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Qué hacer con Bagram

 


        Por William Fisher


NUEVA YORK,  (IPS)  .- Muchos defensores de

los derechos humanos aplaudieron al presidente de

Estados Unidos, Barack Obama, por ordenar el

próximo cierre de la cárcel en la base naval de

Guantánamo, Cuba. Muchos otros preguntaron

entonces qué pasaría con la de Bagram, en Afganistán.

 

   Abogados del Departamento de Justicia

(fiscalía general) de Obama respondieron esa

interrogante la semana pasada en tribunales

federales: el Poder Ejecutivo asumirá la misma

posición que durante la presidencia de George W. Bush (2001-2009).

 

   En otras palabras, los más de 600 detenidos

en la base aérea estadounidense en Bagram,

Afganistán, no tienen derecho a que tribunales

del país norteamericano analicen la legalidad de su reclusión.

 

   Algunos dicen ser víctimas de "entregas

extraordinarias" ("extraordinary rendition") de

la Agencia Central de Inteligencia (CIA),

mecanismo por el cual se trasladó en el periodo

de Bush a personas que no pueden ser legalmente

arrestadas en Estados Unidos a países dispuestos

a usar tratamientos inhumanos contra ellos.

 

   Muchos más dicen haber sido torturados y

abusados en esa cárcel, ubicada en las afueras de Kabul.

 

   En el caso Boumediene versus Bush, entablado

por un ciudadano de Bosnia-Herzegovina preso en

Guantánamo, "la Corte Suprema sostuvo que los

detenidos" allí "tienen derecho al hábeas corpus

para apelar su detención", dijo a IPS Marjorie

Cohn, presidenta del Sindicato Nacional de Abogados.

 

   "Pero no limitó ese derecho a Guantánamo",

agregó. El juez Anthony Kennedy, miembro

conservador de la Corte Suprema, dijo que "no

sería benevolente con funcionarios que encarcelen

a personas en otros países para evitar la

jurisdicción de los tribunales estadounidenses", indicó la abogada.

 

   "El gobierno de Obama ahora envía detenidos a

Bagram en vez de a Guantánamo. Es alarmante que

cientos de personas en custodia de Estados Unidos

en Iraq y Afganistán tengan el acceso denegado a

tribunales para evaluar la designación de ‘combatiente enemigo’", agregó..

 

   Barbara Olshansky, abogada de tres detenidos

en Bagram y profesora de la Facultad de Derecho

de la Universidad de Stanford, manifestó su

profunda desilusión porque el gobierno adhiere "a

una posición que ha contribuido a hacer de

nuestro país un paria en el mundo por su

flagrante desconsideración por los derechos humanos".

 

   También afirmó que espera que el gobierno de

Obama se limite a señalar que todavía está

dedicada a elaborar una política hacia los detenidos.

 

   Se estima que en la prisión militar

controlada por la Fuerza Aérea de Estados Unidos

en la base de Bagram, cerca de Kabul, están

recluidas entre 600 y 700 personas, el triple de los hoy presos en 

Guantánamo.

 

   La prisión afgana se construyó poco después

de que la invasión de fines de 2001, encabezada

por fuerzas estadounidenses, expulsara al

movimiento islamista Talibán del poder en Afganistán.

 

   El Departamento de Justicia entiende que

ninguna de las sentencias sobre Guantánamo puede

aplicarse en beneficio de los recluidos en

Bagram, pues los tribunales estadounidenses no

tienen jurisdicción sobre ellos y su cautiverio

responde a una operación militar en curso.

Abogados de los detenidos en la base afgana opinan lo contrario.

 

   El Tribunal de Distrito de Washington

presidido por el juez John D. Bates celebró en

enero una audiencia de apelaciones presentadas

por separado en nombre de cuatro detenidos

llevados a Bagram desde fuera de Afganistán.

 

   En la audiencia, abogados del gobierno de

Bush alegaron que los detenidos de Bagram eran

diferentes de los de Guantánamo, y que podían

plantear una amenaza a la seguridad si eran liberados.

 

   Si bien aún resta el fallo, el juez Bates

preguntó a los abogados "qué evidencia existe

para creer que (los detenidos) regresarían al

campo de batalla, si, para empezar, ni siquiera

estaban en el campo de batalla".

 

   Ahora, esa política será evaluada por

tribunales estadounidenses, donde organizaciones

de activistas argumentarán que los detenidos en

Bagram deberían tener los mismos derechos que los

de Guantánamo, incluido el de someterse a una audiencia ante un juez 

neutral.

 

   Mientras, el gobierno de Obama se prepara

para desplegar miles de soldados estadounidenses

más en Afganistán y para duplicar la capacidad de

la cárcel de Bagram a un costo de 60 millones de dólares.

 

   Observadores dicen no estar sorprendidos de

que Obama siga el modelo de Bush, pues es la

segunda vez que sucede desde que asumió el 20 de enero.

 

   A comienzos de febrero, la fiscalía mantuvo

ante un tribunal federal en San Francisco la

invocación del gobierno anterior del "secreto de

Estado", para impedir que la justicia considerara

la demanda de un etíope residente en Gran Bretaña

y víctima de una "entrega extraordinaria".

 

   Binyam Mohamed, quien hasta el lunes estuvo

prisionero en Guantánamo, intenta demandar a la

firma Jeppesen Dataplan –subsidiaria de la

Boeing Corporation– por brindarle a la CIA apoyo

logístico para los aviones que usó en esos verdaderos secuestros.

 

   Mohammed, quien llegó a realizar huelga de

hambre, regresó a Gran Bretaña desde Guantánamo

sin que se presentaran cargos contra él.

 

   El caso tuvo gran repercusión en Gran

Bretaña, pues Mohamed es ciudadano británico, y

le ocasionó problemas al Departamento de Estado (cancillería) 

estadounidense.

 

   La Corte Suprema británica dejó en reserva

siete párrafos de una sentencia en un caso

presentado por defensores de Mohamed y que daban

crédito a las torturas que el demandante asegura haber sufrido.

 

   El tribunal explicó que el Departamento de

Estado de Estados Unidos había amenazado, en una

carta enviada a la Departamento de Relaciones

Exteriores británico, con reconsiderar la

cooperación bilateral en inteligencia.

 

   Pero los magistrados expresaron su malestar

porque Washington procurara eliminar evidencia

"relevante sobre acusaciones de tortura y

tratamientos crueles, inhumanos o degradantes,

por más políticamente embarazosa que fuera".

 

   Políticos de la oposición en Gran Bretaña

alegaron que Estados Unidos había amenazado con

dejar de compartir información de inteligencia si

se hacían públicos los documentos. El canciller

británico, David Milliband, negó que hubiera ninguna amenaza.

 

   La Organización de las Naciones Unidas (ONU)

criticó la semana pasada, en un informe, la

condición de reclusión de los prisioneros en Bagram.

 

   Aunque a la Cruz Roja se le permitió visitar

a detenidos, sus conclusiones son mantenidas en

secreto. Además, las fuerzas armadas

estadounidenses rechazaron pedidos de la ONU para

realizar visitas similares, señaló el reporte.

 

   "Hay informes según los cuales algunos han

estado detenidos en Bagram por hasta cinco años.

Ex presos aseguran haber sufrido torturas

severas, e incluso abuso sexual. También alegan

que fueron mantenidos en la misma jaula junto a

entre 15 y 20 hombres, y que dos detenidos

fallecieron en circunstancias cuestionables

mientras estaban bajo custodia", dice el estudio.

 

   En otro reporte, Amnistía Internacional urgió

a Obama a poner fin a las "políticas ilegales de

detención" del gobierno de Bush y a asegurarse de

que los cautivos en Bagram tengan acceso a la justicia estadounidenses.

 

   El informe, titulado "Out of sight, out of

mind, out of court?" (Fuera de la vista, fuera de

la mente, ¿fuera de tribunales?) y enviado al

gobierno de Estados Unidos, defiende el derecho

de los detenidos en Bagram a una evaluación judicial.

 

   Se trata de "una garantía básica contra los

abusos ejecutivos, y una protección contra las

detenciones arbitrarias y secretas, las torturas

y otros maltratos, y las transferencias ilegales

de un país o gobierno a otro", señala.

 

   "En ausencia de un control judicial, los

detenidos en Bagram, como en Guantánamo, son

sometidos a esos abusos", advirtió Amnistía, que

sostuvo que ni siquiera los niños se libran del maltrato.

 

   Según Amnistía, entre los alrededor de 600

detenidos de Bagram había ciudadanos afganos,

pero también de otras nacionalidades.

 

   En su primera semana en el cargo, Obama

ordenó el cierre de la prisión de Guantánamo en

un plazo de un año y nombró al fiscal general

(ministro de justicia) Eric Holder al frente de

un equipo de trabajo para evaluar los casos de

cada uno de los 245 detenidos y determinar qué hacer con ellos.

 

   Estaba programado que unos 20 prisioneros

fueran sometidos a juicio por una corte marcial,

pero Obama suspendió estos procedimientos

mientras el gobierno evalúa las diversas opciones.

 

   Los casos de prisioneros en Bagram son

evaluados por militares estadounidenses cada seis meses.

 

   Mientras, el gobierno también se pregunta qué

hacer con Ali Saleh Kahlah al-Marri, el último

"combatiente enemigo" encarcelado en Estados

Unidos. Al-Marri está aislado en un calabozo

naval de Carolina del Sur desde hace más de cinco

años. Nunca fue procesado por delito alguno.

 

   El 10 de septiembre de 2001, Al-Marri,

ciudadano de Qatar, llegó a Estados Unidos con su

esposa e hijos. Tenía una visa de estudiante

rumbo a una universidad de Peoria, en el central estado de Illinois.

 

   Tres meses después fue arrestado como testigo

material de los ataques del 11 de septiembre, que

dejaron 3.000 muertos en Nueva York y Washington.

En junio de 2003, Al-Marri tenía previsto ser

llevado a juicio, pero Bush ordenó que los

militares lo capturaran y detuvieran

indefinidamente. Quedó así en un limbo legal.

 

 

(FIN/IPS/traen-js-mj/wf/ks/na mm ap ip hd sp fe/09)