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¿Enjuiciará Obama a los torturadores de Bush?


Por Bernardo González Solano / Revista Siempre!

 

A poco más de cien días de haber tomado el poder en Estados Unidos, el recién encanecido presidente Barack Husein Obama, de apenas 47 años de edad, cuyas primeras canas le aparecieron a los 44 días de llegar a la Casa Blanca, está totalmente conciente de que el prometer no empobrece, el dar es el que aniquila, lo que demuestra que la oratoria ofertaria de la campaña, por más escabrosa que ésta haya sido, no tiene nada que ver con la realidad cotidiana.
Aunque al cumplir los primeros cien días de su gobierno, continúa teniendo un alto índice de popularidad, el 68% (sólo superado por el de su esposa Michelle, de 45 años, que tiene el 84%), marca que no se rompía desde los años 50 cuando el mítico John Fitzgerald Kennedy obtuvo el 83% y su antecesor, el general Dwight David Eisenhower, el héroe de la Segunda Guerra Mundial, alcanzaba el 72%, el mandatario mulato sabe que más pronto que tarde el encanto de la obamanía se reducirá al tiempo que la realidad imponga su inmediatez. 

A cumplir promesas

No obstante, dentro de lo posible, Obama ha empezado a cumplir algunas de sus promesas electorales. Aparte de la crisis económica que le acapara la mayor parte de sus esfuerzos, Obama desde el inicio de su mandato justificó su actuar en la cuestión de los derechos del hombre tan menospreciado por su antecesor, George Walker Bush.
En la conferencia de prensa que ofreció en Washington el miércoles 29 de abril último con motivo de sus primeros cien días, Obama trató de tranquilizar a la izquierda estadounidense, sobre todo demócrata, que estima que avanza muy lentamente sobre la cuestión de los derechos humanos y que busca una ruptura definitiva con la administración de George Bush. No sólo en lo interno, sino en el exterior. Quizá los excesos antijurídicos del anterior mandatario estadounidense fueron la principal razón del rampante antinorteamericanismo que ahora priva en el planeta.

La doctrina del secreto de Estado

Obama trató de rectificar la impresión de “ambivalencia” que se desprende de algunas de sus decisiones, según la expresión de Amnesty Internacional. Esta asociación, a semejanza de Human Rights Watch, deploró el hecho que la administración Obama continúe invocando el secreto de Estado para impedir las diligencias jurídicas.
Algunos casos recientes han avivado el asunto. Por ejemplo, en San Francisco, se presentó el caso de cinco víctimas del sistema de “entrega” (por el cual los sospechosos son transferidos al extranjero para ser interrogados). El martes 28 de abril, la corte de apelación del noveno circuito rechazó la pretensión del gobierno para cerrar el expediente arguyendo secreto de Estado. Por unanimidad, los jueces decidieron que las víctimas estaban en su derecho de entablar investigaciones.
Obama temporizó en el asunto, afirmando que la actitud del gobierno aún no era definitiva: “Pienso que la doctrina del secreto de Estado debería ser modificada. Actualmente dicha doctrina va muy lejos”.
Obama explicó que su administración apenas empezó: “Apenas estamos aquí hace pocas semanas y ya enfrentamos este proceso. No hemos tenido el tiempo de reflexionar y profundizar en lo que sería una reforma de la doctrina”.
Y agregó que el ministro de Justicia trabajaba, en los momentos en que él hablaba, “en elaborar la nueva posición del gobierno” sobre el particular.
Asimismo, Obama calificó el waterboarding (simulacro de ahogamiento utilizado en algunas cárceles ilegales dispuestas por el gobierno de Bush) como una forma de tortura. Rechazó especificar si la administración Bush debería ser considerada culpable por el uso de este método de interrogación. Pero claramente declaró que el cuadro jurídico que había sido puesto en funcionamiento por su predecesor era un “error”.
A lo que hay que agregar que la divulgación de los memoranda jurídicos de 2002 y 2005 mediante los que se autorizaba a la CIA a practicar esos métodos es una de las decisiones de la administración Obama que más divide a los estadounidenses en estos momentos, no obstante que forman parte de las principales demandas que ha hecho la sociedad de Estados Unidos.
Así, Obama ha defendido su posición estimando que la Unión Americana sale reforzada cuando “defiende sus ideales”. Al ser interrogado por la prensa si eventualmente autorizaría el waterboarding, el mandatario estadounidense nacido en Hawai citó un artículo que recién había leído en el que se narraba que el primer ministro inglés Winston Spencer Churchill declinó recurrir a la tortura aunque en aquellos momentos Londres sufría el feroz bombardeo de la aviación nazi. El presidente Obama dijo: “Yo haré todo lo que sea necesario para la seguridad de los americanos. Pero estoy absolutamente convencido que la mejor manera de hacerlo es de asegurar que no recurrimos a lo que perjudique lo que verdaderamente somos”.
La prohibición de esos métodos ilegales colocan a Estados Unidos en “una posición mucho más fuerte”, precisó Obama.

Guerra burocrática

De tal suerte, bajo una fuerte presión popular y política para que este capítulo no sea cerrado, el presidente Obama dejó la puerta abierta para que eventualmente se presente ante la justicia a los responsables que diseñaron el entramado legal que dejó que se torturara a sospechosos de terrorismo durante el mandato de Bush.
No obstante, muchos republicanos fieles al pasado mandatario, así como el ex vicepresidente Dick Cheney, han declarado una guerra burocrática contra el nuevo presidente. Esto no es nuevo, como líder de la fracción Chicken Little del Partido Republicano, la carrera de Dick Cheney, al que muchos consideraron que fue el vicepresidente con mayor poder e influencia en la historia, demuestra su habilidad para las intrigas subrepticias. En el libro Dark Side, de Jane Mayer, se afirma que a Cheney “lo traumatizó el 11-S. El pobre se volvió paranoico. No puedo culparlo por querer mantener seguro a EU. Pero estaba dispuesto a corromper a todo el país a fin de salvarlo”.
Además, según explica el periodista Gene Lyons, de la agencia Saloon de Washington “un enfoque menos benigno podría ser que el llegar a la vicepresidencia finalmente le dio a Cheney el poder de manipular a la CIA”.
Lyons agrega: “Después de que el colapso del Muro de Berlín probó que la CIA había sobrestimado dramáticamente el poder soviético, Cheney, Rummy, Wolfie y el resto de la palomilla (republicana, NDR) encontraron una nueva obsesión. Llamándose Proyecto para un nuevo Siglo Estadounidense urgieron a Bill Clinton a invadir Irak en 1990. Luego sería Irán y habría un imperio estadounidense desde el Mediterráneo hasta los Himalaya”.
De acuerdo a Lyons, “esta no es una pelea que haya deseado Obama, pero Cheney la está convirtiendo en una que le resultará imposible evitar. Sólo una investigación completa y a gran escala podrá cauterizar esta herida”.

Paso a la justicia

Aunque Obama no ha dicho la última palabra, los analistas coincidieron en afirmar que el mandatario cedió el 21 de abril el paso a la justicia y dijo que dependía del criterio jurídico del fiscal general —Eric Holder— juzgar o no a los abogados de la administración de Bush (John Yoo, Jay Bybee y Steven Bradbury) que redactaron los memorada que permitían la tortura.
Obama declaró que los informes sobre tortura son la mejor prueba de la “pérdida de los valores morales de Estados Unidos. Estamos ante un capítulo muy difícil de nuestra historia”, dijo.
Asimismo, el inquilino de la Casa Blanca se mostró contrario a la creación de una comisión de la verdad, pero favorable a que el Congreso investigue de forma “bipartidista, independiente y mirando hacia el futuro”.
Pero si con hacer públicos los documentos de la tortura la Casa Blanca creyó que cerraba un capítulo “doloroso y oscuro”, estaba muy equivocada. La mayoría de los analistas manifiestan que todo indica que el debate y sus consecuencias no han hecho más que empezar. Cabe recordar que hasta la ONU, mediante un informe presentado en Viena por el relator contra la tortura, Manfred Nowak, afirmó que los funcionarios estadounidenses que diseñaron la política de interrogatorios rudos a sospechosos de terrorismo “deben ser juzgados como cómplices de tortura”.
No obstante, el propio relator de la ONU elogió a Obama por haber puesto fin a esas técnicas de interrogatorios y por ordenar el cierre del campo de detención en Guantánamo, Cuba.
En fin, dentro del campo demócrata también hay enfrentamientos. Mientras que la presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, pidió la creación de una comisión para investigar esas prácticas de tortura, su correligionario y homólogo en el Senado Harry Reid declinó apoyar la solicitud de Pelosi.
Para que nada falte en este caso, apenas el día 6 de mayo, el Departamento de Justicia concluyó una investigación interna sobre la actuación de los tres abogados republicanos antes citados. En sus conclusiones —borrador que consta de 320 páginas— se sostiene que los abogados cometieron “serios errores de apreciación” al redactar los textos, pero que no deben ser procesados por ello. Se recomienda, de forma explícita, su sanción o que sean apartados de la carrera judicial. Ahora, estas conclusiones se presentarán al fiscal general, Eric Holder, para su aprobación final.
En pocas palabras, este problema es un asunto que Barack Obama no solucionará en pocos días.