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La Iglesia ya le entró a la guerra sucia


Editorial Revista Siempre!

Los mexicanos tienen que agradecerle al arzobispo de Durango, Héctor González Martínez, su sinceridad. Más que una revelación, su frase: “El Chapo vive en Durango y todos lo saben, menos las autoridades”, confirma lo sabido: que la Iglesia católica le está ayudando al gobierno y al líder de Acción Nacional, Germán Martínez Cázares, a ganar elecciones.

¿Se vale? En el nombre de Dios, todo es posible, dice la Iglesia. Una institución cuyo prestigio y credibilidad está pasando por uno de los peores momentos de su larga historia. Envuelta en una serie de escándalos de todo tipo, relacionados con el abuso sexual a menores, con el enriquecimiento inexplicable de sus más altos jerarcas y, por supuesto, con las más fuertes debilidades humanas de obispos y cardenales, quienes, junto con secretarios de Estado y altos funcionarios del gobierno mexicano, se entregan a la tertulia y disipación.

Ahí, entre copa y copa, entre una y otra corrida de toros, comidas, cenas o simples encerronas, los monseñores y los políticos más cercanos a Los Pinos se ponen de acuerdo con la derecha para impedir que la oposición gane los comicios en el 2009.

El acuerdo entre la jerarquía eclesiástica y el gobierno es evidente. Frases aquí, sermones allá o supuestas revelaciones, como las del arzobispo de Durango, denuncian un pacto no escrito entre ambas partes para manipular la conciencia ciudadana a favor de Acción Nacional.

La conspiración ha comenzado, sin embargo, a generar problemas. Al decir lo que dijo, y cómo lo dijo, el arzobispo González Martínez se dio un balazo en el pie. Con la firme convicción de que la Iglesia nunca miente, repitió una leyenda urbana. Pero al agregar que “todos saben dónde está” uno de los narcotraficantes más poderosos, se incluyó él mismo, automáticamente, en la lista de quienes no han querido denunciar a un capo que se fugó, por cierto, al iniciarse el sexenio de Vicente Fox.

Prueba de que las más altas instancias del catolicismo buscan participar en el proceso electoral es el documento elaborado por la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) para que las arquidiócesis, diócesis y vicarías se dediquen a promover el voto.

El llamado del IFE para que lo hagan con prudencia y en el marco de la equidad electoral se convertirá, sin duda, en una “llamada a misa”, porque el IFE carece de facultades para sancionar a las iglesias, pero sobre todo porque el gobierno de la República no tiene ninguna intención de inhibir una estrategia que tiene como propósito ayudar al PAN.

Si hubiera alguna duda, el propio presidente de Acción Nacional dejó ver durante la Conferencia Episcopal Mexicana —a la que fueron convocados todos los partidos— que “ha llegado el momento de no conformarnos con la libertad de culto, hay que ampliarla a una verdadera libertad religiosa”.

Para la Iglesia católica, auténtica autora de esa iniciativa, “la verdadera libertad religiosa” significa intervenir en política. Sus representantes argumentan que los sacerdotes no buscan ser candidatos a la Presidencia de la República, a diputados o senadores. Sin embargo, es obvio que pretenden ir abriendo la puerta para, cuando menos en una primera instancia, fungir como grandes y poderosos electores.

El documento de la CEM, “muy profundo y bien hecho, apartidista y para exhortar al sufragio” —como ha señalado un obispo—, tiene una buena carga de simulación. Primero, porque en un Estado no confesional, como es el mexicano, la Iglesia tiene que permanecer al margen de los asuntos públicos, como es, sin duda, lo electoral; respetar la laicidad que marca la Constitución y circunscribirse, por consecuencia, a los espacios que son propios de la religión.

El solo hecho de que el proceso electoral del 2009 se haya convertido en el tema central de la CEM habla no únicamente de las pretensiones políticas que tiene la Iglesia, sino de que cuenta para ello con su principal aliado histórico: el PAN.

Si no fuera así, ¿por qué el clero político, cardenales y arzobispos no han convocado a debatir temas como la crisis económica y el narcotráfico para que también los partidos políticos y otras instancias sociales deslinden públicamente responsabilidades? Los gobernadores y presidentes municipales tienen, sin duda, que aclarar por qué en sus regiones no puede ser abatido el crimen organizado, pero también tiene que ser transparentada la actuación de los funcionarios federales. ¿Quién puede tirar la primera piedra? Ni siquiera los sacerdotes.

Los integrantes de la CEM están mostrando un rostro contrario a la doctrina cristiana. Simuladores, por no decir, hipócritas; sectarios, contrarios al principio fundamental de la justicia y equidad, pero sobre todo mezquinos, cuando la nación exige miras elevadas.

La Iglesia católica mexicana le ha entrado a la guerra sucia electoral, inaugurada por el gobierno y su partido, lo que hace más vulnerable a una institución que tiene, en este momento, importantes deudas morales, e incluso responsabilidades penales con la sociedad.

En lugar de pretender fungir como garantes de la democracia, obispos y cardenales deberían de comenzar por lavar la pila de trapos sucios que tienen en casa.