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Derecho a la renta universal en debate

       Por Marcela Valente (*)

BUENOS AIRES, mar (IPS)  La crisis financiera
mundial puede ser oportuna para avanzar en la
instauración de una renta básica universal para
todos los ciudadanos y sin condicionamientos,
según sus promotores en América Latina. Pero la iniciativa tiene sus 
críticos.

   Esta renta, conocida por sus siglas RBU,
consiste en la asignación de un ingreso básico
para cada ciudadano, garantizado por el Estado,
aun si el beneficiario no quiere trabajar de
forma remunerada, sin tomar en cuenta si es rico
o pobre y ni con quien conviva.

   Se trata de una herramienta de política
social que reemplazaría las actuales transferencias condicionadas de 
ingresos.

   Para sus detractores, la RBU podría
desalentar el ingreso al mundo laboral de las
personas menos calificadas. Además, argumentan,
el ingreso puede ser injusto al incluir a los que
más tienen. Por eso, se inclinan más por apoyar
programas focalizados en los grupos más vulnerables y sujetos a 
condiciones.

   Este tipo de transferencia condicionada se
otorga hoy en la mayoría de países
latinoamericanos bajo diversos nombres. Los
beneficiarios deben reunir una serie de
requisitos, como carecer de empleo, estar por
debajo de la línea de pobreza, ser jefe o jefa de
hogar o estudiante sin recursos.

   Quien reciba este beneficio puede estar
obligado a realizar trabajos comunitarios, a
cumplir con la escolarización y el plan de
vacunación de sus hijos, o a demostrar que no tiene otro ingreso.

   En algunos casos, los programas tienen un
cupo y, aun cumpliendo los requisitos y aceptando
las condiciones, el candidato queda privado de esta ayuda.

   Los destinatarios de estos programas no
serían, según los promotores de la RBU, sujetos
de un derecho ciudadano, sino beneficiarios de un plan de asistencia 
eventual.

   La crisis mundial global es, "sin duda", una
oportunidad para avanzar en la renta básica, dijo
a IPS el senador brasileño Eduardo Suplicy, autor
de una ley pionera al respecto en la región.

   La iniciativa fue aprobada en 2003 por el
parlamento de Brasil y promulgada por el gobierno
de Luiz Inácio Lula da Silva al año siguiente.

   Pero el Poder Ejecutivo de ese país resolvió
poner en práctica la ley "en etapas, empezando
por los más necesitados a través de la
Beca-Familia", que asigna un ingreso de entre 8,5
y 76 dólares al mes a 11 millones de familias muy pobres.

   La transferencia, por ahora, no es universal,
y está sujeta a la escolarización de los niños y otros requerimientos.

   "Es una transición necesaria", admitió
Suplicy. Pero "lucho por la renta incondicional,
porque es mejor y más eficiente para asegurar la
libertad y la dignidad del ser humano", declaró.

   El senador propuso un nuevo proyecto, ya
aprobado en la cámara alta, que reserva parte de
las regalías obtenidas por el petróleo y otras
concesiones del Estado para la creación de un
Fondo de Ciudadanía que sirva de base a la renta universal.

   Suplicy dijo que la idea es considerada en
Estados Unidos para afrontar la crisis económica.
A fines de febrero, comentó, una red de
organizaciones que promueven la RBU en ese país
envió una carta al presidente Barack Obama para
que considere entre sus planes instituir una renta para todos.

   Estados Unidos alberga una experiencia sin
precedentes en esta materia, en Alaska. En ese
estado, situado al noroeste de Canadá, existe un
fondo creado a partir de la renta de un impuesto
pesquero primero y de la renta petrolera después,
y que permitió garantizar desde 1960 un ingreso básico para cada 
residente.

   Consultado por IPS, el economista Ruben Lo
Vuolo, impulsor de la renta universal en
Argentina, opinó que experiencias de este tipo
"ganan mayor presencia pública en épocas de
crisis", aunque afirmó que para avanzar en la
iniciativa, más que una oportunidad, se requiere "una decisión política".

   "Las crisis pueden ser mejores para discutir
políticas sociales de impacto entre los más
pobres, pero también pueden aumentar las
restricciones fiscales", advirtió Lo Vuolo,
investigador del Centro Interdisciplinario de
Políticas Públicas de Argentina e integrante,
junto con Suplicy y otras personalidades, de la Red Mundial de Renta 
Básica.

   Un buen escenario para discutir la cuestión
será la próxima conferencia de esa Red, en la
meridional ciudad brasileña de Sao Paulo, a
mediados de 2010. "Será poco antes de las
elecciones presidenciales y el tema estará candente", anticipó.

   Para Lo Vuolo, en la región lo que prolifera
hoy son programas de transferencias condicionadas
de ingresos como la Beca-Familia de Brasil, el
Plan Jefas y Jefes de Hogar en Argentina o el Progresa de México.

   Se trata de planes destinados a los más
pobres, en los cuales la unidad alcanzada es la
familia y que exigen a los beneficiarios el
cumplimiento de una serie de condiciones.

   En la capital de México, además del plan
Progresa a nivel nacional, el gobierno local
entrega una asignación básica universal sin
condiciones a las personas mayores de 70 años,
independientemente de otros ingresos.

   Pero se trata de una experiencia acotada
desde el punto de vista geográfico y sectorial.

   En Santo Antonio do Pinhal, un pequeño
municipio ubicado a 170 kilómetros de Sao Paulo,
está cerca de ser lanzada la denominada Renta
Básica de Ciudadanía, dirigida a sus 7.000 habitantes.

   Se otorgarían entre 12 y 21 dólares a cada
ciudadano, un monto que, en el caso de un hogar
de tres integrantes, ya superaría a la Beca Familia.

   Las experiencias existentes se limitan, por
lo tanto, a localidades con escasa población y
renta relativamente alta o a franjas vulnerables de la sociedad.

   Pero expertos que abogan por este derecho
sostienen que con una reforma impositiva o un uso
más eficiente de los recursos del Estado se
podría garantizar esa renta universal, evitando el clientelismo.

   A diferencia de Suplicy, Lo Vuolo descree que
las transferencias condicionadas puedan marcar una transición hacia la 
RBU.

   "Hay una gran diferencia entre la burocracia
de un plan basado sobre el otorgamiento de
beneficios y otro basado sobre la garantía de un
derecho", distinguió. "Es una tecnología y una
cultura nueva que hay que generar."

   Los organismos multilaterales de crédito, que
contribuyen a sostener diversos planes sociales
en la región, son más proclives a apoyar
programas condicionados en los países en
desarrollo, coincidieron Suplicy y Lo Vuolo. Pero
la iniciativa de una renta básica universal choca
también con la resistencia de expertos en
políticas sociales vinculados con los sindicatos.

   "Toda la estructura vinculada con el mundo
del trabajo y con los sindicatos en general
rechazan el ingreso que no esté mediado por la
relación laboral", evaluó el argentino.
"Consideran que la idea choca con el derecho al
empleo, pero muchos trabajadores de nuestros
países son informales y no reciben asignaciones."

   En Argentina, cerca de 45 por ciento de la
población económicamente activa trabaja sin estar
registrada y sin recibir beneficios
previsionales, sociales o de salud. Las llamadas
asignaciones familiares, un pago que el Estado
ofrece a los trabajadores por cada hijo en edad
escolar, no llegan a quienes carecen de empleo registrado.

   La firma argentina Sel Consultores estimó a
comienzos de año que el Estado transfiere 5.000
millones de dólares por año en concepto de
asignaciones familiares para trabajadores
registrados, deducciones impositivas por hijos a
cargo y subsidios por hijos a los más pobres.
Pero 98 por ciento se dirige al sector del trabajo formal.

   Los que más necesitan esas transferencias son
los que menos las reciben, sectores en los que se
concentra la mitad de los hijos menores de edad,
remarca el informe de la consultora.

   Se trata de hogares con muchos miembros cuyas
jefas sin empleo reciben las asignaciones del
Plan Familias, un subsidio de 150 pesos mensuales
–unos 40 dólares– más 10 dólares por hijo.

   En cambio, un trabajador registrado con un
salario equivalente a 657 dólares mensuales
recibe por cada hijo menor de edad 36 dólares al mes.

   Sel Consultores señala que, si el fondo total
del Estado para estos beneficios se dividiera por
el número de menores y se otorgara sin
condicionamientos, los más pobres recibirían más y los más ricos menos.

   La subsecretaria de Políticas de Seguridad
Social del Ministerio de Trabajo argentino,
Emilia Roca, dijo a IPS que la idea de una RBU puede ser muy atractiva.

   "Es difícil estar en contra", comentó. Sin
embargo, advirtió que el Estado "podría perder
argumentos para exigir a los empleadores que registren a sus 
trabajadores".

   Roca manifestó además que en América Latina
hay "problemas presupuestarios serios" y
"limitaciones macroeconómicas" para garantizar un
ingreso permanente para todos.

   En cambio, se manifestó de acuerdo con las
transferencias condicionadas, o las asignaciones
focalizadas sobre el trabajador registrado por cada hijo menor de edad.

  En cuanto a los desempleados o empleados no
registrados con hijos a cargo, consideró que "la
solución tiene que venir del mercado de trabajo,
con mejores salarios y disminución de la informalidad".

   "Hay que tender a una sociedad donde el
ingreso provenga de un trabajo digno y protegido", planteó la funcionaria.

   Del otro lado del debate, Lo Vuolo consideró
que la renta básica no se choca con el derecho al
empleo. Es preciso considerar el ingreso básico
como un derecho humano que debe ser otorgado a
todos, independientemente de su situación socio-económica.

   "Es como el sufragio universal: para que sea
un derecho no puede haber excepciones", sentenció.

(*) Con aportes de Mario Osava (Brasil)

(FIN/IPS/mv/mj/la if dv lb md pr td fm sl/09)