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Nefasta jugada del PRI


Por MARTA LAMAS / Revista Proceso

 Una mujer es más que un cuerpo condenado por su biología. Una mujer puede reparar el error de un embarazo no deseado, producto de la fragilidad de un descuido o del horror de una violencia. Hace dos años, el 24 de abril de 2007, en la Asamblea Legislativa diputadas y diputados de seis partidos confirmaron esa posibilidad de rectificación al aprobar las reformas que despenalizan en el Distrito Federal la interrupción de una gestación hasta las 12 semanas de iniciada. Esto  fue posible por el convencimiento contundente de distintos sectores de la sociedad de que era una reforma benéfica y necesaria. Para empezar, 22 mil 233 mujeres han evitado los riesgos y la extorsión económica de la clandestinidad. Sin esta ley, ¿cuántas de ellas se habrían infectado, o habrían quedado estériles o incluso habrían fallecido? Seguramente la mayoría habrían estado muertas de miedo mientras juntaban los miles de pesos necesarios para pagar una intervención riesgosa por lo ilegal. 

La apropiación de la ley por parte de las mujeres que se benefician de ella es impresionante. Hoy muchísimas mujeres están muy lejos de la resignación de antes, y saben que tienen el derecho a decidir, de manera legal y segura, qué hacer ante un embarazo no deseado. Y la cada vez mejor prestación del servicio por parte de las instituciones de salud del Gobierno del DF también desdramatiza la intervención. Al abortar legalmente, con tranquilidad y seguridad, la decisión de las mujeres de ejercer su derecho a elegir implica un signo de maravillosa vitalidad democrática. 

Sin embargo, México no es el DF. En otras entidades federativas la situación no sólo no ha mejorado, sino que perfila un panorama ominoso. Un conservadurismo destructivo está tejiendo complicaciones en varios estados de la República al introducir modificaciones a las Constituciones locales para “proteger la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural”. Sí, a partir de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en agosto del 2008, ocho estados han avanzado en lo que pretende ser un “blindaje” en contra de la despenalización. 

La primera iniciativa aprobada por un Congreso local  fue la de Sonora, el 21 de octubre del 2008, presentada por las fracciones panista y priista del Congreso sonorense, de mayoría priista y con un gobierno del mismo signo. La segunda iniciativa fue el 11 de noviembre, en Morelos, gobernado por el PAN, y la propuesta provino de una diputada priista y una panista. La tercera fue el 14 de diciembre,  en Baja California, gobierno panista, donde, en votación secreta, se aprobó con el apoyo de la fracción priista. La cuarta fue en Colima, con gobierno priista, el 17 de febrero de este año. En Puebla, con gobierno priista, se aprobó el 12 de marzo; la quinta en Jalisco, gobernado por el PAN, el 26 de ese mismo mes. Y en abril hubo dos más: Durango, con gobierno del PRI, el 7 de abril, y Nayarit, también priista, el 17 de abril. Al escribir este artículo existen iniciativas similares en los estados de Aguascalientes, Estado de México, Guanajuato, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz, Campeche y Quintana Roo. Es de notar que, si bien la estrategia de reformar las Constituciones estatales empezó siendo orquestada por los grupos católicos más conservadores, ha podido avanzar por el decidido apoyo del PRI.  

¿Por qué el PRI se suma ahora a esta iniciativa reaccionaria? Después de un cierto alejamiento de la jerarquía de la Iglesia católica por su apoyo al PAN, el PRI parece decidido a recuperar terreno a toda costa, incluso contra su propia tradición liberal. Su objetivo electoral  justifica todo. Da la impresión, por lo concertado de las acciones, de que hay “línea” al respecto en ese partido. Y mientras los priistas inician y apoyan los retrocesos locales, en el DF el conservadurismo panista sigue haciendo de las suyas. El secretario de Salud federal, doctor José Ángel Córdova Villalobos, ha prohibido a los hospitales federales ubicados en la Ciudad de México que cumplan la normatividad de la despenalización del aborto. Así, en el Hospital de la Mujer y en el Gea González, al igual que en  el Hospital General y  en el Juárez, los médicos tienen prohibido realizar la intervención, no obstante que se encuentran obligados por la ley. Obedeciendo el lineamiento de Córdova Villalobos, tampoco las clínicas y hospitales del Seguro Social y del ISSSTE dan ese servicio a sus aseguradas, lo cual es un desacato a la ley. 

No obstante estas deplorables reacciones, la despenalización en el DF se sostiene en el imaginario ciudadano del país como un símbolo de la voluntad del gobierno perredista del DF de abatir la mortalidad materna causada por el aborto inseguro, así como de su esfuerzo para contrarrestar la injusticia social que implica esta práctica cuando es ilegal. La despenalización guarda concordancia con el carácter laico del Estado mexicano, que respeta la diversidad ideológica y reconoce la libertad de conciencia de las personas. Lamentablemente, ni el PRI ni el PAN están interesados en respetar la libertad de decidir de las mujeres y sus derechos fundamentales a la vida, la salud y al desarrollo de sus proyectos de vida.