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Refinería: engaño y perversidad

 

 

 

 

Editorial Revista Siempre!

A principios de 2008, la Secretaría de Energía presentó al Congreso un diagnóstico que pretendía encender ante la opinión pública los focos rojos del desabasto energético nacional, para acelerar la aprobación de una reforma energética eminentemente privatizadora. Con esa intención se difundió una de las campañas mediáticas más agresivas de las que se tenga memoria —sobre el “tesoro escondido en el fondo del mar”—, donde se advertía que México estaba a punto —por falta de inversión en exploración y refinación— de quedarse sin petróleo y  gasolina.
 

Los argumentos de las autoridades fueron puntuales: “Desde 1979 —se dijo— no se ha construido una nueva refinería, lo que ha provocado la obsolescencia del sistema y  una seria dependencia del país frente al exterior. Los 456 mil barriles diarios que produce Pemex son insuficientes para abastecer la demanda doméstica, por lo que se importa el 41% de las ventas totales”. Y se dijo algo más: “Dado el crecimiento de la demanda de gasolinas para los próximos 20 años, se requerirían de varias nuevas refinerías para atender el mercado interno.”
 

En pocas palabras, más que prisa, había urgencia de comenzar a construir cuando menos tres refinerías más. De pronto, una decisión que debió ser desde el primer día eminentemente técnica 

—para dar respuesta a la urgencia planteada en el diagnóstico— comenzó a convertirse en una comedia política de enredos, dividida, hasta ahora, en cuatro actos. 
 

Primer acto, el gobierno federal y Pemex realizan un foro entre gobernadores de estados petroleros para que éstos hagan sus ofertas, comos si los mandatarios fueran especialistas en la materia y para evitar, supuestamente, sospechas de favoritismo partidista.
 

Segundo acto, el Estudio de viabilidad para construir una nueva refinería en México decide que las ubicaciones potenciales para la localización de las nuevas instalaciones son: Cadereyta, Nuevo León; Campeche, Campeche; Dos Bocas, Tabasco; La Cangrejera en  Minatitlán,  Veracruz; Lázaro Cárdenas, Michoacán; Manzanillo, Colima; Salina Cruz, Oaxaca; Tula, Hidalgo; Tuxpan, Veracruz. 
 

En el estudio se señala que “no se consideró Salamanca por restricciones de espacio y baja capacidad de dispersión de contaminantes en cuenca”, y que de acuerdo a los criterios  fundamentales para definir la localización como es  la cercanía a los centros de mayor demanda de combustibles automotrices e industriales y el acceso al suministro de materia prima, Tula y Tuxpan, así como Lázaro Cárdenas, son los lugares indicados. 
 

El gobierno decide, sin embargo, poner a competir a dos estados: Hidalgo —con gobierno priísta— y Guanajuato —con gobierno panista— cuando de acuerdo a la investigación técnica, la segunda entidad no ha sido considerada por no reunir los requisitos indispensables. Primer indicio de que el proyecto ha comenzado a politizarse.
 

Tercer acto,  el gobernador de Hidalgo, Miguel Osorio Chong, afirma que “hay personas extrañas” tratando de interferir en la compra de los terrenos para la refinería que se construirá en Tula. El proceso de negociación y compra para adquirir  las 700 hectáreas, en manos de campesinos, comienza a presentar todo tipo de obstáculos jurídicos. La Secretaría de la Reforma Agraria y la Procuraduría Agraria aparecen en escena —más que para facilitar— para obstaculizar la realización de un proyecto nacional.

Cuarto acto, el mandatario de Guanajuato, Juan Manuel Oliva, irrumpe en los medios de comunicación con el grito: ¡yo sí tengo las 700 hectáreas! Es decir, ahí la Reforma Agraria —léase gobierno federal— actuó, extrañamente, como una facilitadora de la compra.
 

La comedia no puede ser más obvia. La refinería ha sido utilizada como arma política, lo mismo para exhibir que para manipular y chantajear a los mandatarios que no son del PAN. ¿Con qué finalidad? Esa es la pregunta de fondo. El gobierno actúa como si existieran dos Méxicos y desde esa inmadura y peligrosa visión no sólo alienta el enfrentamiento sino el desequilibrio en el desarrollo y la injusticia social.

 

No sería extraño que la  construcción de la nueva refinería sea aplazada a causa de la crisis y la falta de recursos. Sin embargo, quedará constancia de que en una decisión de Estado 

—como es la modernización de la infraestructura energética— llegaron a pesar más las pequeñas y burdas perversidades de quienes dicen representar a una nueva generación de gobernantes que las necesidades urgentes y los intereses estratégicos de la nación.