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Ocho sacerdotes ejecutados en el actual sexenio


RODRIGO VERA / Semanario Proceso
 

Durante la administración calderonista ocho sacerdotes han sido ejecutados por grupos ligados al narcotráfico, mientras que decenas de obispos viven bajo amenaza, alerta la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) en su informe Neopersecución de sacerdotes en México, y revela que incluso el cardenal de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, sufrió un envenenamiento. En esta cruzada del gobierno federal contra el narco, el clero es un sector social muy golpeado y totalmente vulnerable. “Ya nos mataron a un cardenal… el caso puede repetirse”, advierte a su vez el presidente del Colegio de Abogados Católicos, Armando Martínez.

 

“Después de Colombia, México es el país más peligroso para ejercer el sacerdocio en América Latina”. Esta es la señal de alerta que acaban de lanzar la Santa Sede y el episcopado mexicano ante el incremento de los asesinatos y las amenazas de muerte que están padeciendo sus ministros de culto, sin que hasta el momento se castigue a los agresores.
 

No son para menos los focos rojos encendidos en la Iglesia católica: en lo que va del gobierno de Felipe Calderón ya han sido asesinados por sicarios o por grupos de la delincuencia común los sacerdotes y religiosos Ricardo Junious, Fernando Sánchez Durán, Humberto Macías Rosales, Gerardo Manuel Miranda Ávalos, Julio César Mendoza, Habacuc Hernández Benítez, Eduardo Oregón Benítez y Silvestre González Cambrón. Además, algunos obispos del país han recibido amenazas de muerte.
 

Estos hechos se mencionan en el estudio Neopersecución de sacerdotes en México, que la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) dio a conocer en su sitio de internet. Ahí se agrega que de 1993 a la fecha se han perpetrado “15 asesinatos, contra un cardenal, 11 sacerdotes y tres religiosos”. 
 

Así, más de la mitad de esas ejecuciones se dieron tan sólo en el trienio que lleva el actual gobierno. Detalla el informe que la Iglesia católica es víctima de “grupos aislados de mafiosos y cabecillas del crimen organizado”. También menciona las zonas más peligrosas para la actividad pastoral:

“La región de la Sierra Caliente de Guerrero; Los Altos de Chiapas; la zona mixe de Oaxaca; los municipios tarascos de Michoacán; la región de Tepehuanos y el Mezquital de Durango; la capital de Coahuila; la zona fronteriza de Chihua­hua; la región de Los Mochis hasta Mazatlán, Sinaloa; el puerto de Veracruz y la ciudad de Xalapa; la capital de Aguascalientes, Jalisco e Hidalgo, y el área conurbada del Estado de México y del Distrito Federal.”
 

El sacerdote Omar Sotelo, a cargo del Centro Católico Multimedial (CCM) y responsable del informe, señala que en esa investigación se tomaron datos publicados por organismos dependientes de la Santa Sede.

“El Vaticano está al tanto de lo que sucede en México. Publica cuestiones al respecto. Y en nuestro estudio se tomó información de la agencia Fides, que aunque tiene cierta autonomía respecto al Vaticano, está dentro de sus lineamientos. Esa agencia elabora informes semestrales y anuales, que es donde aborda la situación de México y de otros países, haciendo análisis comparativos.”

 

–¿Y cómo sabe El Vaticano sobre las agresiones a los sacerdotes mexicanos? –se le pregunta.

–Bueno, a través de diferentes canales, pero principalmente de la nunciatura apostólica, que envía sus informes a Roma. Pero también el episcopado mexicano y los obispos mandan allá sus reportes. Esos son, digamos, los canales más usuales.
 

De ahí que en Neopersecución de sacerdotes en México se afirme:

“Según análisis y con información de la agencia Fides, de la Congregación Vaticana para la Evangelización de los Pueblos, después de Colombia, México es el país más peligroso para ejercer el sacerdocio en América Latina.”
 

El informe de la CEM se remonta al asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, ocurrido en el aeropuerto de Guadalajara en mayo de 1993, cuando se le confundió –según la versión oficial– con el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán.

 

Enumera después crímenes de seis sacer­dotes y religiosos, ocurridos de 1994 a 2005: Abdías Díaz, José Ignacio Flores Gaytán, Macrino Nájera Cisneros, Ramón Navarrete Islas, Luis Velásquez Romero y Manuel Delgado.

 

Predicar bajo amenazas
 

Según el reporte de la CEM, a estas ejecuciones se suman las ocho ocurridas durante la gestión de Felipe Calderón. Y detalla cada una.

En 2007, al religioso estadunidense Ricardo Junious, misionero de la orden de La Merced, “lo golpearon y lo estrangularon” para robar el interior de su parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en la colonia San Rafael, de la Ciudad de México. El religioso llevaba tiempo auxiliando a niños drogadictos y alcohólicos de la zona.
 

Ese mismo año, el sacerdote Fernando Sánchez Durán, de 68 años y a cargo del templo de Santiago Tlaltepoxco, en Tepeji del Río, “fue secuestrado para robar su parroquia y finalmente asesinado”. Su cadáver se encontró cerca del vertedero de una presa de Tepetitlán, Hidalgo. Se dice que fue ahorcado por dos personas.
 

También en 2007 fue ultimado el párroco Humberto Macías Rosales, quien oficiaba en el templo de Nuestra Señora de La Luz, en la ciudad de Aguascalientes. Iba manejando su vehículo cuando, de pronto, un desconocido se le acercó a menos de un metro de distancia y le disparó tres tiros en el cuello y la cara con un revolver calibre .38.

 

En mayo de 2008, Julio César Mendoza, párroco de Nuestra Señora de Fátima, en la delegación Venustiano Carranza de la Ciudad de México, fue atacado por dos sujetos que lo golpearon principalmente  en la cabeza. Algunos vecinos lo auxiliaron y lo llevaron al hospital de Balbuena, donde finalmente murió.

 

Cuatro meses después, en septiembre de 2008, en el poblado de Los Reyes, Michoacán, murió el padre Gerardo Manuel Miranda Ávalos, director del instituto Fray Juan de San Miguel. Iba a entrar a ese colegio cuando un desconocido se le acercó y le disparó en el pecho. Se especula que detrás del crimen puede estar el cártel de La Familia michoacana.
 

Y apenas el pasado 13 de junio, en un solitario y caluroso paraje del municipio de Arcelia, Guerrero, fue asesinado el padre Habacuc Hernández Benítez, junto con dos jóvenes seminaristas que lo acompañaban: Eduardo Oregón y Silvestre González. Los tres viajaban en una camioneta Pick up. Un grupo de matones los acribillaron con armas de alto poder.

 

Este multihomicidio provocó consternación en El Vaticano, al grado de que la agencia televisiva italiana Rome Reports –especializada en asuntos de Iglesia y de la Santa Sede– lo puso como caso ilustrativo en un reportaje sobre violencia contra sacerdotes en América Latina. Ahí se señala: “En México, varios obispos reciben amenazas por parte de narcotraficantes y, recientemente, fueron asesinados un sacerdote y dos seminaristas.”

 

Rome Reports, cuyas oficinas están frente a la Basílica de San Pedro, en Roma, asegura que el Papa Benedicto XVI “está cada vez más preocupado” por lo peligroso que resulta ejercer el ministerio sacerdotal en México, no sólo para los alrededor de 16 mil sacerdotes, sino también para los más de 100 obispos mexicanos, cuyas vidas también peligran por sus constantes condenas al narcotráfico y a la violencia.
 

“Demoniaca perversidad”

Omar Sotelo, responsable del informe de la CEM, señala que la prédica del evangelio, con su principio de “no matarás”, es totalmente opuesta a las actividades del crimen organizado, por lo que los sacerdotes son vistos por los narcotraficantes como enemigos naturales.

 

“Hace poco yo estuve dando cursos a sacerdotes de Guerrero. Y algunos me dijeron que los amenazan, que los intimidan constantemente debido a sus prédicas en las parroquias de la zona. Se preguntan: ‘¿Qué podemos hacer? ¿Dejar de oficiar? ¿Abandonar nuestros mensajes?, cuando todo eso forma parte de nuestro trabajo pastoral’. Sí, ellos están viviendo una situación muy difícil”, relata Sotelo.
 

–¿Qué medidas implementa el episcopado para proteger a sus sacerdotes?

–Mire, durante la pasada asamblea plenaria de la CEM, realizada en abril, los obispos mexicanos se reunieron con el nuncio apostólico, Christophe Pierre, para tratar el tema. Vieron que era muy difícil estar monitoreando a todos los sacerdotes para velar por su seguridad. Por eso acordaron pedirles prudencia antes que nada. Que tengan prudencia en saber con quién se relacionan, lo que dicen en sus homilías y en cómo lo dicen.
 

“Después, cada obispo tuvo reuniones con sus respectivos sacerdotes. Y ahí les informaron sobre esta resolución que se tomó en la asamblea de obispos. Pero hasta ahí se llegó. El episcopado no tiene ninguna otra medida para dar seguridad a sus párrocos, quienes trabajan muy expuestos al clima de violencia que vive el país.”
 

Dado a conocer en la página del episcopado –www.cem.org.mx–, el reporte Neopersecución de sacerdotes en México habla incluso sobre el intento de asesinato contra el cardenal Juan Sandoval Íñiguez, sucesor en la arquidiócesis de Guadalajara del acribillado cardenal Posadas.
 

 Indica que, en “una comida con funcionarios y políticos priistas en la Ciudad de México”, al influyente cardenal (Sandoval) Íñiguez “le dieron un tequila –que no era tequila– y horas después se empezó a sentir enfermo”. Fue un “intento de envenenamiento” que lo postró en un hospital jalisciense, donde tuvieron que “extirparle gran parte de su intestino” para salvarle la vida.
 

A esta “demoniaca perversidad” se están enfrentando los sacerdotes y obispos del país, asegura el informe.

En julio pasado, Hugo Valdemar, vocero de la Arquidiócesis de México, reveló que tres obispos de Michoacán fueron amenazados de muerte por el cártel de La Familia michoacana. Pese al peligro, dijo que esos jerarcas –cuyos nombres omitió– “no han querido tener una seguridad especial, pues quieren vivir como cualquier ciudadano, en la zozobra y en la inseguridad”.
 

Pero el arzobispo de Morelia, monseñor Alberto Suárez Inda, negó lo dicho por Valdemar: jura y perjura que La Familia jamás ha tratado de amedrentarlos. Son puros dichos “sin fundamento”, dijo.

Por su lado, Armando Martínez, presidente del Colegio de Abogados Católicos, asegura:

“Claro que esos obispos fueron amenazados. ¡Por supuesto! Y si no lo quieren reconocer… pues allá ellos y su conciencia… Por lo pronto, ya hay obispos que están reconociendo públicamente que reciben amenazas, como es el caso del arzobispo de Durango o del propio cardenal Norberto Rivera, quien incluso ya acudió a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal para denunciar las amenazas de muerte en su contra.”
 

–¿Por qué todavía algunos ocultan esos hechos? 

–Para no alarmar. Para no provocar más miedo entre la población. ¡Imagínese! Es un impacto muy fuerte saber que ni siquiera los obispos escapan a la violencia. Pero es la pura verdad, ni modo.
 

Nadie se salva


Armando Martínez, presidente del Colegio de Abogados Católicos, conformado por 33 litigantes, asegura que una de sus funciones consiste en defender a sacerdotes y obispos agredidos, por lo que “estos homicidios y amenazas de muerte nos involucran a nosotros”. 
 

–¿Y ustedes han intervenido en algunos de estos casos? 

–Sí, por supuesto. El Colegio interviene en el escabroso caso del padre Julio César Mendoza, a quien le robaron algunas pertenencias y lo mataron. El móvil pudo haber sido robo, o quizá no. El homicidio no se aclara. Está en reserva.
 

“También, junto con peritos de la embajada de Estados Unidos, intervenimos en el caso del religioso estadunidense Ricardo Junious. Según la versión oficial de la procuraduría capitalina, murió accidentalmente, y su congregación religiosa, la orden de La Merced, no quiso que se investigara más a fondo. Respetamos su decisión y ahí quedó todo.
 

“No puede afirmarse tajantemente que los sacerdotes sufran persecución por su actividad pastoral, ni que todas estas muertes provengan del crimen organizado. En el caso de los tres asesinatos de Guerrero parece ser que así fue, pues incluso hay caciques locales en el país que ya no permiten celebrar misas. Pero creo que otros sacerdotes fueron víctimas del pandillerismo y de la inseguridad, como le ocurre a cualquier ciudadano. La violencia nos llega a todos. El problema es que en México los crímenes no se aclaran.”

 

Indica el abogado que corresponde al Estado garantizar la seguridad de sacerdotes y obispos. Sin embargo, hasta el momento “no ha mostrado ningún interés” en hacerlo. Más bien atropella a la Iglesia, como sucedió hace poco, cuando un grupo policiaco –dice– irrumpió violentamente en un templo de Apatzingán, Michoacán.
 

Pide Armando Martínez que la Procuraduría General de la República (PGR) atraiga los casos de los curas asesinados, para que no queden dispersos en las procuradurías estatales.

“Por su relevancia, el presidente Calderón y la PGR deben tomar cartas en el asunto. Tan sólo por las armas de fuego utilizadas en los homicidios, la PGR puede utilizar su facultad de atracción, como lo marca el artículo décimo del Código Federal de Procedimientos Penales”, dice el abogado.
 

Y aplaude el hecho de que, por su parte, el episcopado mexicano y El Vaticano ya empiecen a denunciar públicamente los casos, sobre los que se había mantenido cierto hermetismo.
 

Todavía en abril pasado, Manuel Corral, vocero del episcopado, reveló que había entonces “siete obispos amenazados”. No quiso revelar sus nombres “para no exponerlos”. Sólo dijo que el Consejo Permanente de la CEM estaba “al tanto del problema”. También reveló que, en ese tiempo, alrededor de 120 sacerdotes habían recibido “amenazas de muerte” por parte del narcotráfico. Pero no habló sobre los homicidios (Proceso 1695).
 

 Ahora, es tal la alarma entre los obispos, que el tema a debatir en su siguiente asamblea plenaria –que se realizará en noviembre próximo– será Inseguridad y Violencia en México. Y su invitado principal será el religioso Héctor Fabio Henao, la figura más destacada de la Iglesia en Colombia en tareas de pacificación de conflictos y promoción de los derechos humanos. Henao hablará sobre su experiencia en ese país, para que la CEM pueda aprovecharla en México.

 

Concluye Armando Martínez:

“En esta guerra contra el crimen, el clero es un sector social muy golpeado y totalmente vulnerable. Ya nos mataron a un cardenal… el caso puede repetirse… es un peligro latente.” 

 

Este reportaje se publicó en la edición 1713 de la revista Proceso que empezó a circular el pasado domingo 30 de agosto.