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La tortura mental de la espera

 

 

       Por Michael J. Carter


SEATTLE, Estados Unidos,  (IPS)  .- La cantidad

de tiempo que los asesinos convictos deben

esperar su ejecución va en aumento en Estados

Unidos, despertando temores de que cada vez más

sufran la enfermedad mental conocida como "síndrome del pabellón de la 

muerte".

 

   Los 3.300 reclusos estadounidenses que

aguardan su ejecución pueden esperar un promedio

de 12 años desde el día en que son sentenciados a

muerte por inyección letal o silla eléctrica, lo

que duplica el tiempo que llevaba esto a mediados

de los años 80, según el Departamento de Justicia.

 

   Este aumento se debe, principalmente, a

apelaciones obligatorias introducidas luego que

la pena capital fue reinstaurada por la Suprema

Corte en 1976, tras una suspensión de cuatro

años. Estas reformas condujeron a apelaciones más

largas, según el Centro de Información sobre la

Pena de Muerte, con sede en Washington.

 

   Los 667 reclusos condenados a la sanción

máxima en el occidental estado de California

pueden esperar casi 20 años hasta que su sentencia se cumpla.

 

   La última ejecución en California se realizó

en enero de 2006. Un mes después, un juez frenó

la de Michael Morales –quien había estado en el

pabellón de la muerte por 25 años–, exigiendo

medidas para garantizar que no se infligiría

ningún dolor innecesario durante una ejecución de

Estado. La moratoria temporaria implementada entonces todavía no fue 

levantada.

 

   En otros de los estados que aplican la pena

de muerte, a veces los detenidos han esperado un

cuarto de siglo o más para saber la fecha de sus

ejecuciones, aplazamientos o exoneraciones.

 

   El 16 de septiembre, Jack Alderman fue

ejecutado en el sudoriental estado de Georgia por

asesinar a su esposa en 1974, luego de pasar 33

años en el pabellón de la muerte.

 

   Renardo Knight había estado casi 25 años en

igual situación antes de que su condena fuera

revertida en abril pasado tras constatarse que

hubo manipulación de las evidencias.

 

   El año pasado, Carey Dean Moore fue

trasladado del pabellón de la muerte en el

central estado de Nebraska, tras esperar 27 años

para ser llevado a la silla eléctrica. La Suprema

Corte estadual dictaminó que este método de

ejecución –el único en su libro de estatutos– era inconstitucional.

 

   Los condenados suelen pasar los años de

espera en confinamiento solitario en sus celdas.

Son excluidos de los programas carcelarios de

entrenamiento y recreación. Las visitas y los

privilegios de los ejercicios son restringidos.

 

   Unos pocos estados, como el oriental Carolina

del Norte, además de California y Georgia,

permiten diferentes grados de comunicación entre

los presos que esperan ser ejecutados.

 

   "Hay un síndrome distinto asociado al

confinamiento solitario", dijo a IPS el

psiquiatra Stuart Grassian, ex profesor en la

Escuela Médica de Psiquiatría de la Universidad de Harvard.

 

   En una investigación, Grassian concluyó que

en los casos más severos esta enfermedad puede

conducir a "agitación", así como a

comportamientos "psicóticos" y "autodestructivos".

 

   Los saludables "a menudo" se volvieron

mentalmente enfermos. Y se produjo un deterioro

"severo" en las enfermedades de los que ya tenían alguna patología mental.

 

   Grassian señaló que el largo proceso de

apelación de los condenados era "lo más preocupante".

 

   "Hay una enorme agonía en esperar

interminable e inútilmente mientras otros deciden

si uno vive o muere", explicó.

 

   "Generalmente, con el tiempo, el recluso

aprende que no puede hacerse realmente amigo de

sus compañeros. Ellos siguen desapareciendo en la

cámara de la muerte. El horror de todo eso, el

tedio y la tensión interminables, a menudo son insoportables", agregó.

 

   Activistas por los derechos humanos señalan

como ilustrativo del daño mental infligido al

caso de Raymond Riles, quien ha pasado los

últimos 33 años en el pabellón de la muerte del meridional estado de 

Texas.

 

   Nunca se fijó una fecha para su ejecución

porque él padece delirios y paranoia. Pero en

1975 no hubo barreras de salud mental que se interpusieran en su 

sentencia.

 

   Los activistas también sugieren que el

"síndrome del pabellón de la muerte" puede haber

jugado un rol en la decisión de 131 condenados

que desde 1976 abandonaron sus apelaciones y se

ofrecieron "voluntariamente" para una ejecución rápida, señaló Grassian.

 

   Setenta y cinco por ciento de estos

"voluntarios" tenían antecedentes psiquiátricos,

según John Blume, profesor de derecho en la Universidad de Cornell.

 

   Activistas también alertan las dificultades

que pueden enfrentar los reclusos con el

"síndrome del pabellón de la muerte" cuando sus

apelaciones tienen éxito y reciben una sentencia

menor, siendo transferidos a celdas de la prisión

general. El central estado de Missouri es el

único que no segrega a los detenidos condenados a

muerte del resto de la población carcelaria.

 

   Los problemas de adaptación y la recuperación

de su salud mental pueden ser más graves cuando

se los exonera y abandonan la prisión. En lo que

va de este año, cuatro fueron exonerados,

llevando a 130 la cantidad desde 1973.

 

   Expertos cuestionan el razonamiento que está

detrás de las condiciones austeras y a menudo

mentalmente perjudiciales que rodean al pabellón de la muerte.

 

   "La lógica es que estos reclusos no tienen

nada que perder y por lo tanto ellos son

potencialmente el mayor riesgo a la seguridad", sostuvo Grassian.

 

   Pero se demostró que ellos fueron "menos

violentos y perturbadores que muchos otros grupos".

 

   Ronald Tabak, abogado con experiencia en

cuestiones relativas a la pena capital radicado en Nueva York, coincidió.

 

   "Ellos tienden a ser menos peligrosos que

otros prisioneros", declaró a IPS.

 

   "No hay una compasión pública hacia aquellos

que son sentenciados a muerte", agregó.

 

   Pese al creciente debate sobre el "síndrome

del pabellón de la muerte", la Suprema Corte

todavía tiene que realizar una audiencia sobre un caso en esta materia.

 

   Pero dos jueces –Stephen Breyer y John Paul

Stevens– cuestionaron la constitucionalidad de

las largas demoras entre condena y concreción de las ejecuciones.

 

   Se trata de un asunto "importante y no

decidido", dijo Breyer en 1995, durante un

veredicto sobre el caso de Clarence Allen Lackey.

 

   Lackey, ejecutado en 1997, pasó casi 20 años

esperando antes de que se cumpliera su sentencia de muerte.

 

   En lo que va de este año hubo 30 ejecuciones

en Estados Unidos. La más reciente fue el 30 de octubre y se realizó en 

Texas.

 

 

(FIN/IPS/traen-js-rp/mjc/na dp hd he fe/08)