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Antiabortistas pierden batalla en la Corte

México,  (IPS)  – El gobierno de México, la Iglesia Católica y otros 

sectores conservadores perdieron ante la Suprema Corte de Justicia una 

crucial batalla contra la despenalización del aborto, vigente en la 

capital a partir de abril de 2007. Desde entonces, 12.262 mujeres hicieron 

uso legal de ese derecho.

Por Diego Cevallos

 

En la tercera sesión de la semana programada por la Corte para definir si 

la norma viola o no la Constitución, fue evidente que al menos siete de 

los 11 magistrados del máximo tribunal votarían contra el recurso de 

inconstitucionalidad, según el contenido de sus intervenciones.

 

   Aunque las sesiones continuarán hasta que todos los integrantes del 

tribunal se pronuncien, ya no hay posibilidades de que la despenalización 

sea anulada. Según las leyes, para declarar la inconstitucionalidad de una 

norma se requiere el voto de al menos ocho de los 11 magistrados de la 

Corte.

 

  "Han ganado la razón, la ley y los derechos de las mujeres a decidir", 

dijo a IPS Lorena Martínez, integrante de un grupo feminista que funciona 

en el ámbito de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

 

  En contraste, Marcela Fernández, del antiabortista Comité Pro Vida, 

lamentó la decisión: "los que perdieron fueron los derechos sagrados de la 

vida", dijo a IPS.

 

  Desde abril de 2007, cuando se despenalizó en la capital la 

interrupción voluntaria del embarazo en las primeras 12 semanas de 

gestación, hasta el 15 de agosto, 26.000 mujeres solicitaron a las 

autoridades información sobre esa práctica y, de ellas, 12.262 hicieron 

uso de ella.

 

  Según informes oficiales, 50 por ciento eran solteras y menores de 24 

años y cursaban su segundo mes de gestación.

 

  La ley que eliminó la pena de cárcel de tres a seis meses o de trabajos 

comunitarios, fue aprobada por la legislatura capitalina, dominada por el 

izquierdista Partido de la Revolución Democrática.

 

  Si el aborto se practica luego de las 12 semanas de embarazo sin 

justificación médica las sanciones se mantienen. Según varios estudios, 

tales penas casi nunca se aplican.

 

  Entre abril y junio, la Suprema Corte escuchó los argumentos a favor y 

en contra de la ley, expuestos por activistas, juristas, especialistas de 

la medicina, funcionarios del gobierno y miembros del clero.

 

  El domingo, un día antes de que los magistrados iniciaran el debate 

final, el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Carlos 

Aguiar, se presentó en un espacio de televisión pago para pedir a la Corte 

que declarara la inconstitucionalidad de la despenalización del aborto.

 

  "Muchos son los retos que tiene el país. Destacamos el respeto a la 

vida humana desde la concepción. Sin el don de la vida ningún otro derecho 

es posible, la defensa de un ser humano recién concebido debe acompañarse 

de la defensa de la dignidad de la mujer, respetar el derecho a la vida se 

encuentra en la base de la auténtica democracia", dijo Aguiar en ese 

mensaje.

 

  El presidente Felipe Calderón, del conservador Partido Acción Nacional, 

no utilizó la estrategia de la Iglesia. Pero la fiscalía general impugnó 

la ley de despenalización con argumentos jurídicos, no religiosos.

 

  Otra entidad que cuestionó la constitucionalidad de la ley fue la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo que le valió duras críticas de 

activistas. Este organismo también recurrió a una argumentación de 

carácter jurídico.

 

  Pero esos razonamientos no convencieron al número necesario de 

magistrados como para invalidar la despenalización del aborto.

 

  El ministro de la Corte, Genaro Góngora, señaló que "no existen 

elementos consensuados, jurídicos y fuertemente razonables que determinen 

la existencia del derecho a la vida del producto de la concepción antes de 

las 12 semanas de gestación y obliguen su defensa por la vía penal".

 

  Su par José de Jesús Gudiño estimó que "en la Constitución no hay una 

sola regla que establezca una protección directa al producto de la 

concepción, con independencia o en contra de la voluntad de la madre", por 

lo cual la despenalización no es inconstitucional.

 

  En cambio, el magistrado Salvador Aguirre, quien se pronunció contra la 

ley, repitió en varias ocasiones que no se trata de penalizar a la mujer 

sino de salvaguardar al embrión, que a su entender quedó "desprotegido".

 

  Cuando se aprobó la ley de despenalización del aborto en la capital 

varias encuestas revelaron que contaba con apoyo de una sólida mayoría, si 

bien 40 por ciento de consultados la rechazaban.

 

  Ese respaldo a la interrupción voluntaria de la gestación coexiste en 

este país con una mayoritaria profesión de fe católica. La Iglesia castiga 

el aborto con la excomunión.

 

  Mientras el tema se discutía en la legislatura capitalina, el papa 

Benedicto XVI alzó su voz pidiendo que no se aprobara, lo que dio pie a 

críticas de la izquierda a una presunta intervención del Vaticano en 

asuntos internos de otro Estado.

 

  Un estudio de la UNAM señala que en este país de 104 millones de 

habitantes se practican hasta un millón de abortos clandestinos por año, 

lo que equivale a 30 por ciento de los embarazos anuales. Sin embargo, 

otras fuentes hablan de menos de 500.000 abortos anuales.

 

  En los 32 estados mexicanos, el aborto no se castiga cuando el embarazo 

es producto de una violación. Estudios revelaron que cada cuatro minutos 

una mujer o una niña es violada en México, pero si resulta embarazada 

difícilmente pueda ejercer el derecho legal de abortar, por una infinidad 

de obstrucciones administrativas y la negligencia de las autoridades.

 

  En 29 distritos no se penaliza el aborto "culposo", es decir la 

interrupción espontánea de la gestación provocada por una conducta 

"imprudente" de la mujer.

 

  En 27 estados está permitido abortar si con ello se salva la vida de la 

madre, en 13 si el feto presenta malformaciones graves y en 10 cuando se 

trata de proteger la salud de la mujer.

 

  Varias investigaciones indican que los abortos clandestinos constituyen 

la cuarta o quinta causa de muerte de las mujeres mexicanas y que obtener 

un permiso para abortar es engorroso y hasta imposible. 

(FIN/IPS/dc/jsp-dcl/la ip he wo pr md hd mx sl/08)