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Sentencia Histórica

Con una mayoría contundente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado la constitucionalidad de las reformas al Código Penal y Ley de Salud del Distrito Federal, que despenalizan el aborto en las primeras 12 semanas de gestación.

 

Por Marta Lamas / Revista Proceso

 

Esta resolución es un parteaguas, no sólo para la Ciudad de México, sino para todo el país pues, aunque reconocieron que la vida en gestación es un bien constitucionalmente protegido, los ministros priorizaron los derechos de las mujeres.

 

A lo largo de estos 16 meses, mientras se resolvía la acción de anticonstitucionalidad, la despenalización siguió vigente. Y en este lapso más de 12 mil mujeres abortaron legalmente, con sólo un deceso, debido no al protocolo establecido, sino a un lamentable error humano. Pero además, en  este tiempo hubo 26 mil 250 peticiones de información y un número sustantivo de mujeres se desistió de la interrupción luego de haber recibido la consultoría. El 85% de las que abortaron se declararon católicas, y 50% estaban casadas o en unión libre. El tiempo de gestación al realizarse la interrupción legal del embarazo (ILE) fue de ocho semanas. Pero el dato más estremecedor de todos es que al año de vigencia de la reforma se ha dado una disminución en la cifra de criaturas recién nacidas abandonadas en la calle. 

 

Para escuchar a las dos posturas encontradas, la SCJN realizó una serie de audiencias: ahí estuvo Pro Vida, pero también un sacerdote dominico que habló a favor de la despenalización; estuvieron los abogados católicos, que  pronosticaron la debacle moral, pero también Jesús Zamora Pierce, expresidente de la Academia Mexicana de Derecho Penal, que argumentó por qué el aborto no puede ser considerado un delito; llegaron a dar su opinión médicos conservadores  y médicos progresistas; agrupaciones religiosas y feministas. Y al mismo tiempo que grupos católicos salían en peregrinaciones, los intelectuales y los científicos del país, en especial el Colegio de Bioética,  manifestaban su apoyo a la despenalización con inserciones pagadas en la prensa. Mientras algunas mujeres rezaban en las iglesias, otras marchaban acompañadas de feministas, sindicalistas, estudiantes y ciudadanía amplia y sencilla, cantando "Quiten sus rosarios de nuestros ovarios".

 

Si bien hay que felicitar a los ministros y ministras que abordaron la cuestión del estatuto jurídico del aborto con republicanismo laico y desde criterios modernos, hay que lamentar el intervencionismo de la Iglesia católica, que se aferra a su abstracta y decimonónica idea de "vida" para atacar y amenazar a quienes no comparten sus creencias. Richard Hare, un filósofo inglés que trabajó sobre las valoraciones morales desde la racionalidad, hizo una definición que le queda como guante a los obispos católicos, cada vez más oscurantistas. Hare señaló que el fanatismo es "la actitud de quien persigue la afirmación de los propios principios morales dejando que éstos prevalezcan sobre los intereses reales de las personas de carne y hueso al mismo tiempo que permanece indiferente frente a los enormes daños que su actuación ocasiona a millones de seres humanos". Sí, el Vaticano y sus seguidores, entre ellos el ministro ponente, defensor de la anticonstitucionalidad, insisten en afirmar sus principios morales por encima de la salud y la vida de millones de mujeres. Por suerte, están lejos de esta postura los curas y monjas de organizaciones de base, que tienen otra actitud, verdaderamente civilizatoria, respecto al aborto.

 

Sin negar que el aborto es un conflicto ético, pero subrayando que este tipo de dilemas, cuando conciernen a los derechos de la persona que está llamada a resolverlos, deben ser dejados a su autodeterminación, la Suprema Corte de Justicia se aferró a una perspectiva  jurídica, sin despeñarse en el precipicio moralista. Al distinguir entre el carácter moral del aborto y su estatuto legal, los ministros compartieron la sabiduría de quien fuera obispo auxiliar de Madrid, monseñor Alberto Iniesta: "Mi conciencia rechaza el aborto, pero mi conciencia no rechaza la posibilidad de que la ley no lo considere un delito". 

 

Esta reforma pone a México a la vanguardia del tratamiento penal en relación al aborto en América Latina, con argumentos sobre la justicia social y la democracia que calan hondo en el imaginario colectivo y con una experiencia de organización ciudadana que puede ser llevada a otras latitudes.  Así se cumple la añeja (¡que ya cumple 36 años!) demanda feminista respecto al aborto: la mujer decide, la sociedad respeta y el Estado garantiza.

 

Muchísimas personas celebramos esta sentencia histórica, la más importante respecto al reconocimiento del derecho de las mujeres, y reconocemos la calidad jurídica del debate. Por último vale la pena recordar que todas las personas que apoyaron esta despenalización reiteraron que están a favor de la vida: sí, de la vida y la salud de las mujeres.