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El ‘Gobierno abierto’ da primeros pasos

 

 

       Por William Fisher


NUEVA YORK, (IPS)  .- El velo del secretismo

comienza a levantarse. Un juez federal de Estados

Unidos ordenó a la Agencia Central de

Inteligencia (CIA) que resumiera unos 3.000

documentos relacionados con su admitida

destrucción de 92 cintas de vídeo de prisioneros sometidos torturas.

 

   Al mismo tiempo, el Congreso legislativo

propuso la liberalización de la Ley de Libertad

de Información (FOIA, por sus siglas en inglés).

 

   La semana pasada, el fiscal general, Eric

Holder, presentó nuevas pautas para implementar

la norma, que ordena a todos los departamentos y

agencias gubernamentales a aplicar la presunción

de que los ciudadanos tienen derecho a acceder a documentos oficiales.

 

   Las nuevas pautas, anunciadas en un memorando

enviado a los jefes de las oficinas ejecutivas,

están basadas en los principios anunciados por el

propio presidente Barack Obama en su primer día

en el cargo, cuando llamó a "dejar pasar a una nueva era de gobierno 

abierto".

 

   Una de las primeras pruebas al nuevo enfoque

de la administración de Obama se produjo en un

tribunal federal, donde la Unión Estadounidense

de Libertades Civiles (ACLU) pidió a un juez que

ordenara a la CIA la divulgación de copias sin

editar de 3.000 resúmenes, transcripciones,

reconstrucciones y otros documentos relacionados

con cintas de vídeo que la agencia destruyó y en

las que estaban grabadas escenas de interrogatorios.

 

   Como la CIA se negó a revelar públicamente

esta información, así como los nombres de los

interrogados y de los testigos que habrían visto

esos vídeos, el magistrado Alvin K. Hellerstein

ordenó una revisión independiente aunque no

pública del material para la semana próxima y así

determinar si ha de ser mostrada al público.

 

   "El gobierno todavía retiene innecesariamente

información al público sobre estas cintas, a

pesar del hecho de que el uso de tortura por

parte de la CIA es bien conocido", dijo Amrit

Singh, de ACLU. "La plena revelación de los

métodos de interrogatorio ilegales de la CIA es

una cuenta pendiente de hace tiempo, y la agencia

debe ser responsabilizada por despreciar el imperio de la ley".

 

   Mientras, el Congreso toma pasos para poner

fin a los esfuerzos de la administración de

George W. Bush (2001-2009) para aumentar la

clasificación de documentos y así frustrar los

pedidos de información de los ciudadanos a través de la FOIA.

 

   La Cámara de Representantes aprobó un

proyecto de ley para terminar con lo que sus

impulsores llaman "pseudo-clasificación", esto

es, la creación de nuevas y ambiguas pautas para retener documentación 

oficial.

 

   Según el representante Steve Driehaus, del

gobernante Partido Demócrata, uno de sus

patrocinadores, el proyecto de ley no sólo sería

una gran ayuda para el público, sino que además

constituiría un intento de promover un "lenguaje común dentro del 

gobierno".

 

   En un editorial, el periódico The New York

Times señaló que el sello "de uso oficial

solamente" ha sido colocado indiscriminadamente

en todo tipo de documentos, aun cuando no hay una

regla común de lo que eso significa.

 

   El proyecto de la Cámara de Representantes

corregiría eso al establecer qué clasificar y

cómo, con particular énfasis en eliminar

categorías y poner fin a la práctica de retener

información no vital exigida por el público.

 

   Driehaus señaló que hubo 362.000 pedidos de

descalcificación citando la FOIA el año pasado, y

casi un tercio de ellos todavía deben ser

procesados. La ley exige que los encargados de

clasificar sean capacitados para la tarea, y que

sus nombres sean colocados en los documentos que

aprueban publicar, todo lo cual debe ser revisado

por los inspectores generales de los diferentes departamentos.

 

   En el Senado, legisladores también señalaron

su intención de mejorar la transparencia del

gobierno. Los senadores Patrick Leahy, demócrata,

y John Cornyn, del opositor Partido Republicano,

por lo general adversarios en el Congreso,

presentaron un proyecto para obligar a las

agencias del gobierno que respondan rápida y

efectivamente a los pedidos de desclasificación en base a la FOIA.

 

   El diario The New York Times señaló en un

editorial que ", según el último conteo, el

gobierno federal emplea 107 categorías diferentes

de información restringida

una de las cuales es

definida como ‘sensible pero desclasificada’".

 

   "Esto parece diseñado no para proteger

secretos legítimos, sino para fortalecer a los

burócratas. El resultado de esto ha sido socavar

el mandato de la FOIA de permitir que el público

ingrese en las actividades del gobierno, así de

simple y claro", añadió el diario.

 

   Las nuevas pautas para la FOIA elaboradas por

el fiscal general rescinden las aprobadas en 2001

por quien ocupara ese cargo entonces, John Ashcroft.

 

   "Al restaurar la presunción de la

desclasificación, que está en el corazón  de la

FOIA, estamos haciendo un cambio clave que

restaurará la capacidad del público para acceder

a la información en tiempo adecuado", dijo Holder.

 

   "El pueblo estadounidense tiene derecho a la

información sobre las actividades de su gobierno,

y estas nuevas pautas le asegurarán obtener esa

información bajo los principios de apertura y transparencia".

 

 

 

(FIN/IPS/traen-rp/wf/ks/na hd ip sp fe/09)