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Bajo impacto de legalización parcial del aborto

BOGOTÁ, (IPS)  – Una mujer de Pasto, capital del departamento
colombiano de Nariño, supo que el bebé que esperaba nacería con
malformaciones severas. Acudió al Hospital Universitario Departamental
para interrumpir el embarazo, y el jefe de gineco-obstetricia le dijo: "Si
su hijo nace muy malformado, lléveselo a un circo".

Por Constanza Vieira

Por eso surgió el Proyecto LAICIA (Litigio de Alto Impacto en Colombia: la
Inconstitucionalidad del Aborto), pionero en el mundo.

   Lo lidera la joven abogada Mónica Roa, de Women’s Link Worldwide (WLW,
Enlace Internacional de Mujeres), que promueve la equidad de género a
partir de la aplicación del derecho internacional, el trabajo con la rama
judicial y el litigio estratégico.

   Roa luchó desde 2005 para que la Corte Constitucional de
Colombia –donde el aborto es ilegal– tomara posición frente al tema,
respaldada por la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, que reúne a
la Red Nacional de Mujeres y trabaja desde hace varios años para que los
derechos sexuales y reproductivos sean una realidad.

   El 10 de mayo de 2006, la Corte emitió la sentencia C-355/06, que
permite la interrupción del embarazo cuando éste es producto de una
violación, ante una malformación que haga inviable la vida del feto, o
cuando esté en riesgo la vida o la salud de la madre.

   Desde entonces, el aborto para esos casos se convirtió en un derecho
legal, y el trabajo de Roa consiste en asegurarse de que la decisión del
alto tribunal no se quede en el papel.

   Cuando se anunció el fallo, la influyente Iglesia Católica dispuso la
excomunión de los cinco magistrados que hicieron mayoría con su voto
afirmativo, así como de los médicos que practicaran el aborto legal.

   A pesar del descenso en la tasa global de fecundidad colombiana, "del
total de gestaciones esperadas en Colombia 24 por ciento terminan en
aborto y 26 por ciento en nacimientos no deseados", sostiene un informe
del Ministerio de Protección Social entregado a IPS por el viceministro
Carlos Ignacio Cuervo.

   Más de la mitad de las mujeres gestantes no planean el embarazo, y sólo
uno de cuatro abortos llega a las instituciones de salud. Entre 1990 y
1995, hubo unas 80.000 hospitalizaciones por complicaciones de abortos.

   El dato "sugiere que por cada 10 nacidos vivos se registran casi cuatro
abortos y por cada 100 mujeres de 15 a 49 años, tres se han practicado
aborto", afirma el informe. El Ministerio admite que en Colombia se
realizan cerca de 300.000 abortos inducidos por año.

   El Ministerio consideró el aborto la tercera causa de mortalidad
materna, que Colombia debe reducir en 75 por ciento entre 1990 y 2015,
para cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio a los que se
comprometió en 2000.

   Pero Beatriz Quintero, coordinadora general de la Mesa por la Vida y la
Salud de las Mujeres, no cree que la despenalización parcial del aborto
tenga aún un impacto específico en la mortalidad materna.

   Tras la reglamentación del fallo de la Corte por parte del Ministerio,
clínicas y hospitales están obligados a reportar trimestralmente sobre las
interrupciones voluntarias de embarazo  realizadas, pero las estadísticas
constituyen un "agujero negro".

   "No hay cifras", dijo Quintero a IPS, "no existe todavía un sistema de
información", matizó.

   En ocho ciudades en las que trabaja la Mesa, y a punta de derechos de
petición de información respondidos en un 60 por ciento, ese grupo
feminista obtuvo cifras nacionales superiores y en un período más larga
que las del Ministerio: 40 casos en 22 meses, contra 21 que registró esa
cartera sólo en 2007.

   Mientras el reporte ministerial no especifica la edad de las mujeres ni
la causa del aborto, los datos recabados por la Mesa indican que, de los
40, 67 por ciento correspondieron a violencia sexual, 20 por ciento a
malformaciones y 13 por ciento a riesgo para la salud de la mujer.

   "El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF, a cargo de la
atención de la infancia en riesgo) reporta 12 adolescentes menores de 18
años que solicitaron el aborto, por la causal de abuso sexual", dijo en
rueda de prensa el miércoles Edgardo Maya, procurador general de la Nación
(ministerio público).

   Para Quintero, "hay muchas barreras administrativas que impiden que las
mujeres accedan a este derecho. Por falta de información de las propias
mujeres, de las entidades prestadoras de salud y de parte de las
autoridades".

   A las mujeres "se les ponen muchas trabas" no previstas en las normas.
"A veces les exigen junta médica, otras, que deben esperar a que un juez
decida", según la coordinadora de la Mesa.

   "El Ministerio debería hacer campañas mucho más agresivas…, y empezar
a capacitar a los funcionarios", pues éstos "intentan aplicar la norma
según su posición moral" sobre el aborto, agregó.

   "Tratan a las mujeres como inválidas, incapaces de decidir. La
capacitación es para que los funcionarios actúen de acuerdo con la norma",
subrayó Quintero.

   En muchos casos, esta obstrucción lleva al nacimiento de bebés
gravemente malformados, o a que las mujeres y niñas violadas o enfermas
sufran traumas severos y daños a su salud.

   "Cuando una mujer no pudo acceder al aborto cuando tuvo derecho, no es
un hecho superado, sino una violación del derecho de la mujer", sostuvo el
magistrado de la Corte Constitucional, Fernando José Cepeda.

   El magistrado adelantó el contenido del fallo de tutela D209/08 de esa
alta corte, sobre el aborto denegado a una niña de 14 años que fue
violada. El fallo establece "sanciones" y "órdenes" encaminadas a asegurar
que las normas sobre la interrupción del embarazo se cumplan.

   La Procuraduría y WLW anunciaron un convenio de cooperación
interinstitucional, para el control conjunto de la aplicación de la
normativa vigente.

   LA NORMA EN EL PAPEL

   Tras el fallo de la Corte Constitucional, las clínicas manejadas por
religiosos, que hacen parte del sistema de salud, y los médicos católicos
anunciaron que se negarían a practicar la interrupción voluntaria del
embarazo.

   Sólo los individuos, y no las instituciones, pueden invocar objeción de
conciencia, debidamente justificada, para no practicar un aborto en casos
de violación o en los que esté en juego la salud de la madre o del feto.

   Las clínicas están obligadas a tener médicos que no sean objetores de
conciencia o remitir las pacientes a instituciones que sí las atiendan.

   Así lo determinó el Ministerio de la Protección Social a finales de
2006 y en 2007, con la reglamentación de la interrupción voluntaria del
embarazo en Colombia, como un derecho en el sistema de salud. La cartera
diferencia esa práctica del "delito de aborto", que se lleva a cabo sin
las condiciones mencionadas.

   La normativa debe ser aplicada por todos los prestadores de servicios
de salud, estatales o privados.

   La única persona que decide es la mujer misma, incluso si es menor de
edad, y el aborto debe prestarse dentro de los cinco días siguientes a su
solicitud.

   Si el embarazo es producto de una violación o incesto, basta la copia
de una denuncia, sin límite tiempo para denunciar, ni para solicitar el
procedimiento abortivo.

   La reglamentación no establece un listado de enfermedades que puedan
invocarse al justificar el riesgo para la vida y la salud de la mujer.
Basta una certificación médica. El mismo galeno que diagnostica puede
practicar el procedimiento, bajo compromiso de confidencialidad.

   Se supone que ese riesgo se invoca si el embarazo puede agravar
afecciones cardíacas serias y lupus, entre otras, o cuando impide
continuar tratamientos de enfermedades crónicas o terminales, como el
cáncer.

   Pero, tal como lo establecen el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales y la Organización Mundial de la Salud,
por "salud de la mujer" se entiende su bienestar físico, mental o social.
Esto abre una brecha para ampliar los argumentos que permitan invocar el
derecho a una interrupción voluntaria del embarazo. (FIN/IPS/cv/dcl/la he
pr wo hd md sl cb/08)