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Vericuetos de la Memoria

 


Por Daniela Estrada


SANTIAGO,  (IPS)  – La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, ya puso 

la primera piedra del futuro Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, 

uno de sus proyectos más preciados, que, no obstante, genera críticas y 

desconfianzas.

 

"El Museo va a dar cuenta de las violaciones a los derechos humanos de la 

dictadura militar, entre 1973 y 1990, en el marco de los dos informes de 

la verdad", explicó a IPS María Luisa Sepúlveda, quien dirige la Comisión 

Presidencial de Derechos Humanos, formada por Bachelet en 2006.

 

  Sepúlveda se refiere a los textos de la Comisión Nacional de Verdad y 

Reconciliación, de 1991, y de la Comisión Nacional sobre Prisión Política 

y Tortura, de 2004, que identifican a los más de 3.000 opositores 

asesinados o detenidos-desaparecidos por la dictadura del hoy fallecido 

general Augusto Pinochet (1915-2006) y los más de 35.000 torturados en ese 

periodo.

 

  El objetivo del Museo "es dignificar a las víctimas, educar para el 

‘nunca más’, poder expresar lo que pasó y mostrar cuáles fueron las 

expresiones de solidaridad y de defensa de los derechos humanos" en ese 

lapso histórico, especificó.

 

  En 2007, el gobierno llamó a una licitación internacional para la 

construcción del edificio de 5.600 metros cuadrados, que estará ubicado en 

la zona poniente de la comuna de Santiago, cerca de otros museos y centros 

culturales.

 

  El concurso fue adjudicado al equipo del arquitecto brasileño Mario 

Figueroa Rosales, integrado por profesionales de la Universidad de Sao 

Paulo.

 

  Además del Museo, el proyecto considera una Plaza de la Memoria y 

estacionamientos subterráneos. En total, serán edificados 10.200 metros 

cuadrados, con un costo aproximado de 11.270 millones de pesos (unos 17,6 

millones de dólares).

 

  La inauguración está prevista para noviembre de 2009, cuatro meses 

antes de que Bachelet termine su periodo presidencial de cuatro años.

 

  El "diseño museográfico" también se definirá por licitación. "Vamos a 

tener informes jurídicos, testimonios, fotografías, documentos 

audiovisuales, archivos de prensa", además de objetos, detalló Sepúlveda.

 

  La exposición permanente será acompañada de muestras transitorias y 

además habrá espacios para conferencias y debates.

 

  Por otra parte, la Comisión encargó un estudio para determinar cuál es 

el modelo de gestión más apropiado para el Museo. La decisión final se 

comunicará a más tardar en junio del próximo año, informó Sepúlveda.

 

  El gobierno ha sido asesorada por la Coalición Internacional de Sitios 

de Conciencia, una red mundial de lugares históricos "dedicados a 

conmemorar eventos pasados de lucha por la justicia" y que se ocupan de su 

legado en la actualidad.

 

  Hasta ahora, el Parque por la Paz Villa Grimaldi, inaugurado en 1996 en 

uno de los más emblemáticos centros de detención, tortura y exterminio de 

la dictadura, es el único sitio chileno de los 17 acreditados por la 

Coalición.

 

  Para materializar la colección del Museo, el gobierno también se asoció 

a la Corporación Casa de la Memoria, integrada por tres organizaciones 

chilenas de defensa de los derechos humanos.

 

  Se trata de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del 

Pueblo (Codepu), la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas 

(Fasic) y el Programa de Apoyo a la Infancia Dañada por los Estados de 

Emergencia (Pidee), más la productora Nueva Imagen, ex Teleanálisis.

 

  En 2003, los documentos históricos de estas cuatro instituciones, 

sumados a los de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, la Agrupación de 

Familiares de Detenidos Desaparecidos (Afdd), la Corporación Justicia y 

Democracia y la Fundación Archivos de la Vicaria de la Solidaridad, fueron 

integrados por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura a su registro patrimonial "La Memoria del Mundo".

 

  La presidenta de la Afdd, Lorena Pizarro, señaló a IPS que esa entidad 

no ha participado en el diseño del Museo de la Memoria y que "evaluarán en 

el camino" su apoyo a la iniciativa "de acuerdo a las directrices que ésta 

vaya tomando".

 

  Hasta ahora han tenido dos reuniones con los integrantes de la 

Comisión, en las que plantearon "los contenidos que debiera tener el 

museo". "En relación a eso, vamos a resolver nuestra participación o no", 

remarcó la dirigente.

 

  "Estamos en contra de esas memorias que, al final se transforman en 

antimemorias, que apuntan hacia las responsabilidades compartidas, donde 

todo pasa por un tema de perdón y reconciliación", advirtió.

 

  "Sentimos que lo que hay que contar es la verdad de lo que ocurrió bajo 

la dictadura, cómo se gestó el golpe (de Estado), reivindicar a las 

víctimas y entregar un mensaje hacia el futuro con mucho contenido de lo 

que fue la lucha y la resistencia", resumió.

 

  Además, según Pizarro, el museo debe ser "un paso más" dentro de una 

política de educación en derechos humanos del Estado, que a su juicio hoy 

no existe.

 

  "Los informes de la verdad no son textos repartidos a nivel nacional a 

las organizaciones sociales ni a los establecimientos educacionales. Es 

más, en ellos se esconde el nombre de los responsables de los crímenes", 

criticó.   La principal desconfianza radica en el hecho de que, a su juicio, desde 

1990, cuando Chile recuperó la democracia, se ha tratado de "avanzar en la 

medida de lo posible, trastocando la verdad de lo que aquí ocurrió".

 

  "Nuestra organización no está dispuesta a participar en una iniciativa 

que contenga una historia que no sea la real", advirtió.

 

  Aunque Sepúlveda define la relación con las agrupaciones de víctimas 

como "positiva" y de "mucha colaboración", reconoce que "con unas estamos 

en procesos más adelantados que con otras". Las organizaciones de 

regiones, por ejemplo, "temen que el Museo no sea capaz de representar lo 

que a ellos les pasó", comenta.

 

  En materia de educación en derechos humanos, la presidenta de la 

Comisión adelantó que le pidieron al Ministerio de Educación que analice 

la forma en que se puede utilizar el Museo como instancia pedagógica.

 

  En la otra vereda, también hay críticas sobre la "historia" que contará 

el museo.

 

  Ángel Soto, académico de la Universidad privada de Los Andes, ligada a 

la prelatura católica del Opus Dei, valoró la iniciativa, pero cuestionó 

el punto de partida de la memoria.

 

  Si comienza el 11 de septiembre de 1973, cuando fue derrocado a sangre 

y fuego el gobierno democrático del socialista Salvador Allende, iniciado 

en 1970, "podríamos encontrarnos con un museo de la memoria muy parcial", 

porque no abundaría en las causas del golpe de Estado, comentó a IPS el 

historiador.

 

  "¿Quién da las garantías de que esto no va a ser una historia oficial 

instrumentalizada?", se preguntó. Los órganos de represión de la 

dictadura, como las hoy disueltas Dirección Nacional de Inteligencia 

(Dina) y su sucesora, la Central Nacional de Informaciones, "no salieron 

de la nada", arguyó.

 

  En este sentido, Soto propone que el comité editorial del Museo "esté 

ampliamente representado con gente de todos los sectores".

 

  "Las causas (del golpe militar de 1973) pueden haber sido las más 

variadas y graves, pero nunca podemos justificar las violaciones a los 

derechos humanos. Esa es la base de nuestro museo. Esa es la arbitrariedad 

que tiene", respondió Sepúlveda.

 

  "La arbitrariedad está puesta (en el mensaje) de que no es posible 

pensar que alguna vez es justificable torturar a otro ser humano, hacer 

desaparecer a otro ser humano, sólo porque está en contra del proyecto 

político que se quiere instalar. A eso apuntamos", dijo.

 

  Es imposible dejar a todos satisfechos, reconoce. "Por un lado, siempre 

hay una tensión entre el mundo de las víctimas y las respuestas que da el 

Estado", observó.

 

  "Por otro lado, hay un sector de la sociedad que le da temor este tema 

porque siente (que los atropellos a los derechos humanos) tienen alguna 

justificación", apunta.

 

  No obstante, recalcó que "este va a ser un museo en desarrollo, que 

puede ampliarse, ya que va a estar abierto a la reflexión y a la 

discusión".

 

  En la ceremonia de colocación de la primera piedra del Museo, el 10 de 

este mes, la propia mandataria se hizo cargo del tema: "habrá distintas 

interpretaciones acerca de las causas del quiebre democrático, habrá 

distintas interpretaciones acerca del legado del régimen autoritario, pero 

sobre el costo humano que Chile pagó, no debería haber discrepancias".

(FIN/IPS/de/dm/hd ip cr ae/sl la/08)