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Bush apuesta fuerte en sus últimas semanas

 

 

        Análisis de Gareth Porter*


WASHINGTON,  (IPS)  .- La amenaza de retirar la

asistencia económica y militar a Iraq si no

acepta la inmunidad de los militares

estadounidenses apostados en el país fue, para el

gobierno de George W. Bush, una apuesta fortísima.

 

   La mayoría de los políticos iraquíes se

oponen tanto a legitimar formalmente la presencia

militar de Estados Unidos en territorio de su

país –y en particular de darles

extraterritorialidad legal a esos soldados– que

es improbable que incluso esa amenaza salve el pacto.

 

   A la mayoría de los iraquíes, el pacto les

recuerda demasiado al desigual acuerdo de

seguridad que le atribuyó facultades

excepcionales a Gran Bretaña en este país del

Golfo Pérsico (o Arábigo) entre 1930 y 1958.

 

   El paralelo histórico redunda en una

sensación de dominio imperialista. A los

dirigentes políticos y legisladores les resulta

peligroso que se los perciba avalando un acuerdo

que le conceda privilegios especiales a Estados Unidos.

 

   El general Ray Odierno, comandante de las

fuerzas de Estados Unidos en Iraq, advirtió a las

autoridades en Bagdad que perderían 16.000

millones de dólares en asistencia económica,

militar y de seguridad en caso de que el parlamento rechazara el acuerdo.

 

   La noticia, publicada por la cadena

estadounidense de diarios y publicaciones

electrónicas McClatchy, dejó en evidencia la

desesperación que se ha apoderado de Washington

ante la resistencia iraquí al pacto.

 

   La amenaza estaba contenida en un documento

de tres páginas en que se enumeraban todos los

proyectos de asistencia que Estados Unidos

eliminaría de rechazarse el acuerdo, informó

desde Bagdad la periodista Leila Fadel, de McClatchy.

 

   El documento fue entregado la semana pasada a altos funcionarios 

iraquíes.

 

   El diario USA Today informó luego que la

lista incluye "decenas" de actividades, como el

entrenamiento de las fuerzas de seguridad, las

patrullas en las fronteras y cursos fluviales y

el control de tráfico y la defensa aérea. Todo

eso deberá interrumpirse sin una base legal para

la presencia militar de Estados Unidos.

 

   Sin embargo, ni la asistencia económica ni

las ventas de armas requieren ningún acuerdo de

ese tipo. La amenaza de frenar esa asistencia es

un intento obvio por presionar a todo el sistema

político iraquí con el fin de que acepte el pacto.

 

   Evidentemente, la apuesta de Estados Unidos

se basa sobre el supuesto de que a funcionarios y

parlamentarios iraquíes los conmocionará la

repentina pérdida de la ayuda de la que tanto

dependieron. El vicepresidente iraquí Tariq al

Hashimi dijo que el gobierno había sido tomados por sorpresa.

 

   Pero en la actual atmósfera política, la

amenaza estadounidense parece fortalecer la

determinación del primer ministro Nouri al-Maliki

a exigir cambios al "borrador final" del pacto,

el cual el gobierno de Bush creía ya acordado a

comienzos de mes. Washington se niega a enmendarlo.

 

   Según el diario The Washington Post, los

ministros iraquíes decidieron que el pacto debe

ceder a las autoridades nacionales más autoridad

legal sobre los soldados estadounidenses acusados de delitos.

 

   El borrador actual limita la jurisdicción de

la policía y de la justicia iraquí a delitos

cometidos por militares estadounidenses fuera de

las bases donde están apostados y que no estén cumpliendo misiones.

 

   Pero Estados Unidos considera que ya cedió

más autoridad a los tribunales iraquíes de la

prevista en cualquier acuerdo anterior.

 

   The Washington Post informó que el gobierno

iraquí también procuraba confirmar para 2011 la

retirada total de las tropas estadounidenses, así

como prohibir explícitamente cualquier ataque

contra países vecinos desde bases instaladas en su territorio.

 

   Este reclamo responde a la operación comando

estadounidense por la cual se aniquiló a ocho

supuestos combatientes de la red extremista Al

Qaeda en territorio sirio, lanzada desde Iraq el fin de semana pasado.

 

   Quienes creen en la ineficacia de la táctica

negociadora de Bush será ineficaz prevén que el

gobierno esperarán al próximo periodo de gobierno

estadounidense, posiblemente encabezado por el

hoy opositor senador Barck Obama, que mantendría una postura menos 

agresiva.

 

   El legislador chiita Ali al-Adeeb, allegado a

Maliki, dijo la semana pasada que al primer

ministro no lo intimidan las amenazas

estadounidenses porque confía en que podrá

negociar con un nuevo gobierno a partir del 20 de

enero, cuando Bush se mudará de la Casa Blanca.

 

   Pero más importante es la percepción del

público iraquí sobre las similitudes entre el

acuerdo propuesto y el desigual vínculo militar

que unió al país con Gran Bretaña durante décadas.

 

   Mientras preparan la campaña electoral del

año próximo, los dirigentes políticos de Iraq

temen que la firma de un documento como el

propuesto por Estados Unidos les reste posibilidades.

 

   Quien acepte el acuerdo "será considerado

agente de Estados Unidos", dijo el vicepresidente

del partido chiita Consejo Islámico Supremo de Iraq, Jalal al Din al 

Sagheer.

 

   Maliki y otros dirigentes de todos los

partidos recuerdan muy bien el precio que pagaron

sus antecesores que no cedieron a la presión

nacionalista para revisar el tratado anglo-iraquí

de 1930, que dio privilegios militares a la

antigua metrópoli a cambio de una independencia limitada.

 

   Cuando se revisó el tratado en 1948, con

miras a extenderlo 20 años más, los británicos

acordaron evacuar sus bases, pero se atribuyeron

el derecho a regresar ante una eventual guerra.

 

   El pacto desató protestas masivas en Bagdad.

La policía mató a 400 personas en la represión.

El primer ministro Salih Jaber se vio obligado a renunciar.

 

   En 1955, ante la presión del entonces

presidente estadounidense Dwight Eisenhower, el

primer ministro Nuri al-Said accedió a ingresar

en un acuerdo de defensa encabezado con Gran

Bretaña e integrado también por Turquía, Irán y

Pakistán, todos ellos enfrentados con la hoy disuelta Unión Soviética.

 

   Tres añso después, militares nacionalistas

dieron un golpe de Estado contra Al-Said, lo

mataron y pusieron fin al régimen monárquico.

 

* Gareth Porter es historiador y experto en

políticas de seguridad nacional de Estados

Unidos. "Peligro de dominio: Desequilibrio de

poder y el camino hacia la guerra en Vietnam", su

último libro, fue publicado en junio de 2005 y reeditado en 2006.

 

(FIN/IPS/traen-js-mj/gp/ks/mm na ik ip sp fe/08)