Por Jim Lobe

WASHINGTON,  (IPS)  – Un grupo de expertos en política exterior 

pidieron al presidente electo de Estados Unidos, Barack Obama, que 

fortalezca las dañadas relaciones entre Washington y la ONU, tarea que a 

su juicio debería ser prioritaria para el nuevo gobierno.

 

En una declaración escrita, el grupo bipartidista integrado por unos 36 

expertos señala que Estados Unidos debe pagar sus deudas con la ONU 

(Organización de las Naciones Unidas), sumarse al Consejo de Derechos 

Humanos del organismo mundial, al que Washington ha criticado, para 

influenciar sus acciones y obtener la aprobación del Senado a tratados 

clave firmados por otros presidentes pero jamás ratificados.

 

  Asimismo, piden al futuro gobierno de Obama, quien asumirá su cargo el 

20 de enero, que lidere los esfuerzos de la ONU en materia de no 

proliferación nuclear, cambio climático y el logro de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio.

 

  Entre los firmantes de la declaración, publicada este jueves como aviso 

de una página en el diario The New York Times, figuran tres ex asesores de 

seguridad nacional –Brent Scowcroft, Zbigniew Brzezinski y Samuel 

Berger– y cuatro ex miembros del gabinete bajo anteriores presidentes del 

Partido Demócrata.

 

  "El próximo presidente tiene una oportunidad única de revitalizar las 

relaciones de Estados Unidos con la ONU, como símbolo del compromiso del 

país con una cooperación internacional constructiva. Esta inversión tendrá 

el rédito de mejorar nuestra posición internacional y fortalecer nuestra 

capacidad de mantener a la nación fuerte y segura", señaló el texto.

 

  La declaración tiene muchos puntos en común con las promesas que Obama 

y el vicepresidente electo, Joseph Biden, realizaron durante la campaña 

electoral. Además de expertos y ex funcionarios o senadores, tanto 

demócratas como del Partido Republicano, entre los firmantes del texto se 

encuentran varios ex miembros de carrera del cuerpo diplomático, 

incluyendo a tres embajadores de Estados Unidos ante la ONU.

 

  La problemática relación de Washington con el organismo mundial se 

remonta a los años 80, durante la gestión del ex presidente Ronald Reagan 

(1981-1989).

 

  Cuando los republicanos ganaron la mayoría en ambas cámaras 

legislativas en 1994, aprobaron leyes que limitaron la capacidad de la ONU 

para tratar situaciones de crisis. Entre otras medidas unilaterales, 

aplicaron recortes a los aportes de Estados Unidos al organismo mundial y 

a sus contribuciones para las misiones de paz.

 

  También limitaron, o directamente eliminaron, los fondos para algunas 

agencias de la ONU que ofrecen asistencia social y para el desarrollo a 

los países pobres.

 

  Aunque el gobierno de George W. Bush logró que los legisladores 

aprobaran el pago de parte de los aportes atrasados y los costos de 

misiones de paz, no ocultó su desconfianza, e incluso hostilidad, hacia 

las instituciones multilaterales en general, extensiva a ciertos  tratados 

internacionales.

 

  Entre ellos, el Protocolo de Kyoto, que estableció reducciones a las 

emisiones de gases invernadero para combatir el recalentamiento global, el 

Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional, e incluso las 

Convenciones de Ginebra, que a juicio de Bush y sus más estrechos 

colaboradores limitaban la libertad de acción de Washington.

 

  "El propósito de esta declaración es asegurar que el tema de la ONU 

figure entre los primeros que aborde el nuevo gobierno, porque es esencial 

para todas las cuestiones que Estados Unidos debe volver a colocar en su 

agenda", dijo a IPS Nancy Soderberg, una de las firmantes y ex alta 

funcionaria de la misión de Washington ante el organismo mundial durante 

la última parte del gobierno del ex presidente Bill Clinton (1993-2001).

 

  El texto elaborado por el grupo de expertos pide que el gobierno de 

Obama formule una clara declaración "que exprese el compromiso de Estados 

Unidos con la cooperación internacional a través de la ONU".

 

  En una implícita crítica al embajador del gobierno de Bush ante el 

organismo mundial en 2005 y 2006, John Bolton, cuando Estados Unidos era 

visto como un obstáculo para la introducción de cambios, la declaración 

urge a Obama a jugar "un papel constructivo en los esfuerzos para reformar 

la ONU y actualizar la administración de su sistema presupuestario".

 

  Asimismo, urge a Washington a "pagar sus deudas en término, remover los 

topes impuestos por el Congreso y modificar el calendario de pagos, para 

estar en posición de honrar nuestras obligaciones emanadas de los 

tratados" internacionales.

 

  Estados Unidos adeuda actualmente 150 millones de dólares de sus pagos 

regulares para el funcionamiento de la ONU y 800 millones de dólares de 

sus contribuciones a las misiones de paz. Asimismo, Washington realiza los 

pagos a fines de cada año en lugar de al inicio, como la mayoría de los 

otros Estados miembro, lo que dificulta el trabajo de planificación del 

organismo mundial.

 

  Por otra parte, los expertos piden que Estados Unidos se sume al 

Consejo de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, una agencia que fue 

duramente criticada por Bolton y otros "halcones" del gobierno de Bush, 

desde que reemplazó en 2006 a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.

 

  Los críticos de ese organismo señalaron que entre sus miembros se 

encontraban gobiernos acusados de serias violaciones a los derechos 

humanos. La declaración sostiene que Washington debe "trabajar desde 

adentro para ejercer influencia", opinión que comparten los aliados 

occidentales de Estados Unidos.

 

  El texto del grupo de expertos no identifica los tratados que deberían 

ser ratificados por el Senado a pedido de Obama, pero analistas señalan 

que la Convención sobre los Derechos de los Niños, la Convención sobre 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y el 

Tratado de la Ley del Mar cuentan con un fuerte apoyo y se podría avanzar 

rápidamente.

 

  Otros pueden resultar más polémicos, como el tratado que prohíbe los 

ensayos nucleares, que Obama apoya, o el Protocolo de Roma, sobre el cual 

el presidente electo no ha adoptado una posición firme.

 

  "Estos pasos pueden ser dados por el nuevo gobierno en una etapa 

temprana y creo que existe la intención de hacerlo", señaló Soderberg.

 

  "En una transición presidencial, los nuevos funcionarios se sienten un 

poco abrumados con todas las prioridades que deben encarar, por lo que 

obviamente esto no ocurrirá en los primeros 100 días, pero es importante 

enviar ahora una firme señal de apoyo", concluyó.

 

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