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Después de 3 años, la CNDH acredita tortura en el caso de Lydia Cacho

 

Por JOSé GIL OLMOS / Revista Proceso

MEXICO, D.F.,  (apro).- Lydia Cacho fue objeto de acciones de tortura y violaciones de sus derechos humanos por parte de funcionarios de los gobiernos de Puebla y Quintana Roo, concluyó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), al emitir una recomendación, en la que da 15 días a los gobernadores Mario Marín y Félix Arturo González, para que respondan y actúen en contra de los policías y agentes ministeriales que vejaron a la periodista.

 

         A realizar una investigación sobre este caso, ocurrido en diciembre de 2005, la CNDH comprobó que Cacho fue sometida a sufrimientos físicos y psicológicos por los agentes de Quintana Roo que la detuvieron, y luego por los de Puebla, que la trasladaron a ésta ciudad, luego de que la periodista publicó una investigación sobre el caso de pederastia de los empresarios Surcar Jean Kuri y Kamel Nacif. 

 

          La investigación de la CNDH, realizada independientemente de la que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), señala que los dos gobernadores permitieron que sujetos ajenos a las corporaciones judiciales participaran en la detención y traslado de la periodista desde Quintana Roo a Puebla durante 20 horas, en las que se le impidió tomar medicamento para curar un cuadro de pulmonía.

 

         La CNDH advierte que también se pudo acreditar que a Cacho se le impidió la libertad de expresión, pues le reclamaban haber publicado el libro Los demonios del edén, donde revela la amplia red de pederastia encabezada por los dos empresarios de origen árabe y en la que menciona a personajes de la política, como el diputado priista Emilio Gamboa, y el director del ISSSTE, Miguel Ángel Yunes.

 

         Del análisis jurídico de los hechos y evidencias recabadas, la CNDH afirma que los policías de Puebla y Quintana Roo que participaron en la detención y traslado de Lydia Cacho, violaron los derechos fundamentales de la periodista, en aspectos de seguridad jurídica, integridad y seguridad, protección a la salud y a la libertad de expresión, pues incurrieron en actos de tortura, intimidación, amenazas y malos tratos.

 

         Al gobernador de Puebla, Mario Marín, se le solicita reparar el daño causado y que la procuraduría del estado investigue y sancione a los elementos de la Policía Judicial que participaron en la detención.

 

         Mientras, al gobernador de Quintana Roo se le pide identifique y sancione a los agentes que participaron en la detención y traslado de la periodista, para que se les inicie un procedimiento administrativo.

 

         La CNDH precisa que, con su recomendación, no pretende desacreditar a ninguna institución, sino que se enmarca en las condiciones mínimas que debe existir en una sociedad democrática.