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Otro fraude a la ley

 

JOHN M. ACKERMAN / Revista Proceso

El proceso electoral de 2009 se ha desarrollado en un contexto de mayor iniquidad e ilegalidad que el de 2006. Así mismo, en esta ocasión las autoridades electorales han sido más parciales y omisas de lo que fueron hace tres años. La evidente y constante violación de las normas que caracterizó a las campañas pone en duda el cumplimiento de los cinco principios rectores en la materia: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

En 2006, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) reconoció que la intervención indebida del presidente Vicente Fox en el proceso electoral “constituyó un riesgo para la validez de los comicios”. Pero, ahora, el presidente Felipe Calderón no se contentó con simples mensajes metafóricos sobre “caballos y jinetes”, sino que tomó la desafortunada decisión de encabezar personalmente la campaña del Partido Acción Nacional (PAN). A menos de 48 horas del inicio legal de las campañas, Calderón violaría la Constitución con su mensaje, transmitido en cadena nacional, para presumir los “logros” de su gobierno con respecto a la influenza, y en el que prácticamente se erigió como salvador de la humanidad.

No es por ello gratuito que su administración haya presupuestado mil 800 millones de pesos (Proceso 1704) para propaganda gubernamental en los medios durante este año. De igual forma, para apuntalar la campaña de su partido, el mandatario lanzó el programa de promoción turística Vive México, Vive lo Tuyo, y difundió constantes llamados a votar. El Partido Acción Nacional (PAN) también utilizó abusiva e ilegalmente la figura presidencial en su campaña. 

En 2006, el sector privado intervino de manera ilegal en las campañas electorales mediante la contratación de anuncios en radio y televisión para denostar al candidato Andrés Manuel López Obrador. Ahora, sin embargo, ya no fue necesario que organismos externos contrataran propaganda: las mismas televisoras intervinieron directa y descaradamente en las contiendas electorales al regalar, o vender de manera subrepticia, múltiples espacios a los partidos políticos y a sus candidatos predilectos. Ahí tenemos los casos de Demetrio Sodi, César Nava, el Partido Verde, Enrique Peña Nieto y Marcelo Ebrard, entre muchos otros más. Es importante señalar que la ley no solamente prohíbe la venta de propaganda electoral en radio y televisión, sino que también proscribe cualquier donación en especie a partidos o candidatos de parte de empresas de carácter mercantil.

Campañas negativas como las de 2006, que se utilizaron contra López Obrador y rebasaron por mucho los límites de la libertad de expresión, empañaron las recientes campañas. El PAN aplicó exactamente la misma receta, pero ahora en contra del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Si bien el Instituto Federal Electoral (IFE) y el TEPJF ordenaron el retiro de algunos anuncios, el PAN, en un franco desafío a las autoridades electorales, insistió en difundir spots similares y en general degradó el nivel del debate público.  

El desempeño de esas autoridades ahora fue igual o peor que en 2006. Ante a las francas provocaciones de parte de las principales televisoras del país y del Partido Verde, el IFE y el TEPJF siempre titubearon en sus respuestas, negándose a ejercer sus funciones constitucionales. Si bien impusieron una serie de multas simbólicas, que variaron entre 2 y 9 millones de pesos por diversos desacatos a la ley, nunca lograron meter en cintura a los poderes fácticos. El descarado desacato de parte de Televisa y TV Azteca, así como de las revistas Cambio y Vértigo, a las medidas cautelares del IFE durante los últimos días de las campañas es un claro recordatorio de quién realmente manda en el país. 

Ante la reincidencia de las televisoras en acciones violatorias de la ley, el IFE tendría que haber aumentado de manera significativa el monto de las multas e incluso pudo haber pasado a la siguiente fase de sanción: el retiro directo de tiempo comercializable. Sin embargo, tal y como ocurrió en 2006, los consejeros sistemáticamente actuaron de forma tibia y a destiempo. El famoso “sobreseimiento” de la multa contra las televisoras impuesta en enero por interrumpir partidos de futbol, al inicio de las precampañas, fue sólo el ejemplo más patente de la tendencia generalizada de los consejeros de negarse a defender el espacio público.

Respecto al TEPJF, el Dictamen de Validez de la Elección Presidencial de 2006 destaca como una obra maestra de ciencia jurídica en comparación con algunos casos recientes resueltos por los magistrados actuales. Los casos de la contienda por la presidencia del Partido de la Revolución Democrática (PRD), los supuestos “informes” de los legisladores del Partido Verde y la candidatura del PRD en Iztapalapa pintan de cuerpo entero un tribunal electoral sometido a intereses políticos cuya capacidad para garantizar la certeza de los resultados electorales se encuentra en duda.  

A esta falta de equidad en las contiendas y al déficit de confianza de las autoridades electorales habría que sumar el virtual estado de sitio en que se encuentra el país. Sigue vigente hasta el momento el ilegal decreto presidencial del 24 de abril de 2009 que otorga facultades anticonstitucionales al secretario de Salud e implica una abierta violación a nuestras garantías fundamentales. Así mismo, Ciudad Juárez y otras regiones del país actualmente sufren de un embate militar que viola flagrantemente el artículo 129 de la Constitución y que ha provocado graves ataques a los derechos humanos.

Si seguimos por este camino, las elecciones presidenciales de 2012 sin duda serán un verdadero desastre. La solución evidentemente no se encuentra en la realización de una contrarreforma electoral, como lo propusiera Héctor Aguilar Camín, y desde luego tampoco en reducir las facultades o responsabilidades del Consejo General del IFE, como recientemente lo planteara José Woldenberg. Al contrario, habría que pugnar por un aumento de las facultades de investigación, de sanción y de regulación del IFE, así como por el nombramiento de consejeros y magistrados electorales que estén a la altura del momento histórico. 

El hecho de que el saco de la reforma electoral les quede grande a los actuales funcionarios del ramo no tiene que ser utilizado como pretexto para reducir la talla de la prenda. En todo caso, constituye una razón más para nutrir a las instituciones electorales con integrantes que se caractericen por un compromiso democrático y ético de mayor tamaño y solidez. 

 

www.johnackerman.blogspot.com.mx