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El objetivo: tirar a Godoy antes del 2 de febrero

 

 



Editorial Revista Siempre!

La forma y el procedimiento que viene utilizando el gobierno federal para combatir el crimen organizado en Michoacán parece tener más un oscuro propósito político que una clara intención de seguridad.

La ocupación y el estado de guerra que existe en la entidad —por la presencia de más de 5 mil efectivos militares— seguramente no será suficiente para exterminar de raíz al violento cártel de La Familia, pero sí logrará —como lo está haciendo ya— debilitar al perredismo local y crear las condiciones para que Leonel Godoy ya no pueda gobernar.

Cada vez cobra más fuerza la versión de que Felipe Calderón ya piensa en el futuro y que busca arrebatarle al perredismo cardenista el poder en Michoacán, para convertirlo en un feudo calderonista a través de Acción Nacional. Para ello, impulsa desde Los Pinos la caída de Godoy y la llegada al gobierno de su hermana, Luisa María Calderón, principal operadora del PAN en la entidad, o del ex presidente de Acción Nacional, Germán Martínez Cázares.

La rapidez con que Michoacán ha sido militarizado tal vez responda a los tiempos marcados por la Constitución del estado. De acuerdo al artículo 57 de la Carta Magna local, en caso de falta absoluta del gobernador del estado, ocurrida en los dos primeros años, el Congreso designará a un gobernador interino y en un plazo no mayor a diez días expedirá la convocatoria de elecciones para gobernador sustituto. Es decir, Godoy tendría que “caer” antes del 14 de febrero de 2010 —fecha en que cumple los dos años de mandato— porque de retrasar la medida sería el Congreso, con mayoría perredista, el único facultado para nombrar sucesor.

Aunque para algunos los números no le dan al PAN para maniobrar de esta manera, dado que no hay suficiente voto azul, el trasfondo político es obvio. Si Calderón utiliza en este momento toda la fuerza del Estado para crear condiciones de guerra en Michoacán, ¿por qué no suponer que pretende emplearla para imponer por la fuerza a un gobernador?

¿Sería un exceso? A no dudarlo. Sin embargo, no sería extraño que se diera. El impresionante despliegue militar en la tierra natal del Presidente corre en forma paralela a su insistencia de imponer dirigente en Acción Nacional. Es decir, estamos ante un gobernante que ha dejado de operar democráticamente, que ha dejado de escuchar para entrar a un peligroso estilo autoritario que va a tener seguramente graves consecuencias para la gobernabilidad.

¿Qué gobernador y qué entidad sigue? La falta de coordinación de la que se ha quejado Godoy no es producto de un descuido, tampoco consecuencia de respuestas rápidas al estado de emergencia, sino de una decisión premeditada y arbitraria que lleva implícita el uso de la fuerza armada, para romper el pacto federal y ocupar militarmente aquellos espacios que no han podido ser ganados por la vía política.

Lo curioso del caso es que los mandatarios más obsecuentes con Calderón —entre ellos Godoy— han sido los más castigados por la federación. El Peje —se comenta en el PRD— se lo advirtió al michoacano: “Te van a traicionar”, y lo traicionaron. Hoy, la familia Calderón, y no sólo La Familia Michoacana, quiere apropiarse del estado.

Si no hubiera —como lo hay— un interés de carácter político ya se hubieran presentado pruebas acusatorias en contra de Godoy por tener supuestos vínculos con el narcotráfico. Sin embargo, se ha procedido en forma extraña y tortuosa: se ha violado la Constitución y se ha roto el pacto federal al colocar al Ejército y a las fuerzas encargadas de combatir el crimen organizado frente a las puertas del Palacio de Gobierno, con la clara intención de decirle a la ciudadanía que el mandatario no goza de la confianza de la federación.

Esto último sólo como parte de una cadena de violaciones a la ley que comenzó el 26 de mayo cuando, a partir de una orden de localización y presentación, policías y soldados ingresaron violentamente a domicilios particulares, presidencias municipales y oficinas de gobierno, para aprehender a alcaldes y a funcionarios a quienes hoy se les sigue investigando sin que todavía se les pueda declarar culpables.

Aunado a la forma como se ha agredido la convivencia y la soberanía de los estados, se agrega la flagrante violación de los derechos humanos. ¿Cómo es posible que a estas alturas todavía la PGR no sepa quiénes son inocentes y quiénes culpables? La intención perversa se confirma al conocerse el mal estado físico y psicológico en el que se encuentran los detenidos. Más que un trato apegado a la legalidad, hay saña. Existe una clara consigna que comienza a dejar ver al gobierno mexicano como una entidad dictatorial que utiliza a las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia como instrumentos de venganza y represión.

La verdadera guerra se está dando en los subterráneos de Michoacán y no precisamente entre los cárteles y las fuerzas armadas federales. Muchas veces los integrantes de La Familia parecen ser sólo la fachada de algo que ocurre en la profundidad.