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El desafío compartido

 

Por DENISE DRESSER / Revista Proceso

Celebro la oportunidad de hablar sobre los esfuerzos de México para combatir el tráfico de drogas y el crimen organizado. Al reflexionar sobre mi atribulado país, viene a mi mente la letra de una canción de Bruce Springsteen: “Estamos muy, muy lejos de casa. Nuestro hogar está muy, muy lejos de nosotros”. Y así es como se siente vivir en México durante esta época turbulenta: lejos de la normalidad democrática; lejos del imperio de la ley; lejos del hogar y cerca de todo lo que lo amenaza. Siempre alertas, ansiosos, suspicaces de nuestra propia sombra. Invadidos por el legítimo miedo de caminar por las calles después de que oscurece, de sacar dinero de un cajero automático, de subirnos a un taxi, de ser parados por un policía corrupto, de recibir la llamada de un secuestrador diciendo que se ha llevado a nuestro hijo; de perder un hijo, de enterrar una hija.

 

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Al mando de un Ejército cada vez más activo y visible, el presidente Felipe Calderón ha declarado una osada guerra contra el narcotráfico y las redes del crimen organizado que éste ha generado. En un país donde a lo largo del año pasado murieron más de 6 mil personas en actos violentos relacionados con el narcotráfico, la inseguridad es la principal preocupación en la mente de la mayoría de los mexicanos. Dadas las crecientes condiciones de ilegalidad en el país que heredó, Calderón no tenía otra opción más que actuar y debe encomiársele por ello.

 

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Después de la transición electoral de México a la democracia en el año 2000, cuando los miembros del Partido Acción Nacional (PAN) llegaron al poder descubrieron un estado de cosas precario, pero hicieron poco por enfrentar un problema enconado. Los años de inacción gubernamental bajo el presidente Vicente Fox dejaron instituciones clave infiltradas, cientos de policías muertos, veintenas de jueces asesinados, docenas de periodistas desaparecidos. Durante la administración Fox, México se convirtió en un país más violento que Colombia. La tarea de su sucesor ha sido recuperar el terreno perdido y limpiarlo. Como afirmó el presidente Calderón en una entrevista reciente: “decidimos operar el cuerpo de la política y descubrimos que tenía cáncer”. 

 

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En vista de la corrupción policiaca, Calderón ha recurrido a los militares para hacerse cargo del esfuerzo antidrogas. Pero sacar a los soldados de sus cuarteles y desplazarlos a voluntad por todo el país es un motivo de preocupación. Como resultado de la ampliación de su papel, el Ejército se está convirtiendo en la autoridad suprema –en algunos casos, en la única autoridad– en partes de algunos estados. Y una mayor militarización también está conduciendo a una mayor corrupción dentro de una institución que se ha vuelto el último reducto creíble en la prolongada batalla de México. 

 

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El presidente Calderón espera superar la influencia corruptora del comercio de drogas con la creación de una nueva fuerza policiaca nacional –todavía en formación– al igual que con una división especial antidrogas, similar a la DEA. Tiene la esperanza de que con mayores recursos y más autonomía, aquellos que están a cargo de combatir el crimen no acabarán sucumbiendo a él. Pero crear una nueva agencia y ampliar su alcance no será suficiente, como lo subrayó hace tres meses el arresto de altos miembros de la unidad de élite antidrogas. Para ser más efectivo, Calderón necesita enfrentar la cultura de la ilegalidad que impera en México.

 

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Las perspectivas de un México más estable y menos inseguro están supeditadas a la capacidad de Calderón de llevar a cabo una revisión mayor del aparato judicial y de seguridad del país. Dependen de la voluntad política del gobierno de enfrentar la corrupción a los niveles más altos –algo que Calderón ha sido renuente a hacer–. En otras palabras, el presidente necesita combatir no sólo a los narcotraficantes, sino también a las redes políticas que los protegen. De otra manera, la decisión de Calderón de enfrentar al crimen organizado será equivalente a tratar de curar el cáncer con una aspirina. De otra manera, México continuará combatiendo los síntomas, al tiempo que ignora las causas.

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México se está convirtiendo en un país donde prevalece la ilegalidad; donde el año pasado murieron más personas por la violencia relacionada con las drogas que quienes fueron muertos en Irak; donde el gobierno ha sido infiltrado por las mafias y los cárteles que se comprometió a combatir. Y aunque muchos creen que los mayores desafíos en política exterior para el presidente Barack Obama se encuentran en Pakistán o Irán o el Medio Oriente, éstos en realidad podrían encontrarse en el vecindario inmediato. México puede todavía no ser un “Estado fallido”, pero necesita desesperadamente librar una guerra más efectiva contra el crimen organizado, y se requerirá de la colaboración estadunidense para lograrlo.

 

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Yo los instaría a enfrentar lo que indudablemente se ha convertido en un desafío bilateral compartido, con honestidad, realismo y determinación. Esto implicaría un reconocimiento de las responsabilidades de Estados Unidos y una comprensión de lo que Washington ha hecho o dejado de hacer en relación con México. Los traficantes mexicanos de drogas compran armas que Estados Unidos vende; más de 2 mil armas cruzan la frontera sobre una base diaria, y muchas de ellas son vendidas de una manera ilegal. Los traficantes mexicanos de drogas proveen la cocaína que los consumidores estadunidenses demandan; más de 35 millones de ciudadanos estadunidenses son consumidores de drogas. Los traficantes mexicanos de drogas han montado redes de distribución a lo largo de las ciudades estadunidenses, porque muy poco se ha hecho para impedírselos; de acuerdo con un artículo reciente de la revista Forbes, el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera ha convertido a Atlanta en el centro de distribución de cocaína y otras drogas de los cárteles mexicanos en la Costa Este. 

 

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Ante una situación cada vez más alarmante, Estados Unidos podría ayudar promoviendo más operaciones antinarcóticos dentro de sus propias fronteras, del tipo de las anunciadas por el procurador general, Eric Holder, hace algunas semanas. Estados Unidos podría ayudar poniendo freno al lavado de dinero y a flujos financieros que han permitido al narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán amasar una fortunal de mil millones de dólares e ingresar en las listas de los hombres más ricos del mundo, de Forbes. Estados Unidos podría ayudar abordando la demanda de drogas en sus propias ciudades, y los recientes comentarios del presidente Obama a este respecto son sumamente bienvenidos. Estados Unidos podría ayudar cooperando más y no menos en asuntos de seguridad; exigiendo más y no menos rendición de cuentas por la ayuda que ofrece; insistiendo en que si México desea ayuda, tendrá que limpiar su propia casa y aceptar verdades duras que el gobierno ha tratado de ocultar.

 

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Como dice el detective McNulty en la escena final de The Wire –la serie estadunidense de televisión que recrea la inútil guerra contra las drogas en Baltimore– al recorrer con la mirada su devastada ciudad con una mezcla de amor y tristeza: “Esto es lo que es”. Su desesperanza es compartida hoy por muchos mexicanos, al estar pagando un precio muy alto por nuestra incapacidad para construir un país próspero, dinámico, incluyente, legal, en el que los ciudadanos no se vean propulsados a actividades ilícitas para sobrevivir, y los criminales no sean protegidos por el propio gobierno. Pero también estamos pagando un precio muy alto por la voracidad estadunidense. El nuestro es un problema compartido, que requiere de soluciones conjuntas. La nuestra es una lucha conjunta que habrá de demandar, si no la audacia de la esperanza, por lo menos la audacia de comprender que ha llegado el momento de volver seguro el vecindario. De tal manera que gente como yo pueda sentirse otra vez en casa. De tal manera que el hogar no se perciba tan, tan lejos. 

 

 

 

 

* Fragmentos del testimonio presentado por la autora el martes 17 ante el Comité Judicial del Senado, el Subcomité para el Crimen y Drogas y el Grupo Senatorial (Caucus) para el Control Internacional de Narcóticos de Estados Unidos. (Traducción: Lucía Luna)