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Salarios máximos

 

Por ERNESTO VILLANUEVA / Revista Proceso

El frustrado intento de los consejeros del Instituto Federal Electoral para aumentarse en 46% sus percepciones, justo en medio de una crisis económica sin precedente, en nada abona a la confiabilidad de las autoridades electorales que generan la percepción de que el interés principal es el personal y no el público. 

 Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no se pueden quejar. De entrada, ganan 114% más que el presidente de la República; es decir, tienen un sueldo base de 316 mil 982 pesos mensuales, contra 148 mil 15 del titular del Poder Ejecutivo Federal. Al hacer un comparativo entre México, Estados Unidos, Canadá y España, los resultados son indignantes. En efecto, mientras los magistrados del TEPJF cobran salarios de 28 mil dólares al mes –al tipo de cambio actual– sus contrapartes en Estados Unidos reciben 17 mil dólares, en Canadá 20 mil y en España 13 mil.  

Del otro lado del mostrador, si cotejamos los salarios mínimos, las cifras resultan aterradoras para nosotros. En México, un trabajador obtiene 110 dólares mensuales, en España 994, en Canadá mil 90 y en Estados Unidos mil 100. En la base de la pirámide social, los mexicanos ganan una miseria, pero en la cúspide sucede exactamente lo contrario. Y si uno se cuestiona cuántos salarios mínimos mensuales cuesta en cada país un magistrado electoral, o su equivalente, los números siguen la misma línea: mientras en España un magistrado cuesta 14 salarios mínimos, en Estados Unidos 15 y en Canadá 20, en México –óigalo bien– ¡cuesta 254 salarios mínimos!; es decir, mil 170% más en relación con su más cercana referencia, Canadá. En otras palabras, todos somos iguales, pero unos más que otros. Pero no se enoje, esto apenas comienza.

Si se compara cuánto cuesta el staff que tiene cada uno de los magistrados, los datos son coherentes con lo que aquí se afirma. En España, todos los asistentes ganan 26 mil dólares al mes, en Canadá 30 mil, en Estados Unidos 40 mil… y en México ¡170 mil dólares! Esto es porque mientras en aquellos países tienen solamente entre dos y cinco personas en las oficinas, en México han contratado a 34, incluida la nada despreciable cifra de 10 secretarias, amén de dos camionetas –una de ellas blindada– entre muchos apoyos más, como gastos de representación superiores a 10 mil pesos para no pasar hambre. ¿Por qué un magistrado electoral tendría que pagar con recursos de usted y míos una comida para tratar un asunto jurisdiccional? ¿Los llamados “alegatos de oídas” no se podrían hacer en las oficinas del TEPJF sin que hubiera un solo gasto extra que erogar? 

Pero esta situación no se limita al TEPJF. Gobiernos de los estados, ayuntamientos y diversos organismos constitucionales autónomos deciden discrecionalmente por cuánto se van a sacrificar por servir al país. Qué decir también, por ejemplo, de las liquidaciones de oro en muchas instituciones o de las pensiones vitalicias de los presidentes de la República, quienes además tienen a su servicio decenas de integrantes del Estado Mayor Presidencial.

El caso de México es grave porque, ante la ausencia de una moral pública mínima, cualquier resquicio o laguna de la ley es aprovechado por muchos servidores públicos para que se haga justicia en sus bolsillos; de ahí este país de iniquidad a pesar de crisis económica. Es muy importante aclarar que los sueldos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, de los magistrados del TEPJF y de muchos otros funcionarios públicos son establecidos por ellos mismos. No hay norma constitucional ni ley que les “obligue” a ganar casi medio millón de pesos mensuales. 

 De ahí que, ante la ausencia de responsabilidad social y equidad personal de estos servidores públicos, la ley debe hacer lo que ellos moralmente no han querido llevar a cabo. Por eso es necesaria la iniciativa de reforma constitucional y Ley de Remuneraciones que busca acotar estos abusos en los ingresos. Ahí se prevén principios de equidad, normas de fiscalización y rendición de cuentas, y además que ningún servidor público puede tener un ingreso total neto superior al del presidente de la República

La iniciativa fue aprobada por unanimidad en el Senado el 13 de marzo del 2007, pero fue congelada por la Cámara de Diputados que no ha dicho esta boca es mía. 

 Por cierto, en el TEPJF se observan peligros para la apertura informativa. Salió la maestra Gabriela Vargas como titular de la unidad de enlace, quien había dado una lucha interna por cumplir la ley y hacer público lo que debe ser público. En su lugar entra el doctor Francisco Acuña Llamas –en un movimiento degradante para él, al haber sido el secretario técnico de la Comisión de Transparencia–, a quien no se le conoce experiencia operativa en la materia.  

 

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