD, y a senadores en lo individual, hasta en el PAN, con el fin de darle solidez a una solución que pueden encontrar, no en un acuerdo administrativo, sino en reformas legales y duraderas".

 

La posible alianza entre los partidos del Frente Amplio Progresista (PRD, PT y Convergencia) y el PRI para legislar en esta materia se vislumbró en la misma semana del albazo que constituyó la publicación del acuerdo, cuyos términos criticaron incluso senadores panistas como Federico Döring y Marko Cortés.

 

El presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, el perredista Carlos Sotelo, calificó de "clientelar, corporativo y patrimonial" el acuerdo del lunes 15, al que comparó con el decretazo de octubre de 2002 que eliminó el pago en especie del 12.5% de los tiempos fiscales a cambio de que se clausurara la reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión durante el gobierno foxista.

 

Sotelo criticó también que sea el titular de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, quien le otorgue el visto bueno a las estaciones de AM para que la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) las incluya en el proceso de cambio a FM. "Se trata de retornar al viejo control político", comenta.

 

Sin embargo, Sotelo criticó también la iniciativa presentada en junio por Beltrones porque, en su opinión, la reforma en materia de radio debe darse en el marco de una nueva Ley Federal de Radio y Televisión acorde con la resolución de la Suprema Corte de Justicia que echó abajo la llamada Ley Televisa.

 

Una reacción similar tuvo el exsenador Javier Corral, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), que en un comunicado de 13 puntos desmenuza las principales contradicciones del acuerdo y considera que éste constituye "una nueva expresión de sometimiento del gobierno federal a los consorcios de radiodifusión".

 

El comunicado de Corral enlistó, como los grupos más beneficiados, a Radiorama, ACIR, Radio Fórmula, OIR, ABC-OEM, Cadena RASA y Grupo Imagen, ya que entre estos siete grupos se llevarán 222 estaciones en FM, adicionales a las que ya tienen en AM.

 

Vulnerabilidad

 

Datos de la SCT revelan que el acuerdo firmado por Luis Téllez se emitió cuando buena parte de los concesionarios y permisionarios de AM se encuentran en un estado de indefinición jurídica.

 

De las 854 estaciones de esa banda registradas en la página electrónica de la SCT, 91 están en proceso de refrendar sus concesiones. La mayoría de éstas son estaciones permisionadas dependientes de los gobiernos estatales o de las universidades públicas, pero a 97 se les venció la concesión entre 2006 y 2008. Casualmente, a 28 estaciones se les vence la concesión de AM en 2009.

 

Es decir, en total 216 estaciones están en condiciones de vulnerabilidad política e indefinición jurídica. Ante la ausencia de una nueva ley de radio y televisión, dependen de las condiciones que impongan la Cofetel, la SCT y ahora la Secretaría de Gobernación para renovar sus títulos.

 

Una de las estaciones a las que se les vence la concesión el 9 de diciembre de 2008 es XEGS-AM, de Roque Chávez Castro, dirigente de la agrupación de Radiodifusores Independientes, organismo que agrupa a cerca de 200 difusoras en esa banda que no pertenecen a ninguno de los grandes grupos radiofónicos, y que desde 2006 han pedido facilidades para migrar a FM.

 

Chávez Castro, fuerte crítico de los acuerdos cupulares entre la dirigencia de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT) y las autoridades federales, se pronunció a favor del acuerdo publicado el lunes 15, pero subrayó que persiste la incertidumbre por el proceso de refrendo que afecta a la mayoría de los radiodifusores independientes como él.

 

Tan sólo en el Distrito Federal, asiento de los grandes grupos radiofónicos, las estaciones de AM tienen vigentes sus concesiones hasta 2016, pero en entidades como Coahuila, Sonora, Oaxaca, Tabasco y Guerrero la gran mayoría de los concesionarios tienen vencidas sus frecuencias, y las estaciones permisionadas no han concluido su proceso de refrendo.

 

La indefinición jurídica es mayor en las estaciones de FM. De las 634 que existen actualmente, entre concesionadas y permisionadas, 198 están en proceso de refrendo y 108 tienen vencidas sus frecuencias. Es decir que 306 están en situación de vulnerabilidad.

 

Esta incertidumbre coloca en una situación precaria tanto a las estaciones de AM, que buscarán una frecuencia adicional en FM, como a las que ya existen en esta banda.

 

Previsibles, los amparos

 

El senador Manlio Fabio Beltrones advierte que el PRI buscará, entre otras medidas legislativas, que los refrendos se realicen de manera automática y sin mayores trabas administrativas.

 

-¿Qué importancia tiene la radio en AM? -se le plantea.

 

-Sigue siendo el medio por excelencia para comunicarse con la población -advierte el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado-; recordemos cómo se quejaron algunos concesionarios cuando hicimos las reformas constitucionales y legales en materia electoral. Hoy es la hora de compensarlos, porque también hay que ponerlos en condiciones de igualdad para la competencia.

 

-Sobre todo frente a la televisión.

 

-Si queremos democratizar los medios de comunicación, más que aspirar a hacerle daño a alguno de los medios, lo que tenemos que intentar es poner en igualdad de condiciones a los demás tenedores de concesiones. Creo que es una forma positiva de ver las cosas.

 

-¿Buscaba su iniciativa beneficiar a grupos como Radio Fórmula o ACIR?

 

-Nada más alejado de la realidad. Nuestra iniciativa busca beneficiar a los tenedores de una o dos estaciones en AM, pero difícilmente se puede redactar una iniciativa alrededor de los "no" en la cual se excluya a algunos que posiblemente puedan resultar beneficiados, pero no eran los recipiendiarios originales. Si alguien sabe cómo redactar una iniciativa poniéndole ‘pero se debe excluir a fulano o perengano’, estoy a sus órdenes para que me digan cómo hacerlo.

 

A su vez, Javier Corral señala que medidas como ésa "soslayan muchas de las disposiciones que el año pasado estableció la Suprema Corte de Justicia acerca de poner a licitación toda nueva asignación y refrendos de concesiones para radio y televisión".

 

Corral, impulsor de la acción de anticonstitucionalidad contra la Ley Televisa, advierte que el acuerdo implica "la adjudicación de una nueva concesión, adicional a la que ya tienen los empresarios con frecuencias en AM".

 

Y sintetiza: "Lo que ahí se establece cierra la posibilidad de nuevos entrantes a la banda de Frecuencia Modulada, saturando esa porción del espectro con los mismos operadores y reproduciendo la concentración de cientos de frecuencias en docenas de radiodifusores".

 

La especialista Clara Luz Álvarez, excomisionada de la Cofetel, opinó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría frenar el acuerdo de la SCT:

 

"Es algo inconstitucional. La Constitución señala que toda atribución (dada a alguna dependencia) debe estar establecida en la ley, y en este caso no es así. Creo que hubiera sido mejor que se lanzara una licitación y en igualdad de circunstancias se prefiriera a los concesionarios de AM, pero así nada más, darles una estación en FM porque hay avances tecnológicos, pues no", advirtió Álvarez en el periódico El Financiero.

 

No obstante, especialistas jurídicos en el Senado, consultados por Proceso, especifican que el acuerdo no constituye un problema de constitucionalidad, sino de legalidad, y que ciertas reglas pueden ser impugnadas ante el Tribunal de Justicia Fiscal Administrativa o bien podrían generar amparos por parte de algunos concesionarios de AM que consideren que el acuerdo no favorece condiciones de igualdad y contiene medidas discrecionales.