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Juez ordena habilitar a votantes desalojados

 

 

Por Bankole Thompson

 

DETROIT, Estados Unidos,  (IPS)  – Un juez federal de Michigan, 

Estados Unidos, ordenó al gobierno de ese estado septentrional habilitar 

para el voto a ciudadanos privados de ese derecho a raíz del desalojo de 

sus viviendas.

 

El juez del Distrito Oriental de Michigan, Stephen J. Murphy III, 

consideró ilegal eliminar de los padrones a votantes cuyos documentos de 

identidad fueron devueltos por correo al gobierno del estado, la mayoría 

de ellos tras ser desalojados por la imposibilidad de pagar sus hipotecas.

 

  Estas acciones motivaron la demanda formulada por la Unión para las 

Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU, por sus siglas en inglés), la 

Fundación de la Asociación de Estudiantes de Estados Unidos y Advancement 

Project, formulada contra la secretaria de Estado de Michigan, Terry Lynn 

Land.

 

  Además, estas tres organizaciones defensoras de los derechos civiles 

reclamaron al Congreso legislativo una investigación del Departamento de 

Justicia (fiscalía general) de Estados Unidos.

 

  La Secretaría de Estado de Michigan es responsable variadas funciones, 

desde la protección del consumidor hasta la supervisión electoral, pasando 

por el registro de licencias de conducir.

 

  Activistas temen que la "actualización" de padrones tenga consecuencias 

devastadoras sobre el poder de voto de las comunidades de bajos ingresos, 

donde residen minorías golpeadas por la crisis hipotecaria.

 

  Una de ellas es el condado de Wayne, con gran presencia de 

afroestadounidenses y de ciudadanos origen latinoamericano, en su mayoría 

votantes del opositor Partido Demócrata.

 

  "Privar del derecho de voto atenta contra nuestra democracia. El 

dictamen del juez restaura, de alguna manera, la confianza en nuestro 

sistema electoral", señaló Michael Steinberg, director de ACLU en 

Michigan, respecto del fallo del lunes.

 

  El fallo del juez Murphy, divulgado el lunes, insta a los funcionarios 

electorales del estado a restaurar los nombres de las 1.438 personas 

borradas de los padrones desde enero y abandonar esa práctica.

 

  "Estamos muy contentos con el dictamen. Fue un fallo firme y a 

conciencia", señaló Bradley Heard, director del equipo de abogados de 

Advancement Project para el caso. "El juez básicamente señaló que las 

prácticas que recusamos son una flagrante violación a la legislación 

federal."

 

  La primera práctica recusada en la demanda es la cancelación inmediata 

del registro de voto de los residentes de Michigan con carné de conducir 

de otro estado sin previa confirmación mediante carta franqueada.

 

  "No hay ninguna razón para creer que el domicilio que requiere un 

estado para emitir un carné de conducir sea idéntico al que se pide para 

votar", reza el fallo de Murphy de 43 páginas.

 

  "En Michigan mismo se permite que quienes tengan un carné de conducir 

de otro estado mantengan su estatus activo en los Archivos de Votantes 

Habilitados, al reconocer que esos domicilios son sólo temporales, y que 

están autorizados a votar en este estado", continúa.

 

  "Es decir que el propio estado de Michigan reconoce que los ciudadanos 

pueden votar en este estado y tener carné de conducir expedido por otro", 

concluye.

 

  La otra práctica recusada por los demandantes es aquella mediante la 

cual funcionarios electorales borran de los padrones los nombres de 

personas que pudieron cambiar de domicilio respecto de aquel en el que 

figuran registrados, sin enviar una nota de advertencia por correo 

franqueado.

 

  Murphy resolvió que es ilegal, pero en vez de ordenar su interrupción, 

señaló que los demandantes tenían que tratar de llegar a un acuerdo en el 

litigio.

 

  El magistrado también ordenó terminar con la cancelación o el rechazo 

de registros de votantes cuyo el carné de identificación original fue 

devuelto porque no se le pudo entregar por correo.

 

  Por último, instó a borrar en los Archivos de Votantes Habilitados la 

inscripción "rechazado" a los votantes cuya identificación original haya 

sido devuelta desde el 1 de enero de 2006 hasta el momento porque no se 

pudo entregar, a menos que haya otra razón legítima para hacerlo.

 

  El diario The New York Times informó la semana pasada que funcionarios 

electorales de al menos nueve estados, incluido Michigan, violaban la 

legislación federal por usar de forma errónea datos de la Seguridad Social 

o eliminar miles de votantes después del vencimiento de la fecha límite 

federal.

 

  "Lamentablemente, nuestro pasado y nuestra historia están llenos de 

ejemplos de actitudes partidarias de funcionarios sesgadas que llevan a la 

purga de votantes y a la eliminación de votos", señaló el director del 

Proyecto de Derecho de Voto de ACLU.

 

  "De seguir permitiendo esas prácticas, el día de las elecciones, miles 

de votantes concurrirán a las urnas sólo para descubrir que fueron 

borrados de los registros", añadió.

 

  Kelly Chesney, portavoz de la Secretaría de Estado de Michigan, dijo a 

IPS que la oficina estudia el dictamen del tribunal federal.

 

  "Estamos revisando el dictamen del juez Murphy. No hemos determinado 

aún cuál será nuestro próximo paso", señaló Chesney.

(FIN/IPS/traen-vf-mj/na ip hd sp cs fe/08)