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Calderón y Ebrard libran destitución por desacato

 

Carlos Avilés Allende /  El Universal 

 

 

 

 

 

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En un caso inédito en la historia del país, la Suprema Corte de Justicia de Justicia de la Nación (SCJN) colocó en su mesa de discusión la posibilidad de separar de su cargo y de consignar ante un juez federal al Presidente de la República, Felipe Calderón, y al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, así como a funcionarios de sus gabinetes, por no acatar diversas sentencias emitidas por juzgados y tribunales federales.

Pero la posibilidad de siquiera analizar una sanción para los titulares de los poderes Ejecutivos, a nivel federal y de la ciudad de México, se diluyó en menos de dos horas. Porque de último momento, incluso antes de iniciar la sesión, las autoridades capitalinas y federales comprobaron que habían acatado las sentencias dictadas por jueces, que venían evadiendo desde hace varios años.

Y al final la Suprema Corte sólo envió un mensaje a todas las autoridades que de manera recurrente evaden cumplir las sentencias de los jueces, en el sentido de que cada vez va a ser más frecuente que revise la posibilidad de aplicar la facultad que tiene para separarlos de sus cargos y consignarlos ante un juez por los delitos desacato y abuso de autoridad.

Todo ello pese a que desde abril el pleno del alto tribunal ya había advertido que implementaría medidas más severas para quienes no cumplieran las sentencias dictadas por jueces y magistrados federales, y ya que no se permitiría que las autoridades acataran los amparos dictados tan sólo unos minutos antes de que la Suprema Corte los revise, para evitar ser acreedors a una sanción.

Fallo contra el ISSSTE

En el caso del gobierno federal, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado se le cuestionaba por no acatar una orden relacionada con un pago de una pensión. Y se proponía separar de su cargo y consignar al director de Prestaciones Económicas y Sociales, Pedro Vázquez, y al director general del instituto, Miguel Ángel Yunes, así como al Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa.

Pero el director del instituto, Miguel Ángel Yunes, le envió a la Corte, desde el miércoles, un oficio en el que informó que el cumplimiento de la sentencia cuestionada ya estaba siendo desahogado en el juzgado correspondiente. Y por lo mismo el asunto se retiró para verificar el dicho del Yunes.

“Desactivan” sanción

El caso más dramático fue el del Distrito Federal. En este asunto, de acuerdo con información recabada por este diario, un día antes de la sesión varios ministros de la Corte estaban convencidos de que serían separados de su cargo varios funcionarios del área financiera de la administración capitalina.

Entre ellos, el más mencionado era el tesorero del Distrito Federal, Luis Rosendo Gutiérrez Romano. Pero en la lista también estaban los secretarios de Finanzas y de Seguridad Pública capitalinos, Mario Delgado y Manuel Mondragón y Kalb, respectivamente.

Y cuando todo estaba listo para empezar a discutir tres proyectos de sentencia en los que se pedía la separación y consignación de los funcionarios capitalinos por desacato, los ministros encargados de los casos informaron que —apenas dos horas antes de que iniciara la sesión de este jueves—, el gobierno del DF les hizo llegar copia de los cheques que comprobaban que acababan de cumplir las órdenes que se les giraron.

Las áreas de Finanzas le habían devuelto a la empresa Bersán y a un particular, por concepto de cobros indebidos del impuesto predial de la capital, las cantidades de un millón 526 mil pesos y 175 mil pesos, respectivamente.

Mientras que la Secretaría de Seguridad Pública local informó que había restituido en su cargo a uno de sus elementos despedidos —no se dio a conocer el rango—, y le había pagado 451 mil pesos por concepto de salarios caídos, tan sólo como adelanto de un adeudo total de un millón 834 mil pesos.

Con dichas acciones lograron que la Suprema Corte de Justicia retirara las propuestas de sanción y ordenara que los jueces correspondientes revisar si sus sentencias habían sido acatadas cabalmente.

Al terminar la revisión de estos juicios, el ministro José Ramón Cossío les dijo a sus compañeros del pleno de la Corte que sería “muy deseable que de tiempo en tiempo volvamos a listar asuntos” de sentencias incumplidas, porque, agregó, “es una forma de proteger a los quejosos que no han encontrado una pronta respuesta” a sus reclamos.