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Aquí están, señor Presidente

 

DENISE DRESSER / Revista Proceso

Señor Presidente, en los últimos dos años las denuncias presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre violaciones de derechos humanos y garantías individuales cometidas por el Ejército han crecido 600%, ascendiendo a 140 por mes. Ante ello, parecería que su posición ha sido ignorar el tema o tratar de minimizarlo. Por ejemplo, al terminar la Cumbre en Guadalajara la semana pasada usted dijo: “Ha habido un escrupuloso esfuerzo por proteger los derechos humanos. Y quienes señalen lo contrario están obligados a probar un caso, un solo caso en que no haya actuado la autoridad, en que se hayan violado los derechos, en que no hayan respondido las autoridades competentes para castigar a quienes hayan abusado: sean policías, soldados o cualquier otra autoridad”.

Pues aquí están los casos:

La detención ilegal y el abuso a 36 civiles y la violación a cuatro menores de edad. En mayo de 2007, después de que un grupo de individuos atacara y matara a cinco soldados, cientos de militares entraron a los municipios de Nocupétaro, Carácuaro y Huetamo en Michoacán. Allí cometieron docenas de abusos, incluyendo detenciones ilegales en una base militar, tortura, golpes, violaciones y cateos irregulares a casas dentro de las cuales también efectuaron robos. En la base ataron las manos y los pies de los 36 detenidos, cubrieron sus cabezas con una bolsa de plástico y los torturaron. Cuatro de las personas detenidas durante más de 20 horas eran mujeres menores de 18 años que fueron violadas repetidamente. A una de ellas los soldados le dijeron: “pinches derechos humanos no existen; te vamos a aventar al mar y serás comida para los tiburones”. A otra le introdujeron en el ano una tarjeta con la imagen de la virgen de Guadalupe. Después de dos años, la Procuraduría General de Justicia Militar “sigue investigando el caso” y no hay culpables identificados o castigados.

La detención ilegal de ocho civiles y la tortura de cuatro más, incluyendo un menor. En mayo de 2007, soldados del 56 Batallón de Infantería detuvieron a seis hombres, una mujer y un menor durante una balacera entre militares y supuestos narcotraficantes en el municipio de Apatzingán, Michoacán. Ninguno de los detenidos participó en el tiroteo y se encontraban en la localidad porque habían ido a comprar productos agrícolas. Se les llevó a la XLIII Zona Militar, donde fueron torturados y detenidos ilegalmente durante más de 15 horas. En menos de un mes, la Procuraduría General de Justicia Militar cerró el caso argumentando que no había evidencia de “actos criminales”. Con base en la evidencia disponible no queda claro si el Ejército investigó la detención, la tortura, o ambos.

El asesinato de dos mujeres y tres niños, junto con heridas provocadas a otros tres. En junio de 2007, militares estacionados en un retén en Sinaloa –en el cual consumían alcohol y drogas– abrieron fuego sobre un camión que transportaba a tres adultos y cinco niños, y mataron a una mujer y a una niña de tres años. La evidencia indica que los soldados dispararon sin motivo y que recibieron órdenes de “plantar” una bolsa de mariguana junto al camión para justificar su conducta. Los militares, según testimonios recabados, demoraron la atención médica a los heridos, tres de los cuales murieron en un trayecto que incluyó paradas en tres retenes más. Los sobrevivientes afirman que fueron obligados a permanecer toda la noche en una base militar, con los muertos dentro del mismo carro. La Procuraduría General de Justicia Militar todavía está investigando los abusos, pero la información disponible indica que ha llevado a cabo una investigación fallida y el caso aún está pendiente en los tribunales militares. 

La detención ilegal y tortura de José Fausto Gálvez Murguía. En junio de 2007, José Fausto Gálvez Murguía estaba cerca de la frontera con Estados Unidos, en el estado de Sonora, cuando llegaron dos vehículos del Ejército Mexicano. Los soldados le apuntaron con una pistola, preguntándole quién era su jefe y “dónde estaban las drogas”. Después lo torturaron durante cuatro horas y lo obligaron a tomar una bebida alcohólica que lo hizo vomitar. Insertaron pedazos de madera debajo de sus uñas y le arrancaron una de ellas. Finalmente los soldados lo dejaron inconsciente en el campo. Cuando despertó logró caminar hasta una carretera donde alguien lo recogió y lo llevó al hospital más cercano. Hasta el momento el Ejército le ha pagado una compensación a la víctima, pero no ha concluido la investigación.

La tortura y muerte de Ernesto Murillo Flores. En agosto de 2007, soldados detuvieron a tres hombres en el municipio de Naco en Sonora, pero sólo presentaron a dos ante un fiscal estatal, acusados de posesión ilegal de armas. El cuerpo del tercer hombre, Fausto Ernesto Murillo Flores, fue encontrado al lado de un camino en Sonora, con huellas de tortura. De acuerdo con un testigo, Murillo Flores fue golpeado y torturado hasta que dejó de moverse. La Sedena argumentó que murió de “causas naturales” debido a problemas previos de salud, en franca contradicción con el testimonio del testigo, la autopsia, y el informe de la CNDH, que sugieren una muerte por asfixia. Posteriormente un juez militar determinó la prescripción del delito por “deserción” y cerró el caso. Sedena informó a la CNDH que abriría otra investigación criminal pero hasta la fecha no hay información disponible sobre el curso de esa investigación.

Señor Presidente, este listado es tan sólo un botón de muestra de los casos que involucran violaciones de derechos humanos cometidas por el Ejército en la guerra contra el narcotráfico. Y como hay muchos más, le sugiero que lea el informe de la CNDH al respecto o examine el reporte de Human Rights Watch titulado Impunidad uniformada o escuche los testimonios de las víctimas y sus familiares. Infórmese sobre los casos que hasta el momento insiste en negar, porque en ninguno de ellos ha habido una sola sanción penal a un solo soldado por parte de la justicia militar. Sé que su resistencia a hacerlo estriba en el apoyo irrestricto que desea brindarle a las Fuerzas Armadas. Pero es un apoyo malentendido que está contribuyendo a perpetuar la cultura de la impunidad que prevalece en el país. Sería mejor –tanto para su presidencia como para el Ejército– que en vez de negar el problema se abocara a solucionarlo. Porque cuando un soldado viola los derechos humanos, daña la imagen de la institución a la que pertenece y aliena a la población cuyo apoyo debería fomentar. Y cuando un Presidente cierra los ojos ante aquellos que violan la ley, tiene poca credibilidad para exigir que los demás la obedezcan.