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6 de julio: escenario de guerra

 

En el calendario político del gobierno federal no existe el 6 de julio. Todas y cada una de las decisiones que se han tomado en Los Pinos —en lo que va de 2009— corresponden a una estrategia electoral y no de gobernabilidad. Esfuerzo, presupuesto y declaraciones han tenido como única meta el día 5. Los resultados de la estrategia oficial los acaba de dar el Banco Mundial: México está roto, con índices cada vez más elevados de violencia e inestabilidad política.

Felipe Calderón y su equipo tomaron las elecciones intermedias como si fuera una guerra. Para ello, utilizó a la PGR y al Ejército. Convirtió una contienda democrática en un escenario de exterminio, donde el criterio de la consigna siempre fue más que clara: destruir, no al adversario, sino al enemigo. Denunciarlo, enjuiciarlo y llevarlo a la cárcel, si era necesario. Con esa actitud, su partido, el PAN, no sólo logró —a través de la guerra sucia— profundizar las debilidades de la reforma electoral, sino también dinamitar las bases del acuerdo político, profundizar el clima de encono, confusión y confrontación que ha venido creciendo en el país desde el 2006.

El 2009 será significativo no sólo por la modificación del mapa político electoral, sino porque representa el fin de las alianzas que permitieron a Calderón llegar al poder, sin que se rompiera el orden constitucional. La estrategia de guerra que se eligió para eliminar del escenario al PRI y al PRD llevó a poner punto final a los compromisos de gratitud que el presidente sentía tener con todos aquellos gobernadores que
—aun siendo de otro partido— le consiguieron votos en el 2006. Así lo demuestran las campañas negras en contra de Natividad González Parás, de Nuevo León, y la embestida que hoy libra el gobierno federal en contra de Eduardo Bours, en Sonora, por el incendio de la guardería del IMSS. Dos mandatarios que, por cierto, siempre se esmeraron en quedar bien con el presidente.

Bours, con todo y la soberbia que siempre lo ha caracterizado, dijo una gran verdad: algunos funcionarios federales no tienen clara su función. La “mecha corta” se ha convertido en estilo de gobierno y lo mismo lo ha adoptado y ejercido el dirigente del PAN, Germán Martínez Cázares, que, lamentablemente, el secretario de Gobernación, Fer-nando Gómez Mont, quien ha asumido el rol de un abogado defensor del Presidente de la República, cuando su responsabilidad constitucional y política es mucho más trascendente y profunda. Casi nada: tiene que ver, precisamente, con la gobernabilidad de la nación.

A partir de esa confusión, donde las autoridades se comportan como partido de oposición, casi todos los integrantes del gabinete se han subido al ring. Y si lo mismo el Ejecutivo federal que el secretario del Trabajo, Javier Lozano, que el encargado de la política interior, sacan el puño para enfrentar a los críticos del gobierno, entonces, la gran pregunta es, ¿quién está dedicado a gobernar?

La actitud asumida por la clase gobernante a lo largo de los últimos meses ha dejado un escenario de guerra, donde no hay condiciones para generar las reformas que necesita un país, agobiado por la crisis global. El saldo de la beligerancia electoral es elevado: desde un gobernador perredista institucionalmente debilitado por haberse detenido a sus colaboradores, como se les detuvo, hasta mandatarios locales exhibidos —sólo a partir de dichos y sin pruebas— como narcotraficantes.

¿Qué sigue? ¿Con quiénes va a contar el presidente después del 5 de julio?