MyCityLinked

Browse By

MyCityLinked

Espionaje: todos contra todos

 

 

 

 

RODRIGO VERA / Revista proceso
 

Gobiernos locales, partidos políticos, empresas y hasta el crimen organizado realizan labores de in-teligencia para servir a sus intereses particulares. Nadie se salva de ser espiado, y todos lo hacen impunemente, asegura el investigador Enrique Condés Lara. Además, advierte que el Estado no sólo perdió el monopolio del espionaje, sino que es espiado por distintos actores. 

 

La salida de Luis Téllez de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), provocada por la filtración de llamadas telefónicas suyas, aparecía como el último escándalo provocado por el espionaje telefónico, una vieja práctica ilegal utilizada para la venganza y el chantaje político y que hoy, con los avances tecnológicos, ha cobrado mayor impulso.

Pero el último siempre es el siguiente…

Sin un marco legal que lo contenga, este espionaje dejó de ser monopolio de los servicios de inteligencia del Estado mexicano para ser utilizado ahora no sólo por los distintos partidos políticos, gobiernos locales o grupos empresariales, sino también por los cárteles del narcotráfico, cuyos equipos de inteligencia les permiten conocer con antelación los operativos policiacos en su contra.

Enrique Condés Lara, especialista en espionaje político, afirma:

“En la clase política mexicana, todos se espían unos a otros. Y quienes se quejan de ser espiados también practican el espionaje telefónico. Nadie se salva. Cuando eran oposición, los panistas se quejaban de ser espiados por los gobiernos del PRI, pero ahora ellos recurren a las mismas prácticas.

“Con el fin de conocer los movimientos del adversario, el espionaje también lo practican los gobiernos estatales y los partidos políticos. Incluso, en el gobierno se espía a los propios integrantes del gabinete presidencial.”

–¿El gobierno federal vigilándose a sí mismo? –se le plantea.

–Exactamente, pues los presidentes de la República necesitan saber qué traman sus subalternos, así le juren lealtad absoluta. No olvidemos que los secretarios de Estado concentran gran poder y, por lo tanto, pueden ocasionar alguna desestabilización.

“Todo esto ha provocado una terrible paranoia entre los políticos y funcionarios públicos. Para comprobarlo, basta hablarles por teléfono pidiéndoles alguna información, para que de inmediato reparen: ‘No, por teléfono nada’. La comunicación telefónica dejó de ser confiable.”

Condés Lara asegura que, tecnológicamente, ya es posible realizar la fantasía que el escritor George Orwell plasmó en su novela 1984, donde un ente omnímodo vigilaba la vida privada de las personas:

“Ya existen los recursos técnicos para llevar a cabo el acecho y la vigilancia permanente a la intimidad de las personas; la idea orwelliana del big brother empieza a realizarse”, dice Condés. 

–¿El Estado como un ente que todo lo vigila?

–No, en ese punto falló la profecía del big brother, que partía de un Estado fuerte y cerrado. Hoy vemos que el Estado no tiene el monopolio del espionaje, es un Estado débil, con muchas quebraduras y raspaduras, y que además es espiado por distintos actores.

“Todavía en el siglo XX prevaleció la idea de un Estado por encima de los ciudadanos, que vigilaba a los enemigos del presidente y luego los eliminaba sin tener que consultar a nadie. Hoy vemos que los enemigos cambian constantemente, que están dentro y fuera del gobierno, que unos y otros se espían… En fin, es muy caprichoso el asunto.

“El espionaje telefónico no sólo se da del Estado hacia sus gobernados, sino también al revés. Además lo practican las grandes empresas, para saber los movimientos de sus competidores en el mercado. Y los cárteles mexicanos del narcotráfico suelen interceptar los teléfonos de la policía para conocer los operativos en su contra.

“Sí, muchas de las ejecuciones de jefes policiacos perpetradas por el narcotráfico no son sólo resultado de delaciones internas, sino del espionaje telefónico que permite a los capos ubicar a sus víctimas.”

Investigador de la Universidad Autónoma de Puebla, autor de Los papeles secretos del 10 de junio y de la serie de cuatro tomos titulada Represión y rebelión en México, en los que aborda ampliamente el tema del espionaje político, Enrique Condés indica que el crimen organizado, en distintas partes del mundo, utiliza los avanzados recursos tecnológicos para realizar espionaje.

“El caso más destacado es el manejo tecnológico que despliega el terrorismo islámico. Al grado de que tiene hasta su propia transmisora de televisión, Al Jazeera”, comenta.

Y agrega que el boom de la telefonía celular y del internet ha facilitado aún más el espionaje:

“A diferencia del espionaje en teléfono fijo, para el que se requiere ‘pinchar’ la línea, el espionaje en teléfono celular resulta mucho más fácil, pues la comunicación está en el aire y de ahí se pesca. Aún más sencillo resulta espiar las comunicaciones por internet, porque son continúas; basta con saber decodificar.

“Inclusive, varias empresas del ramo ofertan sus servicios y productos. Se pueden comprar chips, sistemas de detección y escaneo de comunicaciones, micrófonos unidireccionales de alto alcance y muchas innovaciones más.”

Pero finalmente, dice Condés, el objetivo de este tipo de espionaje sigue siendo el mismo: “Acabar o chantajear al rival político”.

 

Tradición ilegal

 

Indica que la salida de Luis Téllez como titular de la SCT, es el último golpe mediático del espionaje telefónico. Comenta:

“El caso Téllez evidenció la indiferencia de la clase política. Nadie protestó por tratarse de un acto ilegal. La atención se concentró en el contenido de las grabaciones de Téllez; lo que dijo del expresidente Carlos Salinas y del PRI, las expresiones que utilizó. Fue un morbo muy explicable porque la gente quiere saber cómo son los políticos en la intimidad.”

Esas grabaciones se filtraron a mediados del mes pasado. En ellas, Téllez acusaba a Salinas de Gortari de haberse robado “la mitad de la partida secreta de la Presidencia de la República”; renegaba del régimen panista al decir “me cae que extraño al PRI”, y despotricaba contra la gente de su enemigo Héctor Osuna, presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), al señalar “que se queden con Osuna y que se lo metan por el culo…”.

Téllez no pudo sostenerse ante el escándalo que provocaron sus opiniones dichas en privado. Tuvo que renunciar al cargo el pasado 3 de marzo. Pero antes, presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) por la “indebida intervención y divulgación” de sus llamadas telefónicas. 

El analista Jesús Silva-Herzog Márquez, en su artículo Espías, individuos y Estado, publicado en el diario Reforma el 23 de febrero pasado, señaló que el espionaje telefónico es “una práctica sin castigo en la ley, sin sanción en la opinión pública, bienvenida en la práctica periodística y con buen precio en el mercado”.

Agregó que “el público no repudia sino que, por el contrario, agradece la difusión de infidencias”, mientras que “el delincuente que interfiere las comunicaciones de su enemigo (o de su aliado) encuentra en los medios la plataforma perfecta para hacer negocio o para golpear a su adversario. El negocio del espionaje tiene en la difusión mediática su complemento perfecto; la práctica de la extorsión encuentra ahí su alimento fundamental”.

 Condés Lara señala, sin embargo, que “la mayor parte de la información obtenida a través del espionaje telefónico no trasciende al público. Ésta queda reservada para el manejo y la toma de decisiones de quien espía, o para que la utilice en chantajes directos con el espiado”.

En Represión y rebelión en México, apoyado en reportes de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad (DFS) y de otras instancias de espionaje, Condés ventila algunos de estos chantajes políticos, como el que le hizo el presidente Gustavo Díaz Ordaz al banquero Agustín Legorreta Chauvet, quien fuera director del Banco Nacional de México.

Díaz Ordaz espiaba a Legorreta y supo de cinco homicidios de campesinos morelenses en los que el banquero estuvo implicado, por una pugna de terrenos colindantes con Cuernavaca. A cambio de su silencio, el presidente logró que Legorreta apoyara la política económica de su administración.

Dice Condés:

“En México hay una fuerte tradición de espionaje político. Desde antes de la Revolución, Porfirio Díaz espiaba a sus opositores hasta en Estados Unidos. Con los regímenes posrevolucionarios continúo esa práctica. Por ejemplo, es grandísimo el expediente del general Lázaro Cárdenas, siendo ya expresidente. La DFS no solamente interceptaba sus llamadas telefónicas, sino también las de sus familiares, ayudantes y sirvientes. A todos los vigilaba.

“Cuando las líneas telefónicas no estaban tan extendidas, y aún no aparecían los celulares y el internet, había una sistemática violación a la correspondencia escrita, al grado de que, en los sesenta, fue puesto como director de Correos Miguel Delgado, un agente de la Dirección Federal de Seguridad.”

En los años recientes, el espionaje telefónico se incrementó desmesuradamente, al extremo de que a mediados de los noventa tan sólo la PGR controlaba 120 centros de espionaje telefónico en el país, con el apoyo de Teléfonos de México y Telégrafos Nacionales (Proceso 949).

Por esas fechas, el líder del sindicato de telefonistas, Francisco Hernández Juárez, señalaba alarmado que de pronto se encontraban “grabadoras en los postes”, puesto que “cualquiera que tenga los conocimientos mínimos de telefonía puede instalar aparatos de espionaje”, mientras que fuentes cercanas al sindicato revelaron que estaban intervenidas “más de 200 mil líneas telefónicas” de políticos, dirigentes opositores, líderes obreros y campesinos, integrantes de organizaciones sociales, periodistas, empresarios y hasta de ciudadanos comunes (Proceso 968). 

La Secretaría de Gobernación y de la Defensa Nacional, aparte de la PGR, son las otras dos instancias gubernamentales encargadas principalmente de esta tarea. Aunque a algunos gobernadores y partidos políticos también se les descubrieron centros de espionaje.

A comienzos de los noventa, el entonces gobernador de Sonora y actual senador Manlio Fabio Beltrones instauró en su estado un “régimen policiaco” que se caracterizó por el espionaje telefónico contra los dirigentes opositores locales, según denuncias del PAN (Proceso 870).

El espionaje alcanzó a Los Pinos, al salir a relucir conversaciones telefónicas entre José Córdoba Montoya, encargado de la Oficina de la Presidencia de la República en tiempos de Salinas, y Marcela Bodenstedt, acusada de tener nexos con el cártel del Golfo. 

Durante las campañas presidenciales de 2000, Gobernación interceptó conversaciones telefónicas del candidato panista Vicente Fox, quien, molesto, prometió acabar con el espionaje político de llegar a la Presidencia. Pero llegó y no lo hizo. En cambio, fue grabado y exhibido por el astuto mandatario cubano Fidel Castro. Durante el foxismo continúo el espionaje, sobre todo contra miembros del PRD. 

Condés asegura:

“El espionaje telefónico es completamente ilegal e inmoral. Es una invasión a la intimidad y una violación al derecho que tiene toda persona de expresarse como mejor le plazca.”

Recuerda que la Constitución, en términos generales, protege el derecho a la privacidad de las personas, mientras que el Código Penal, en su artículo 167, tipifica como delito al espionaje telefónico.

Aunque es permitido por la Ley Contra la Delincuencia y el Crimen Organizado, subraya, siempre y cuando haya una investigación en curso y el mandato de un juez, porque hay fundadas sospechas de que el investigado forma parte de un sistema criminal y es necesario intervenir sus comunicaciones privadas.

–¿Esas leyes son suficientes para combatir al espionaje?

–No, no bastan. Quedan lagunas legales. En primer lugar, hace falta una verdadera reforma a todo el conjunto de ordenamientos. Y en segundo, se requiere construir contrapoderes, órganos independientes y autónomos que puedan combatir esta práctica. 

–¿Por qué no existe un marco jurídico adecuado?

–Creo que, principalmente, se debe a que este espionaje es utilizado a conveniencia por los actores políticos. Se le rechaza en las declaraciones pero se le utiliza en los hechos, pues resulta un arma política muy eficaz para destruir al enemigo… Pero muy riesgosa, ya que los espías suelen convertirse también en espiados.