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Por qué una Reforma Migartoria No Puede Esperar Más

 

 

Immigration Reform Can Wait No Longer

 

El actual congreso, que acaba de entrar en receso hasta setiembre, tiene ciertamente las manos llenas con tratar de sortear la crisis económica e impulsar la reforma del sistema de salud.

Sin embargo, ambos asuntos, y otros muchos más, no pueden ser una excusa para que no enfrenten la urgente necesidad de una reforma migratoria comprensiva. Este es un tema que demanda una solución inmediata tanto por su magnitud como por su importancia para nuestra sociedad.

Debo decir que este es un tema profundamente personal. Soy ciudadano americano y al mismo tiempo inmigrante, nacido y criado en Monterrey, México. Algunos de mis antepasados vivieron en lo que ahora es Texas desde el comienzo del siglo XIX, y siempre he tenido familiares y amigos en los dos lados de la frontera. Entonces tengo muchas emociones encontradas en relación a cómo este debate se ha desarrollado en los últimos años.

Pero no son estas razones personales las que me impulsan a urgir a nuestros políticos a encontrar una solución definitiva al asunto migratorio.

Las razones son: la responsabilidad que como católicos tenemos de ser verdaderos testigos del amor generoso de Cristo, aún cuando nuestras pasiones nos inclinen en otra dirección; y el ver el deterioro espiritual, emocional, social y económico que el actual limbo jurídico está produciendo no sólo en los inmigrantes y sus familias, sino en toda nuestra nación.

El pasado 18 de junio, durante la reunión de primavera de la Conferencia de los Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB) que se llevó a cabo aquí en San Antonio, el Cardenal Francis George sintetizó tanto el sentir de todos los obispos como la lógica que nos impulsa a pedir una reforma migratoria antes de fin de año.

El Presidente de la USCCB explicó en efecto que “hace años que se ve con claridad que el sistema migratorio en los Estados Unidos necesita un cambio y que la reforma jurídica no debe demorarse más.”

Como obispos, explica el Cardenal, “urgimos que se respete y cumplan todas las leyes justas, y no aprobamos ni alentamos el ingreso ilegal de nadie en nuestro país. Desde una perspectiva humanitaria, sin embargo, aquellos que inmigran para mantener a su familia, siguen sufriendo en las manos de políticas de inmigración que los separan de sus familiares y los llevan a las remotas áreas del desierto americano, y a veces incluso a sus muertes. Este sufrimiento no debe continuar.”

Los obispos no somos políticos, somos pastores de almas. Y como pastores creemos que la actual situación migratoria es profundamente dañina para el alma de nuestro país.

Y tras el fracaso del intento de reforma migratoria de 2007, necesitamos una reforma que enfrente el problema en toda su complejidad, que reconcilie las partes y supere las posiciones extremas.

Como dijo el Cardenal George en su pedido dirigido al Presidente Barack Obama y al Congreso, “nuestra sociedad no debe tolerar más un status quo que perpetua una sub-clase permanente de personas y de los beneficios de su trabajo sin ofrecerles protecciones legales. Como materia moral, debemos resolver la situación legal de aquellos que están aquí sin la documentación adecuada, para que puedan contribuir con sus talentos, al bien estar económico, social y espiritual de nuestro país.” 

La Iglesia tiene un rol importante en la promoción del perdón y la reconciliación en este tema. Debemos trabajar para que la justicia y la misericordia, no la ira y el resentimiento, sean las razones de fondo para nuestra respuesta a la inmigración ilegal.

Sabemos, en efecto, que millones de inmigrantes están aquí en clara violación de la ley de los Estados Unidos. Esto encoleriza a los americanos que cumplen la ley. Y con razón. Aquellos que violan nuestras leyes deben ser penalizados. ¿Pero qué clase de castigos son adecuados y justos? Creo que desde un punto de vista moral, nos vemos forzados a concluir que la deportación a los inmigrantes que no cumplen nuestras leyes es una penalidad demasiado severa. Es un castigo desproporcionado al crimen.

Las deportaciones están destruyendo a las familias. Dejando a esposas sin sus esposos, niños sin sus padres. Esa no es una realidad que un católico puede desear. La familia es un elemento central no sólo de nuestra fe, sino de nuestra sociedad.

Por eso, quiero reproponer una idea que presenté en una presentación que hice a la Conferencia Católica de Missouri en octubre del año pasado, y que creo que podría abrir una alternativa a la necesidad de servir tanto a la caridad como a la justicia.

Tenemos que insistir en que aquellos que vienen a nuestro país deben respetar nuestras leyes. Si están aquí ilegalmente, no pueden esperar librarse de la penalización. Sin embargo, creo que algún tipo de servicio a la comunidad puede ser una solución mucho más constructiva que la deportación. Esto ayudaría a fortalecer las comunidades, más que destruirlas. Y también serviría para integrar a los inmigrantes en el tejido social y moral de los Estados Unidos.

Esta puede o no ser la solución. Pero con ella quiero señalar que, con coraje y creatividad, es posible para nuestros políticos encontrar una solución justa y digna que haga igual justicia a las dos grandes tradiciones de este país: la compasión por los desamparados y el respeto a la ley.

Como he dicho en otras oportunidades, creo que este es el “examen” más importante sobre los derechos humanos en nuestra generación. Las vidas de millones de trabajadores indocumentados y sus familias están colgadas de un hilo. Millones de personas se ven forzadas a vivir sin derechos, al margen de este gran país, por nuestras políticas fallidas.

Pido de corazón a todos los católicos y a las personas de buena voluntad que animemos a nuestros políticos, con nuestras oraciones y nuestras acciones, a proponer una reforma migratoria comprensiva antes del fin del presente año.