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Obama ordena cierre de Guantánamo

 


Por Jim Lobe


WASHINGTON,   (IPS)  – Grupos de derechos humanos elogiaron al nuevo 

presidente de Estados Unidos, Barack Obama, por suspender el trabajo de 

las comisiones militares creadas por su predecesor, George W. Bush, para 

juzgar a sospechosos de terrorismo, y por ordenar este jueves el cierre de 

la prisión en Guantánamo.

 

Obama cumplió así con una de sus principales promesas de campaña, con el 

objetivo de mejorar la imagen internacional de Washington. El mandatario 

firmó las órdenes ejecutivas que ponen fin a los interrogatorios a los 245 

prisioneros en Guantánamo y el cierre de la cárcel, algo que demorará al 

menos un año en implementarse.

 

  El martes, Obama había firmado la orden para suspender y revisar los 

juicios en marcha a sospechosos de terrorismo.

 

  Esta última medida fue confirmada el miércoles por un juez militar en 

Guantánamo, que aprobó la moción judicial de detener la demanda por 

crímenes de guerra contra Omar Khadr, prisionero canadiense al que se 

acusa de haber arrojado en 2002 una granada que mató a un soldado 

estadounidense en Afganistán. En ese entonces tenía 15 años.

 

  Su juicio, previsto para el 26 de este mes, suscitó protestas en todo 

el mundo debido a que podría violar prohibiciones impuestas por las 

Convenciones de Ginebra y la Convención de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos del Niño a los casos de menores de edad usados como soldados.

 

  La moción de la fiscalía de interrumpir el trabajo de las comisiones 

fue presentada a última hora del martes, por orden del nuevo presidente de 

Estados Unidos y de su secretario de Defensa, Robert Gates.

 

  Gates ocupó ese cargo durante el gobierno de Bush (2001-2009), a quien 

en los últimos dos años propuso varias veces, sin éxito, cerrar Guantánamo 

y sus comisiones.

 

  "Obama comienza la tarea de negarles a quienes desean dañar a los 

estadounidenses la mejor herramienta de reclutamiento que el gobierno de 

Bush jamás les dio: Guantánamo", dijo Gabor Rona, director legal 

internacional de Human Rights First (HRF).

 

  HRF es una organización de abogados con sede en Nueva York que ha 

denunciado el fracaso de las comisiones en brindar garantías básicas del 

debido proceso a los detenidos en el marco de lo que Bush definió como 

"guerra mundial contra el terrorismo".

 

  "Las acciones del presidente Obama envían el mensaje de que incluso un 

día más de procedimientos judiciales violando las leyes estadounidenses y 

las leyes internacionales no debería ocurrir bajo su mirada y, con ese 

mensaje, da un importante primer paso (

) hacia la rehabilitación de la 

reputación de Estados Unidos como abanderado de la justicia, los derechos 

humanos y el régimen de derecho", agregó.

 

  Otras organizaciones también se hicieron eco de ese punto de vista. 

Entre ellas Human Rights Watch (HRW), la American Civil Liberties Union 

(ACLU), y Amnistía Internacional.

 

  "La Ley de Comisiones Militares –así como Guantánamo, el programa de 

detenciones secretas y el recurso a la tortura– ha dejado a Estados 

Unidos en el lado equivocado de sus obligaciones internacionales", dijo 

Susan Lee, directora del programa de Amnistía para las Américas.

 

  "La medida de suspender los procedimientos es una señal bienvenida de 

que el nuevo gobierno planea corregir algunos de esos errores como primera 

prioridad", añadió.

 

  Pero algunas organizaciones, especialmente el Centro para los Derechos 

Constitucionales (CCR), que ha representado a una gran cantidad de los 

detenidos en Guantánamo, expresó su malestar por el tiempo que demorará 

implementar la orden de cierre de la prisión.

 

  "Llevó apenas días poner a estos hombres en Guantánamo. No debería 

llevar un año sacarlos", sostuvo el director del CCR, Vincent Warren.

 

  Obama también ordenó la liberación o transferencia de los prisioneros 

que no son considerados amenaza para Estados Unidos y el juicio de otros 

por tribunales estadounidenses, bajo términos a determinar por el nuevo 

gobierno.

 

  Mientras las organizaciones de derechos humanos han exigido que 

cualquier juicio se realice en tribunales penales federales que puedan 

garantizar los derechos básicos del debido proceso a los acusados, otras 

voces han urgido a que nueva legislación permita a los detenidos 

considerados particularmente peligrosos, como el presunto cerebro de los 

atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, Khalid 

Shaikh Mohammed, sean retenidos indefinidamente en Estados Unidos sin 

mediar juicio, como una forma de "detención preventiva".

 

  La segunda alternativa parece haber sido descartada por el nuevo 

gobierno. Pero el Departamento de Justicia enfrenta un problema importante 

a la hora de decidir qué hacer ante casos donde buena parte de la 

evidencia contra los acusados puede haberse obtenido mediante lo que el 

gobierno de Bush llamó "técnicas de interrogatorios potenciadas" pero que 

las organizaciones de derechos humanos definen como tortura.

 

  Entre ellas el "waterboarding", similar al "submarino", muy utilizado 

por las dictaduras latinoamericanas en los años 70 y 80, que consiste en 

una simulación de ahogamiento durante los interrogatorios.

 

  Bajo el derecho penal y constitucional de Estados Unidos, las 

evidencias obtenidas a través de torturas no son admisibles en un juicio.

 

  Desde que los primeros sospechosos de terrorismo fueron llevados allí 

desde Afganistán, el 11 de enero de 2002, un total de 775 personas, de 

entre 13 y 98 años, fueron detenidas en la base de Guantánamo, según 

estadísticas compiladas por la ACLU.

 

  Ahora parece que la vasta mayoría de estos no estaban vinculados a 

actividades terroristas y habían sido acorralados por milicias tribales y 

cazadores de recompensas en Afganistán y Pakistán.

 

 

(FIN/IPS/traen-js-rp/jl/na ip sp fe/09)