Vericuetos de la Memoria
Por Daniela Estrada
SANTIAGO, (IPS) – La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, ya puso
la primera piedra del futuro Museo de la Memoria y los Derechos Humanos,
uno de sus proyectos más preciados, que, no obstante, genera críticas y
desconfianzas.
"El Museo va a dar cuenta de las violaciones a los derechos humanos de la
dictadura militar, entre 1973 y 1990, en el marco de los dos informes de
la verdad", explicó a IPS María Luisa Sepúlveda, quien dirige la Comisión
Presidencial de Derechos Humanos, formada por Bachelet en 2006.
Sepúlveda se refiere a los textos de la Comisión Nacional de Verdad y
Reconciliación, de 1991, y de la Comisión Nacional sobre Prisión Política
y Tortura, de 2004, que identifican a los más de 3.000 opositores
asesinados o detenidos-desaparecidos por la dictadura del hoy fallecido
general Augusto Pinochet (1915-2006) y los más de 35.000 torturados en ese
periodo.
El objetivo del Museo "es dignificar a las víctimas, educar para el
‘nunca más’, poder expresar lo que pasó y mostrar cuáles fueron las
expresiones de solidaridad y de defensa de los derechos humanos" en ese
lapso histórico, especificó.
En 2007, el gobierno llamó a una licitación internacional para la
construcción del edificio de 5.600 metros cuadrados, que estará ubicado en
la zona poniente de la comuna de Santiago, cerca de otros museos y centros
culturales.
El concurso fue adjudicado al equipo del arquitecto brasileño Mario
Figueroa Rosales, integrado por profesionales de la Universidad de Sao
Paulo.
Además del Museo, el proyecto considera una Plaza de la Memoria y
estacionamientos subterráneos. En total, serán edificados 10.200 metros
cuadrados, con un costo aproximado de 11.270 millones de pesos (unos 17,6
millones de dólares).
La inauguración está prevista para noviembre de 2009, cuatro meses
antes de que Bachelet termine su periodo presidencial de cuatro años.
El "diseño museográfico" también se definirá por licitación. "Vamos a
tener informes jurídicos, testimonios, fotografías, documentos
audiovisuales, archivos de prensa", además de objetos, detalló Sepúlveda.
La exposición permanente será acompañada de muestras transitorias y
además habrá espacios para conferencias y debates.
Por otra parte, la Comisión encargó un estudio para determinar cuál es
el modelo de gestión más apropiado para el Museo. La decisión final se
comunicará a más tardar en junio del próximo año, informó Sepúlveda.
El gobierno ha sido asesorada por la Coalición Internacional de Sitios
de Conciencia, una red mundial de lugares históricos "dedicados a
conmemorar eventos pasados de lucha por la justicia" y que se ocupan de su
legado en la actualidad.
Hasta ahora, el Parque por la Paz Villa Grimaldi, inaugurado en 1996 en
uno de los más emblemáticos centros de detención, tortura y exterminio de
la dictadura, es el único sitio chileno de los 17 acreditados por la
Coalición.
Para materializar la colección del Museo, el gobierno también se asoció
a la Corporación Casa de la Memoria, integrada por tres organizaciones
chilenas de defensa de los derechos humanos.
Se trata de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del
Pueblo (Codepu), la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas
(Fasic) y el Programa de Apoyo a la Infancia Dañada por los Estados de
Emergencia (Pidee), más la productora Nueva Imagen, ex Teleanálisis.
En 2003, los documentos históricos de estas cuatro instituciones,
sumados a los de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, la Agrupación de
Familiares de Detenidos Desaparecidos (Afdd), la Corporación Justicia y
Democracia y la Fundación Archivos de la Vicaria de la Solidaridad, fueron
integrados por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura a su registro patrimonial "La Memoria del Mundo".
La presidenta de la Afdd, Lorena Pizarro, señaló a IPS que esa entidad
no ha participado en el diseño del Museo de la Memoria y que "evaluarán en
el camino" su apoyo a la iniciativa "de acuerdo a las directrices que ésta
vaya tomando".
Hasta ahora han tenido dos reuniones con los integrantes de la
Comisión, en las que plantearon "los contenidos que debiera tener el
museo". "En relación a eso, vamos a resolver nuestra participación o no",
remarcó la dirigente.
"Estamos en contra de esas memorias que, al final se transforman en
antimemorias, que apuntan hacia las responsabilidades compartidas, donde
todo pasa por un tema de perdón y reconciliación", advirtió.
"Sentimos que lo que hay que contar es la verdad de lo que ocurrió bajo
la dictadura, cómo se gestó el golpe (de Estado), reivindicar a las
víctimas y entregar un mensaje hacia el futuro con mucho contenido de lo
que fue la lucha y la resistencia", resumió.
Además, según Pizarro, el museo debe ser "un paso más" dentro de una
política de educación en derechos humanos del Estado, que a su juicio hoy
no existe.
"Los informes de la verdad no son textos repartidos a nivel nacional a
las organizaciones sociales ni a los establecimientos educacionales. Es
más, en ellos se esconde el nombre de los responsables de los crímenes",
criticó. La principal desconfianza radica en el hecho de que, a su juicio, desde
1990, cuando Chile recuperó la democracia, se ha tratado de "avanzar en la
medida de lo posible, trastocando la verdad de lo que aquí ocurrió".
"Nuestra organización no está dispuesta a participar en una iniciativa
que contenga una historia que no sea la real", advirtió.
Aunque Sepúlveda define la relación con las agrupaciones de víctimas
como "positiva" y de "mucha colaboración", reconoce que "con unas estamos
en procesos más adelantados que con otras". Las organizaciones de
regiones, por ejemplo, "temen que el Museo no sea capaz de representar lo
que a ellos les pasó", comenta.
En materia de educación en derechos humanos, la presidenta de la
Comisión adelantó que le pidieron al Ministerio de Educación que analice
la forma en que se puede utilizar el Museo como instancia pedagógica.
En la otra vereda, también hay críticas sobre la "historia" que contará
el museo.
Ángel Soto, académico de la Universidad privada de Los Andes, ligada a
la prelatura católica del Opus Dei, valoró la iniciativa, pero cuestionó
el punto de partida de la memoria.
Si comienza el 11 de septiembre de 1973, cuando fue derrocado a sangre
y fuego el gobierno democrático del socialista Salvador Allende, iniciado
en 1970, "podríamos encontrarnos con un museo de la memoria muy parcial",
porque no abundaría en las causas del golpe de Estado, comentó a IPS el
historiador.
"¿Quién da las garantías de que esto no va a ser una historia oficial
instrumentalizada?", se preguntó. Los órganos de represión de la
dictadura, como las hoy disueltas Dirección Nacional de Inteligencia
(Dina) y su sucesora, la Central Nacional de Informaciones, "no salieron
de la nada", arguyó.
En este sentido, Soto propone que el comité editorial del Museo "esté
ampliamente representado con gente de todos los sectores".
"Las causas (del golpe militar de 1973) pueden haber sido las más
variadas y graves, pero nunca podemos justificar las violaciones a los
derechos humanos. Esa es la base de nuestro museo. Esa es la arbitrariedad
que tiene", respondió Sepúlveda.
"La arbitrariedad está puesta (en el mensaje) de que no es posible
pensar que alguna vez es justificable torturar a otro ser humano, hacer
desaparecer a otro ser humano, sólo porque está en contra del proyecto
político que se quiere instalar. A eso apuntamos", dijo.
Es imposible dejar a todos satisfechos, reconoce. "Por un lado, siempre
hay una tensión entre el mundo de las víctimas y las respuestas que da el
Estado", observó.
"Por otro lado, hay un sector de la sociedad que le da temor este tema
porque siente (que los atropellos a los derechos humanos) tienen alguna
justificación", apunta.
No obstante, recalcó que "este va a ser un museo en desarrollo, que
puede ampliarse, ya que va a estar abierto a la reflexión y a la
discusión".
En la ceremonia de colocación de la primera piedra del Museo, el 10 de
este mes, la propia mandataria se hizo cargo del tema: "habrá distintas
interpretaciones acerca de las causas del quiebre democrático, habrá
distintas interpretaciones acerca del legado del régimen autoritario, pero
sobre el costo humano que Chile pagó, no debería haber discrepancias".
(FIN/IPS/de/dm/hd ip cr ae/sl la/08)