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Preocupan al gobierno de EU los abusos de militares en México

 

J. JESúS ESQUIVEL / Revista Proceso 


WASHINGTON,  (apro).– La Casa Blanca y el Congreso federal de Estados Unidos expresaron su "preocupación" por las denuncias sobre tortura y violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército mexicano en la lucha contra el narcotráfico, informó en su edición de este jueves el diario estadunidense The Washington Post (TWP).

 

En una audiencia celebrada en el Capitolio, para analizar el crecimiento de las redes de operación de los cárteles de la droga en México, Gil Kerlikowske, director de la Oficina Nacional de Políticas para el Control de las Drogas de la Casa Blanca, afirmó que habló con el gobierno de México "y sé que las acusaciones están siendo analizadas con mucha seriedad".

 

De acuerdo con el artículo de primera plana de The Washington Post, el Ejército mexicano, en nombre de la lucha contra el narcotráfico, ha instrumentado la desaparición forzada de personas, así como actos de tortura y redadas ilegales, acciones que juntas recopilan más de 2 mil demandas, mismas que ya investiga la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

 

En entrevista con el diario estadunidense, el secretario de Gobernación mexicano, Fernando Gómez Mont, reconoció que las Fuerzas Armadas no están actuando de manera apropiada, pero los casos de violaciones a las garantías individuales, dijo, "son esporádicos".

 

Añadió: "Honestamente, el gobierno (de Felipe Calderón) cree que no existen incentivos para el abuso".

 

Fechado en Puerto Las Ollas, un pueblo de la sierra del estado de Guerrero, el artículo de The Washington Post menciona que, debido a los actos de tortura en los que incurre el Ejército mexicano en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, el gobierno de Estados Unidos podría detener los fondos que comprometió para financiar la instrumentación de la llamada Iniciativa Mérida.

 

 "Funcionarios del gobierno de Estados Unidos –prosigue– advirtieron que las acusaciones de abusos podrían llevar al Congreso federal a detener más de 100 millones de dólares en asistencia antinarcóticos al gobierno de México".

 

Por separado, miembros del Congreso federal señalaron que el gobierno del presidente Barack Obama debe tomar acciones urgentes ante las acusaciones que pesan sobre el Ejército mexicano.

 

Edophus Tonos, representante demócrata por el estado de Nueva York y presidente del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, manifestó que "al tiempo que continúan los esfuerzos de México para afrontar la amenaza de las drogas, nosotros debemos ser muy claros de que son intolerables los abusos cometidos por el Estado (mexicano), y quisiera conocer más sobre los hechos relacionados con este artículo (del Washington Post)".

 

Por su parte, el congresista republicano por el estado de California, Darrell Issa, señaló: "Aquí en el Congreso vamos a solicitar que se haga un seguimiento exhaustivo a la investigación sobre estas acusaciones contra el Ejército mexicano. No debe haber excusas sobre el mal uso del dinero de Estados Unidos en la guerra contra las drogas, y mucho menos cuando se trata de acusaciones de violación a los derechos humanos en México".

 

El diario destaca que la CNDH tiene documentados 26 casos de abuso y tortura cometidos por las Fuerzas Armadas mexicanas en la lucha contra el narcotráfico, 17 de los cuales involucran tortura, como asfixia con bolsas de plástico colocadas en la cabeza de las personas, y toques eléctricos aplicados en los genitales de presuntos sospechosos de narcotráfico.

 

Al respecto, Gómez Mont señaló que el Ejército mexicano investiga 15 casos de abusos a los derechos humanos, de entre los cuales se han presentado cargos formales contra un oficial y cuatro soldados.

 

 

 

Se tambalea la iniciativa Mérida

 

 

 

Como parte del financiamiento de la Iniciativa Mérida, el gobierno de Estados Unidos comprometió mil 400 millones de dólares para apoyar a los gobiernos de México y de Centroamérica en la lucha contra el narcotráfico.

 

De esos mil 400 millones, el desembolso de aproximadamente 100 millones de dólares para México está condicionado a que el Departamento de Estado certifique que las fuerzas militares o policiales mexicanas que se benefician con la Iniciativa Mérida no están involucradas en casos de violaciones a los derechos humanos, de lo contrario, el financiamiento se suspende.

 

"Los requerimientos incluyen el proceso judicial de presuntos violadores de los derechos humanos. Se prohíbe obtener declaraciones de presuntos sospechosos bajo tortura y se requiere que el gobierno (mexicano) lleve a cabo consultas regulares con grupos independientes que defienden los derechos humanos", menciona The Washington Post.

 

En lo que se refiere a Puerto las Ollas, una población con aproximadamente 50 habitantes, el rotativo destaca que el pasado 9 de junio arribó al pueblo un grupo de soldados mexicanos, quienes disparando su rifles de alto poder, intimidaron a la población y detuvieron a un campesino incapacitado de 37 años de edad, de nombre Jaime César Acosta.

 

A ese hombre, continúa, a quien golpearon y torturaron metiéndole agujas debajo de las uñas, también lo amenazaron con violarlo y matarlo si no les daba información relacionada con el narcotráfico en la entidad.

 

Y destaca: "Las fuerzas de seguridad mexicanas desde hace mucho tiempo tienen un dudoso historial respecto de los derechos humanos, pero las crecientes acusaciones de abusos parecen ser un respuesta directa al salvajismo desatado por los cárteles del narcotráfico, después de que el presidente Felipe Calderón pusiera al Ejército a cargo de la guerra contra las drogas".