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Una puerta abierta a la tortura


Por William Fisher

NUEVA YORK,  (IPS)  – Organizaciones médicas denuncian que una sección 
del manual que el ejército de Estados Unidos usa para sus interrogatorios 
aún permite emplear tácticas que pueden constituir tortura o tratos 
crueles, inhumanos o degradantes bajo el derecho estadounidense e 
internacional.

De todos modos aplauden las recientes órdenes ejecutivas del presidente 
Barack Obama prohibiendo la tortura y otras duras prácticas en 
interrogatorios. Esas órdenes fueron dirigidas a todas las secciones del 
gobierno, incluida la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

  Pero Médicos por los Derechos Humanos (PHR, por sus siglas en inglés), 
organización sin fines de lucro galardonada con el premio Nobel, pide al 
grupo de tareas designado por el presidente reevaluar las políticas de 
interrogatorios y traslado de prisioneros para revocar la polémica 
sección –el Apéndice M– y consultar con organizaciones de derechos 
humanos como parte del proceso de revisión.

  "La técnica de ‘separaciónÂ’ permitida por el Apéndice M puede sonar 
inocua, pero en realidad permite el uso de privación del sueño, privación 
sensorial y aislamiento", dijo a IPS el director de la oficina de PHR en 
Washington, John Bradshaw.

  "Separación" es la palabra que utiliza el Manual para hablar del 
aislamiento.

  "Particularmente cuando se las usa de modo combinado, estas técnicas 
equivalen a tortura psicológica. El gobierno de Obama debe cerrar este 
vacío en el Manual de Campo del Ejército eliminando el Apéndice M, que 
deja la puerta abierta a la tortura", opinó Bradshaw.

  Los expertos legales coinciden. "El anuncio del presidente Obama en 
cuanto a que Estados Unidos no se comprometerá en la tortura es elogiable. 
Pero el castigo o trato cruel, inhumano o degradante también viola la ley 
estadounidense, tal como fue especificado por tres tratados que hemos 
ratificado", dijo a IPS la presidenta del Sindicato Nacional de Abogados, 
Marjorie Cohn.

  "El nuevo gobierno no debería usar el Manual de Campo del Ejército como 
el estándar de oro para los interrogatorios, dado que el Apéndice M 
sanciona técnicas, incluidas el aislamiento y la privación prolongada del 
sueño, que equivalen a trato cruel, inhumano o degradante", agregó.

  PHR también exigió a Obama y al Congreso legislativo "autorizar 
inmediatamente a una comisión no partidaria para investigar la 
autorización, justificación legal e implementación del régimen de tortura 
psicológica y física del gobierno de (George W.) Bush (2001-2009)".

  Agregó que "cualquier mecanismo de responsabilización debe incluir a un 
subgrupo encargado de investigar la participación de profesionales de la 
salud en el abuso a detenidos".

  PHR también urgió a Obama a poner fin al empleo de psicólogos y otros 
expertos en interrogatorios. "El uso continuado de consejeros en la 
ciencia del comportamiento viola la ética médica y subvierte las 
tradiciones de las profesiones que sanan. Cualquier procedimiento 
actualmente en práctica que involucre a profesionales de la salud en 
interrogatorios que quebranten la ética médica deberían estar prohibidos", 
dijo el presidente de PHR, Frank Donaghue.

  El hecho de que el gobierno anterior utilizara como arma a las 
profesiones vinculadas a la salud "para infligir daño a los detenidos 
constituye un crimen de guerra en sí mismo", sostuvo Donaghue.

  "Pese a todo lo que se reveló hasta ahora sobre abusos cometidos por 
profesionales de la salud, persisten muchas preguntas, entre ellas si 
habrá alguna responsabilización por las groseras violaciones de la ética 
médica y la ley", agregó.

  "El deseo de dar vuelta la página en los últimos siete años de abusos y 
torturas a detenidos por parte de las fuerzas estadounidenses es 
comprensible", dijo, pero señaló que "Obama, el Congreso y las profesiones 
de la salud no habrán cumplido su obligación ante la Constitución y la 
ética médica si acordamos solamente una reforma sin responsabilización", 
dijo Donaghue.

  Otros profesionales de la salud están adoptando posiciones similares. 
Uno de los más manifiestos, el psicólogo Jeffrey Kaye, destacó que el 
Apéndice M "continúa permitiendo el uso del aislamiento sobre los llamados 
‘combatientes ilegales enemigos’".

  "Luego que explotó el escándalo de (la prisión iraquí de) Abu Ghraib, 
el gobierno de Estados Unidos quiso esconder o prohibir todos los tipos de 
tratos que se volvieron notorios debido a la exposición de la prensa, 
entre ellos las revelaciones en torno al ‘waterboardingÂ’ (submarino). 
Redujeron su programa de torturas al modelo determinado por el manual de 
Kubark (nombre en clave) de la CIA, de comienzos de los años 60", expresó 
a IPS.

  El "waterboarding" es una técnica similar al "submarino", muy utilizado 
por las dictaduras latinoamericanas en los años 70 y 80, y consiste en una 
simulación de ahogamiento durante los interrogatorios.

  "Ellos tergiversaron el significado de las Convenciones de Ginebra 
según su voluntad, a fin de implementar este programa de interrogatorios 
coactivos, usando el Manual de Campo del Ejército y el Apéndice M como su 
principal dispositivo", dijo Kaye.

  "Este programa depende de la producción de regresión psicológica usando 
una combinación de confinamiento solitario, fatiga, privación del sueño, 
privación sensorial y sentimientos de temor para producir una dependencia 
para con el interrogador. Estas técnicas, permitidas por el Manual de 
Campo del Ejército e implementadas con la asistencia de médicos y 
especialistas en la salud del comportamiento, como los psicólogos, son 
totalmente antiéticos en relación a la ley existente, y equivalen a 
torturas y/o trato cruel e inhumano de los prisioneros", agregó.

  "En muchos sentidos, el aislamiento es la esencia del abuso a los 
detenidos estadounidenses. Todo lo demás viene a continuación. El 
aislamiento puede causar un serio deterioro mental en muchos individuos", 
sostuvo Kaye.

  "Este deterioro puede tener lugar en un plazo de días, bien por debajo 
del periodo inicial de 30 días permitido por el Apéndice M. Estos 30 días 
pueden ser seguidos por periodos adicionales, si se obtiene la aprobación 
adecuada", añadió.

  Aunque lo prohíbe ostensiblemente, el Manual también permite la 
privación sensorial, señaló. "Como último recurso, cuando la separación 
física de los detenidos no es viable, pueden utilizarse anteojos o vendas 
de ojos y orejeras como método conveniente para generar una percepción de 
separación", dijo.

  En el único reconocimiento que hizo el gobierno de Bush de haber 
infligido tortura a un prisionero, hace poco una alta funcionaria del 
Pentágono reveló a The Washington Post que una combinación de técnicas 
permisibles usadas sobre un detenido de Guantánamo, más la intensidad y 
duración de estas técnicas, ponía seriamente en peligro la salud del 
prisionero y constituía tortura.

  La funcionaria se negó remitir el caso a las autoridades de la Comisión 
Militar de la prisión estadounidense de la bahía de Guantánamo, Cuba.

  Durante el gobierno de Bush, varias importantes organizaciones médicas 
llamaron al presidente a poner fin a la participación de los profesionales 
de la salud en interrogatorios a detenidos.

  La Asociación Médica Estadounidense (AMA, por sus siglas en inglés) 
adoptó una resolución oponiéndose a la "participación de médicos en la 
tortura o trato inhumano o castigo de individuos en relación a la 
detención y encarcelamiento".

  Otras organizaciones, como la Asociación Psiquiátrica Estadounidense, 
la Asociación Psicológica Estadounidense y la Asociación de Enfermeros 
Estadounidenses, adoptaron posiciones similares.

  Sin embargo, hay amplia evidencia de que cierto personal médico militar 
participó en torturas y abusos a los detenidos. Por ejemplo, algunos 
informes señalan que los llamados Equipos de Consejeros de Ciencia del 
Comportamiento incluyeron a personal médico que era consciente del abuso a 
prisioneros pero no lo reportó o documentó adecuadamente.

  Y también, que los interrogadores tuvieron acceso a antecedentes 
médicos confidenciales de los detenidos, que hubo profesionales de la 
salud que participaron directamente en el desarrollo e implementación de 
abusivos planes de interrogatorios, y que médicos, psiquiatras y 
psicólogos pueden haber facilitado los abusos al dar a los interrogadores 
información sobre la salud mental y las vulnerabilidades de los detenidos.

  El Comité Internacional de la Cruz Roja describió lo que observó en 
junio de 2004 en Guantánamo como "una flagrante violación de la ética 
médica".

(FIN/IPS/traen-js-rp/wf/ks/na ik ip sp hd fe/09)