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Calderón: Un balazo al pie


JONH M. ACKERMAN / Semanario Proceso
 

 La ocurrencia de Felipe Calderón de proponer la eliminación de la Secretaría de la Función Pública (SFP) ratifica una vez más el absoluto desprecio del presidente en turno hacia la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Más que darse por vencido en esta importante tarea, hoy más que nunca resulta necesario redoblar los esfuerzos para evitar el mal uso de los escasos recursos públicos. 

El dinero utilizado para fiscalizar y monitorear el desempeño gubernamental no debe ser visto como un gasto, sino como una inversión sumamente rentable. Un buen contralor o auditor puede llegar a recuperar recursos en cantidades mucho mayores a lo que cuesta financiar su operación.

Una de las causas más importantes tanto de la crisis económica como de la crisis en materia de seguridad pública es la metástasis de la corrupción a lo largo y ancho de la administración pública federal. Las complicidades de políticos, servidores públicos y poderosos empresarios dañan severamente la posibilidad de consolidar una economía de mercado que funcione de manera libre y eficiente. Así mismo, la confabulación de las fuerzas policiacas con la delincuencia organizada anula cualquier intento de combatir el narcotráfico. Para resolver las crisis actuales y evitar futuros desastres económicos y políticos, habría que gastar más, no menos, en el control y vigilancia de los recursos públicos.  

No hay duda que la SFP ha tenido un desempeño mediocre en los últimos años. Quienes han estado a la cabeza de esa secretaría no lograron capturar ni “peces chicos”, ni aquellos “peces gordos” tan anunciados en su momento por el entonces secretario Francisco Barrio. Las pocas multas que la SFP ha logrado imponer casi siempre son revertidas en los tribunales. Una reciente auditoría realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la SFP reveló que esta secretaría logra cobrar menos del 1% de las multas que impone.

Con respecto al manejo del servicio civil de carrera, la SFP tristemente se convirtió en una oficina dedicada a simular la realización de concursos abiertos y competitivos con el único propósito de legitimar la contratación de los amigos y recomendados de siempre. Su trabajo de promoción de una “cultura de la legalidad” tampoco ha tenido impacto alguno en la sociedad.

Todos estos fracasos han sido resultado del claro manejo político que se le ha dado a esta secretaría de Estado. En lugar de nombrar a personas conocedoras en la materia, los gobiernos de la alternancia prefirieron colocar a políticos como Francisco Barrio o Germán Martínez, quienes se dedicaron a usar el puesto como un mero trampolín para alcanzar otros cargos de mayor relieve público. A la salida de estos políticos llegaban burócratas grises, primero Eduardo Romero y después Salvador Vega, quienes no ofrecieron brillo alguno a la institución.

Pero el hecho de que se haya ensuciado el agua de la bañera, no justifica tirar también al niño por la coladera. Desaparecer la SFP de cara a la grave crisis fiscal actual equivaldría a vender las llantas del coche para sacar dinero para la gasolina. Ambas acciones generan una pequeña ganancia a corto plazo, pero dificultan de manera importante la posibilidad de avanzar en el futuro.

Si se trata de eliminar partidas enteras del gasto federal, quizás sería más efectivo eliminar la propia oficina de la Presidencia de la República, cuya funcionalidad ha resultado ser aún más estéril que la propia SFP. En el presupuesto de 2009 la Presidencia recibió un monto de 1.8 mil millones de pesos, cifra mayor a los 1.5 mil millones que se ahorrarán con la eliminación de la SFP.

El presidente también ha demostrado una gran irresponsabilidad al anunciar la futura desaparición de tres secretarías de Estado como si fuera algo que él pudiera llevar a cabo de manera personal a través de un simple decreto o una reforma reglamentaria menor. Para materializar estos importantes cambios haría falta modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como un gran número de otras leyes como, por ejemplo, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Sin embargo, hasta la fecha el titular del Ejecutivo ni siquiera ha presentado una iniciativa de reforma a las leyes correspondientes.

Los diputados y senadores del nuevo Congreso tendrían que rechazar la eventual propuesta de Calderón en la materia. Ello sería una muestra de que en el contexto de la transición democrática y la pluralidad política actual, nuestros representantes populares sabrán defender los intereses de la nación y asegurarán que contemos con un riguroso escrutinio de las actividades de los servidores públicos.  

Más aún, el Congreso podría aprovechar esta coyuntura para repensar integralmente la estructura institucional para la rendición de cuentas del Estado mexicano. Podría ser el momento idóneo para plantear la propuesta de dotar de autonomía plena a la Auditoría Superior de la Federación, así como trasladar algunas de las funciones más importantes de la SFP a este nuevo órgano autónomo del Estado mexicano.

Una propuesta aún más ambiciosa sería contemplar una reforma al artículo 49 de la Constitución para incluir formalmente a los órganos autónomos y de control como participantes plenos en la división de poderes del Estado mexicano. Así podríamos seguir el ejemplo de países como Ecuador, Bolivia, Colombia y Sudáfrica, que actualmente se encuentran en la vanguardia con respecto a este tema.

La crisis actual nos desafía para responder con creatividad y visión de futuro. Lamentablemente, Calderón, una vez más, en lugar de mirar al horizonte se tira un balazo al pie.
 

www.johnackerman.blogspot.com