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Las Iglesias no son una competencia

 

Por Armando Martínez Gómez / Revista Siempre!

 

El pasado 22 de enero, la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal emitió un acuerdo en el que solicitó al secretario de Gobernación garantice el cumplimiento del artículo 130 de la Constitución, con motivo de un ensayo del semanario Desde la Fe en el que se amonestan la parcial despenalización del aborto, la creación de las sociedades de convivencia, el “divorcio exprés”, entre otras reformas que atentan en contra de la familia tal cual es concebida por la religión católica.

Dicho acuerdo menoscaba la garantía constitucional a la libertad de expresión de las ideas, argumentando que estamos en un Estado laico y democrático, sin embargo, mantiene una interpretación restringida de dichos conceptos, puesto que el sentido de un Estado laico y democrático radica precisamente en que todas y todos podamos profesar la religión que nos parezca adecuada y tengamos el derecho de expresar nuestros puntos de vista con relación a los temas de interés general.

La característica esencial de la laicidad implica que el poder político no invada el terreno del poder religioso, ni el religioso el del político. Sin embargo, el laicismo se muestra como impositor de un sistema de pensamiento único. El Estado laico no puede prescindir de la actividad de las Iglesias y otros grupos, en lo que se refiere al establecimiento y promoción de valores humanos. Sólo puede existir dicho Estado si la libertad que garantiza a sus ciudadanos se regula desde la moralidad del individuo y el consentimiento de la sociedad. La neutralidad del Estado no significa la sustitución o exclusión de todos los aspectos religiosos del ámbito oficial, porque el Estado no puede ignorar las convicciones religiosas de sus ciudadanos.

A 60 años de la celebración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, recordemos que “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, mediante la enseñanza, la práctica, el culto y la observación” (artículo 18).

No podemos imponer coactivamente nuestras creencias. Las libertades de conciencia, credo y religiosa son menester para vivir dignamente, pues la conciencia es, al final del camino, nuestra guía para actuar. Por ello, es incorrecto que a través del aparato estatal se intente imponer una forma de pensar y ser, coartando el derecho de algunos individuos a expresar su opinión en temas sensibles para la sociedad. Es tiempo de que el Estado deje de considerar a las Iglesias como una competencia que pone en riesgo su soberanía, para percibirlas como un socio al servicio de las personas, ciudadanos del Estado y, al mismo tiempo, en su gran mayoría miembros de una Iglesia. 

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